La Guardia Civil analizará las actas de reunión de la cúpula de ETA previas al asesinato de Ordóñez

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha ordenado al Servicio de Información de la Guardia Civil que analice las actas de reunión de la zuba (comité ejecutivo de ETA) "previas, simultáneas y posteriores" al atentado que acabó con la vida del concejal del PP Gregorio Ordóñez el 23 de enero de 1995.

Según expone en un auto, fechado este jueves y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, pretende determinar el grado de participación de los etarras Ignacio Miguel Gracia Arregi (alias Iñaki de Rentería), José Javier Arizkuren Ruiz (Kantauri), Mikel Albisu (Mikel Antza), Julián Achurra Egurola (Pototo), y Juan Luis Aguirre Lete (Isuntza), en la toma de la decisión de asesinar al político, teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián.

Especialmente, la Audiencia Nacional pide a los agentes de la Benemérita "especial interés" por las referencias a acciones violentas contra políticos del Partido Popular en el marco de la estrategia de desestabilización puesta en marcha por ETA a partir de 1994.

El objetivo de este análisis: "Poder corroborar la asistencia a las citadas reuniones de los dirigentes de ETA mencionados (...) y de los asuntos tratados en las mismas". Los cinco miembros de la banda armada se integraron en el comité ejecutivo de la organización terrorista entre finales de 1994 e inicios de 1995. 

Por el ataque que acabó con la vida de Ordóñez ya fueron condenados los etarras que apretaron el gatillo y que conformaban el comando ejecutor: Valentín Lasarte y Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. Ambos penetraron en el restaurante en el que la víctima almorzaba acompañado de otros tres compañeros de partido y dispararon un arma corta.

ETA reivindicó el ataque el día 31 de enero, haciendo mención expresa a la militancia política de Ordóñez: "Actualmente, el PP constituye el máximo exponente de la imposición española". En 2015, la Audiencia Nacional admitió la denuncia presentada por Consuelo Ordóñez, hermana del asesinado, contra estos cinco jefes etarras como miembros del comité decisor.

El juez Abascal recuerda que la banda terrorista, desde principios de los 80, se asentaba "sobre la base de una jerarquía basada en una rígida disciplina", en la que es la zuba la que asume las funciones directivas. "Y no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija, como órgano encargado de que se cumplan las líneas estratégicas de la banda criminal, cuyos miembros ostentan la cualidad de dirigentes y responsables de los principales aparatos del grupo, incluido el militar", indica la resolución, que aún puede ser recurrida.

También, la zuba "decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado", añade.

La práctica de estas nuevas diligencias, subraya el auto, pretende "determinar la participación del comité ejecutivo en el asesinato de Gregorio Ordóñez, bien como autores mediatos, bien como responsables del delito cometido por los miembros de la organización terrorista ETA en comisión por omisión".

El magistrado también ha ordenado que se aporte la información que obtenida en dispositivos informáticos obrantes en 138 sellos (precintos judiciales franceses) que fueron intervenidos al detener a Mikel Albisu en octubre de 2004, "con el objetivo de revisar si entre los datos hubiera informaciones o indicios relacionados con el asesinato de Gregorio Ordóñez".

Asimismo, pide que se unan a este procedimiento otros informes policiales y varias sentencias que condenan a varios de estos dirigentes de ETA, en las que se plasma el modus operandi de la cúpula de la banda terrorista y la participación de los miembros del comité ejecutivo de ETA.