Líderes del 'procés' evitan el embargo al aceptar un Tribunal de Cuentas dividido el aval del Govern

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha acordado este lunes revocar la decisión de la delegada instructora de no admitir los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas para hacer frente a la fianza solidaria de 5,4 millones de euros impuesta a los líderes del 'procés' que destinaron esa cantidad a acciones en el extranjero para buscar apoyos al proceso independentista catalán.

La aceptación de los avales del ICF, una entidad financiera propiedad de la Generalitat de Cataluña, permite a los responsables del 'procés' eludir el embargo de sus bienes mientras el Tribunal de Cuentas dirime si deben devolver a las arcas públicas los fondos con los que financiaron la promoción del proceso independentista a través de las Delegaciones de la Generalitat en la Unión Europea y en el extranjero y a través del organismo Diplocat.

La delegada instructora, Esperanza García Moreno, cifró en 5,4 millones de euros el menoscabo producido a los fondos públicos por esas actividades, que se desarrollaron bajo el mandato de Artur Mas y Carles Puigdemont en el Gobierno catalán. El criterio de la instructora fue confirmado el pasado octubre por la Sala de Enjuiciamiento, entonces integrada por los consejeros José Manuel Suárez Robledano, María Antonia Lozano y Felipe García Ortiz.

Esa Sección no llegó a discutir los recursos interpuestos por los afectados contra la decisión de la delegada instructora de no admitir los avales del ICF para cubrir la fianza impuesta como medida cautelar y con el fin de asegurar el reintegro del dinero en el caso de que finalmente fueran condenados.

La impresión entonces mayoritaria era que la responsabilidad derivada del empleo presuntamente indebido de dinero público no puede ser garantizada con fondos procedentes de las mismas arcas menoscabadas de forma dolosa. No obstante, la cuestión no llegó a ser formalmente debatida.  

2 votos a 1

Tras la renovación del Tribunal de Cuentas llevada a cabo el pasado noviembre, la Sección de Enjuiciamiento ha pasado a estar  integrada por Rebeca Laliga, Diego Íñiguez y Rosario García.

Aunque el PP ha perdido su hegemonía en el conjunto del tribunal, la correlación ideológica de fuerzas no ha cambiado en esa Sección. Al igual que antes de la renovación, en ella sigue habiendo mayoría de consejeros propuestos por el PSOE (García Ortiz y Lozano antes; Íñiguez y García, ahora).

Finalmente, la Sección ha estimado los recursos de los afectados, basados en que la delegada instructora se extralimitó al hacer un juicio -que no le correspondía- sobre la invalidez para cubrir las fianzas del decreto-ley que dio entrada al ICF en el nuevo Fondo Complementario de Riesgos. Este fondo fue creado el pasado julio por el Govern de Pere Aragonés a uña de caballo para que la fianza del 'procés' fuera satisfecha sin que los 34 excargos implicados vean comprometidos sus bienes.

La ponente del asunto, Rebeca Laliga, ha quedado en minoría, ya que proponía desestimar los recursos. En ello contaba con el apoyo del fiscal, que sostuvo que los recursos interpuestos, por su materia, no cabían en el cauce legal establecido para impugnar las decisiones de la delegada instructora.

La mayoría de la Sección ha considerado que la inadmisión de los recursos afectaría a las posibilidades de defensa de los exaltos cargos y funcionarios sometidos al proceso de responsabilidad contable.

Y, en cuanto al fondo, ha valorado que el Tribunal de Cuentas no puede dejar de aplicar una norma vigente que, aunque se encuentre impugnada por el PP y Vox ante el Tribunal Constitucional, no está anulada y, por tanto, en estos momentos forma parte del ordenamiento jurídico.

La nueva ponente del asunto será Rosario García, a la que ha correspondido por reparto.

Gastos sin competencia 

Los gastos de la Generalitat destinados a la promoción del 'procés' en el exterior fue objeto el pasado 29 de junio de una liquidación provisional que se dirigió contra 34 exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat. Entre ellos, además de Puigemont y Mas, se encuentran el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Andreu Mas-Colell y Francesc Homs.

De acuerdo con esa liquidación, Mas debería responder de 2,8 millones; Homs, de 2,9 millones; Puigdemont y Junqueras, de 1,9; Mas-Colell de 2,8 y Romeva, de 2,1 millones de euros. 

La mayor suma se le atribuye al exsecretario del Diplocat Albert Royo (3,6 millones). Le sigue la exinterventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones.

La instructora sostuvo que todos ellos son presuntamente responsables de gastos por actividades "cuya realización contraviene frontalmente la Constitución y las leyes que delimitan el ámbito competencial de la comunidad autónoma" catalana.

Eran actividades de promoción de la independencia o soberanía "que no tienen cabida en dicho ámbito competencial".

Tampoco respondían al "interés de Cataluña", que a juicio de la instructora, no puede ser identificado con la promoción de las opiniones políticas personales de los sometidos al proceso "sobre un aspecto que, además, queda fuera de su competencia".

Eran actividades, "que no cumplían con la finalidad establecida en la Ley de Acción Exterior de 'promover en el exterior los intereses del conjunto de Cataluña'".

Sin control

El acta de liquidación provisional se refirió, asimismo, a las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión económico-financiera de esas actividades.

El documento aludía a una "falta de control" de la actividad de las delegaciones de la Generalitat en el exterior y a la ausencia de un sistema "que permita conocer y vigilar sus actividades o gastos", que se realizaban "sin ningún tipo de limitación y sin la previa justificación de su necesidad".

El acta de liquidación provisional aludía a Diplocat como "vehículo directo de transmisión de las aspiraciones soberanistas del Gobierno catalán al servicio de sus propios intereses" y cuya acción "no parece estar ligada a la promoción de intereses autonómicos derivados del ejercicio de sus propias competencias".

Según la delegada instructora, la Intervención General de la Generalitat "no realizó ningún control financiero ni de legalidad, a pesar de lo señalado en el texto refundido de la Ley de Finanzas de Cataluña".

El procedimiento de responsabilidad contable relativo a la actividad exterior de la Generalitat fue acumulado por el Tribunal de Cuentas a un procedimiento anterior referido al empleo de fondos públicos en el referéndum ilegal del 1-O. En éste, la liquidación provisional por gastos indebidos, realizada el 28 de enero de 2020, asciende a 4,1 millones de euros.

En el único procedimiento que se sigue ahora, resultante de la mencionada acumulación, ya ha formulado demanda la entidad Sociedad Civil Catalana y se está a la espera de que lo haga el fiscal.

La Abogacía del Estado se ha apartado del procedimiento pese a que fue una denuncia suya la que dio origen a la investigación de los gastos de promoción del proceso independentista en el exterior.