Luismi 'El Chatarrero' acepta 9 meses de cárcel por hacer obras ilegales en terrenos protegidos

Luis Miguel Rodríguez, apodado El Chatarrero, dueño de Desguaces La Torre, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Este martes, iba a ser juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia, al haber acometido varias construcciones en terrenos protegidos anexos a la sede de su empresa, en la localidad madrileña de Torrejón de la Calzada.

En su pacto de conformidad con el Ministerio Público, el empresario ha aceptado, finalmente, 9 meses de prisión por un único delito —tan sólo contra la ordenación del territorio—, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Durante ese tiempo, tampoco podrá ser elegido en cargos públicos. Al tratarse de una condena inferior a dos años, se libra de entrar en la cárcel.

También se le impone una multa de seis meses a razón de 12 euros diarios (es decir: más de 2.100€) y tendrá prohibido dedicarse a la promoción y la construcción inmobiliaria durante ese mismo tiempo.

Asimismo, según consta en el acuerdo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Luis Miguel Rodríguez también se libra, de momento, de tener que demoler todas las construcciones ilegales que realizó en zona protegida, como pidió en un inicio la Fiscalía. El pacto con el Ministerio Fiscal le permite optar a la legalización de las obras al amparo de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aún en tramitación, para evitar su destrucción.

"Una vez incoada la ejecutoria en el plazo de un año, se oficiará a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid para que emita informe sobre el estado de tramitación del nuevo PGOU y su incidencia en la legalización de las obras objeto de condena", indica el documento. "Si este informe fuera desfavorable a la posibilidad total o parcial de legalización se procederá sin más trámite a la demolición", añade.

'El Chatarrero' (c), este martes. Europa Press

La empresa Desguaces La Torre —cuyo objeto social es la promoción inmobiliaria, aunque se dedica al desguace de vehículos—, encausada como persona jurídica, también deberá pagar una multa de un año, a razón de 30 euros diarios (casi 11.000 euros), frente a los más de 144.000 que pidió el Ministerio Fiscal. Eso sí, los acusados —la mercantil y su dueño— tendrán que abonar también las costas del proceso, incluida las de la acusación popular.

Obra ilegal en terreno protegido

Según constaba en el escrito de acusación de la Fiscalía —en el que llegó a solicitar 3 años y 9 meses de prisión para el dueño de los desguaces—, Luis Miguel Rodríguez adquirió entre 2009 y 2011 un total de 24 terrenos del Polígono 1 de la localidad de Torrejón de la Calzada "clasificadas como suelo no urbanizable protegido por su interés edafológico y agrícola (...), con unas proporciones de 25 hectáreas".

En ellas, realizó varias construcciones ilegales y "clandestinas", como "explanaciones del terreno, movimiento de tierras y el levantamiento de un vallado fijo de hormigón" de hasta 3 metros de altura. Todo ello, "sin ningún tipo de autorización ni respaldo legal" y provocó una "transformación radical y permanente" de las parcelas, indicó el Ministerio Público.

Por estos hechos, el exalcalde de Torrejón de la Calzada, Eugenio García (PP), ya fue condenado a 15 meses de prisión y a un periodo de inhabilitación de 8 años por un delito de prevaricación urbanística omisiva.

Según indicaba la Fiscalía Provincial de Madrid en su escrito, El Chatarrero se amparó "en una solicitud de licencia de obra menor presentada el 15 de marzo de 2010", y que fue denegada. No sólo una vez, sino en otra ocasión un año más tarde. El Ayuntamiento llegó a solicitarle que suspendiera las obras, pero continuaron hasta, al menos, 2016. 

Entre las modificaciones del terreno, destacan acciones como el encauzamiento de arroyos pertenecientes al dominio público, la elevación de una nave principal y varias auxiliares o el hormigonado de calles y aceras en dichos suelos. Incluso, estas actividades llegaron a "afectar a la zona de policía de la línea de alta tensión de Morada-Moraleja y Moratalla-Villaviciosa", recordaba la Fiscalía.

Luismi actuó "perfectamente consciente" de que no gozaba de autorización, pero "con la esperanza de que tales actuaciones (...), en un futuro, fuesen legalizadas, no mediante la concesión de las correspondientes autorizaciones en el marco de la legislación vigente", sino gracias a un cambio futuro de la normativa "que pudiese amparar" dichas obras.

En 2017, una sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Getafe (Madrid) obligó a El Chatarrero a pagar una multa de más de 660.000 euros por defraudar al fisco en 2005 y le condenó a un año de cárcel.

Asimismo, el pasado mes de diciembre, tal y como informó este diario, Desguaces La Torre S. A. volvía a aparecer en el listado de morosos de Hacienda, a la que adeuda 20.351.660,06 euros.

Este martes, ni a su entrada ni a la salida de los juzgados, el dueño de uno de los desguaces más grandes de Europa —también conocido por haber sido expareja de Carmen Martínez Bordiú, nieta de Francisco Franco— ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación.