La Fiscalía archiva las investigaciones sobre el rey Juan Carlos y le libra de un proceso penal

La Fiscalía General del Estado ha archivado este miércoles todas las investigaciones que ha llevado a cabo sobre el patrimonio de Juan Carlos I al no encontrar indicios suficientes para presentar una querella contra él ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. La Fiscalía sí ha constatado que el rey emérito, residente en Abu Dabi desde agosto de 2020, ha incurrido en irregularidades, como ocultar en el extranjero fondos que no declaró a Hacienda.

Los dos decretos de archivo, firmados por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, han sido notificados al abogado de Juan Carlos I, Javier Sánchez Junco.

La investigación, dirigida por el fallecido teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, y el propio Luzón por orden de la fiscal general, Dolores Delgado, ha confirmado que quien fue jefe del Estado durante 38 años se ha lucrado con fondos ajenos a sus retribuciones institucionales.

Esa conducta, sin embargo, fue realizada en su mayor parte antes de junio de 2014, cuando Juan Carlos I abdicó la Corona, por lo que está cubierta por la inviolabilidad. Este privilegio, actualmente en cuestión en amplios sectores jurídicos, sociales y políticos, permite la irresponsabilidad penal de quien ostenta la Jefatura del Estado y la Fiscalía entiende, tras un análisis constitucional de la figura, que se extiende a todas sus actividades, tanto públicas como privadas.

Éste es el motivo por el que la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que el rey emérito no puede ser perseguido penalmente por los 65 millones de euros que le donó en 2008 el fallecido rey saudí Abdalá y que ocultó en Suiza bajo la cobertura de la Fundación Lucum. El entonces jefe del Estado entregó esa cantidad en 2012 a su examante Corinna Larsen.

La investigación no ha podido establecer, "ni siquiera de modo indiciario", vinculación alguna entre el ingreso de los 65 millones de euros y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí.

La Fiscalía no ha podido establecer, por lo tanto, que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna. Se trataría de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de jefe del Estado que Juan Carlos I desempeñaba en 2008 y, en consecuencia, susceptible de integrar el delito de cohecho. Sin embargo, este posible delito estaría claramente prescrito.

En la cuenta de Lucum en el banco Mirabaud de Ginebra Juan Carlos I recibió en abril de 2010 otro ingreso de 1,9 millones de dólares procedentes del sultán de Bahrein, que tampoco declaró a la Hacienda española.

Trust en Jersey

La Fundación Lucum no fue la única estructura financiera vinculada a Juan Carlos I y creada en el extranjero. Mucho antes, en 1995 y 1997, el entonces jefe del Estado fue beneficiario de dos trust establecidos en la isla de Jersey llamados Tartessos y Hereu a los que se aportaron fondos cuyo origen no ha podido ser determinado con certeza en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, dado que ya no existe documentación sobre ellos.

Una parte de los fondos allegados a esos trust procedía de donaciones realizadas entre los años 50 y 70 para apoyar al sostenimiento del entonces príncipe Juan Carlos. Entre quienes aportaron fondos aparecen figuras como Simeón de Bulgaria.

El financiero Manuel Prado Colón de Carvajal, asesor del rey Juan Carlos, fue el que montó en 1995 y 1997 los trust Tartessos y Hereu, cuyos fondos sirvieron siete años después para constituir otra estructura denominada JMR 2004.

Las siglas corresponden al historiador Joaquín Romero Maura, que fue el único que dispuso de los fondos. Juan Carlos I no figura como beneficiario de JMR 2004 ni se han detectado disposiciones de fondos a favor de terceros.

Regularizaciones

La Fiscalía también ha encontrado ingresos patrimoniales irregulares posteriores a 2014, pero fueron objeto de regularización.

El 9 de diciembre de 2020, Juan Carlos de Borbón legalizó donaciones por valor de más de 800.000 euros recibidas del empresario británico-mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2017 y 2019 mediante la presentación en la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid de una "declaración fuera de plazo sin requerimiento previo". Satisfizo una deuda tributaria de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos.

"No existe constancia de contraprestación alguna" por las transferencias efectuadas entre los años 2016 y 2019 por Sanginés-Krause al exayudante de campo de Juan Carlos I, el coronel Murga Mendoza, de las que el rey emérito ha sido beneficiario directo o indirecto. El importe total de estas transferencias asciende a 516.606,32 euros

En febrero de 2021 hizo una segunda regularización por el pago de vuelos y viajes privados con fondos de la Fundación Zagatka, constituida por su primo, Álvaro de Orleans-Borbón.

De esta forma, bien por la exención de responsabilidad debido a las regularizaciones tributarias, bien por la inviolabilidad (fundaciones Lucum y Zagatka), bien por la prescripción de los eventuales delitos o bien por la falta de indicios de conexión (los trust de Jersey), la Fiscalía ha concluido que Juan Carlos de Borbón no puede ser perseguido penalmente por sus irregularidades patrimoniales.

La decisión del Ministerio Público abre la puerta al regreso del rey emérito desde Emiratos Árabes, deseo que ha transmitido reiteradamente a su hijo, Felipe VI.