El Tribunal Supremo ha "revivido" los peligrosos actos políticos inmunes al control judicial con su decisión de inadmitir todos y cada uno de los recursos interpuestos contra los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los condenados del 'procés'. En esta tesis coinciden PP, Vox y Ciudadanos, que han impugnado la resolución del tribunal de no reconocerles legitimación para recurrir las medidas de gracia.
La inadmisión de los recursos fue decidida por la mínima (tres votos frente a dos) y se basó en la "abrumadora" jurisprudencia que niega a los partidos legitimación para impugnar las decisiones del Gobierno, "salvo aquellas actuaciones que afecten a la esfera de sus derechos e intereses legítimos". Para la Sala, ninguno de los argumentos esgrimidos por PP, Vox y Ciudadanos "guarda relación directa con los hechos determinantes de la condena".
La decisión del tribunal es "perturbadora para el Estado democrático de Derecho y para la imagen y la conciencia que tienen los ciudadanos del control que merecen todas las decisiones relevantes del Gobierno, máxime cuando supone enervar el castigo a aquellos que han sido declarados responsables del atentado más grave producido contra el orden constitucional", afirma el contundente recurso de Ciudadanos.
"Que una decisión que supone perdonar la pena por la sedición no sea susceptible de revisión judicial suscita perplejidad, la antesala a la desconfianza que corroe al Estado democrático de Derecho", añade.
La resolución del Tribunal Supremo "crea una parcela de inmunidad", considera el PP, que defiende que la Sala ha incurrido en un "error" al considerar que el interés legítimo esgrimido por este partido no guarda relación con los hechos delictivos que llevaron a la condena perdonada.
Además de la "violencia ambiental" promovida por los condenados y "proyectada contra los cargos del PP", se produjo una vulneración de los derechos de los diputados de esta formación en el Parlamento de Cataluña que fue "instrumental" para cometer el delito de sedición, afirma.
Por ello, inadmitir el recurso contra los indultos sin dar siquiera oportunidad de probar el interés legítimo que alegan los demandantes es una interpretación "en exceso rigurosa" e implica una "desproporción que debe ser corregida con el fin de evitar la indefensión".
Un caso excepcional
Para Ciudadanos, es incorrecto aplicar la doctrina estándar de la Sala a un caso tan excepcional: "Nunca antes en toda la historia de la democracia española el Gobierno había acordado unos indultos que obedecen exclusivamente a razones políticas (utilidad pública) y que afectan a delitos de tanta gravedad, ante hechos que han supuesto la más grave amenaza al orden constitucional", indica.
Defiende, por ello, que "habrá que ponderar si los criterios jurisprudenciales aplicados por la Sala en atención a casos que se ajustan a lo que podemos denominar como la normalidad, son aplicables al presente caso, tan extraordinario".
Para Ciudadanos, el tribunal ha dado "un paso más" en su doctrina restrictiva sobre la legitimación para recurrir los actos del Gobierno al establecer que "tiene que haber una exacta correspondencia" entre la condena, los indultos y el interés legítimo para recurrirlos, de forma que "sólo, absolutamente solo" las víctimas de los hechos tienen legitimación para impugnar al perdón.
Ese criterio "no está en la ley", se opone a la doctrina del Tribunal Constitucional y no resuelve qué sucede con los delitos sin víctimas individuales sino que afectan a la colectividad ciudadana, como la sedición cometida en el 'procés'.
Ciudadanos recuerda que obtuvo el amparo del TC, que declaró que se vulneraron los derechos de sus diputados en el Parlamento catalán durante las tensas sesiones de septiembre de 2017 en las que se impuso la aprobación de las llamadas leyes de ruptura. A su juicio, esto les confiere legitimación para impugnar los indultos concedidos a quienes fueron condenados por ese y otros hechos ya que "el sacrificio de los derechos de parlamentarios de Cs fue una condición necesaria e imprescindible de la sedición".
"Es irrazonable negarles legitimación para pretender la anulación de los indultos que extinguen la responsabilidad por unos hechos delictivos en los que aquel sacrificio constituye una condición necesaria e imprescindible", insiste.
"La Ley no dice que [los parlamentarios] tengan legitimación, pero tampoco dice que sólo las víctimas del delito la pueden tener", añade el recurso de Ciudadanos, que pone de relieve "la desnudez del argumento en que se basa el tribunal: nadie tendría legitimación para pretender la anulación de los indultos que tengan por objeto, como en el presente caso, el perdón de delitos que protegen bienes jurídicos colectivos".
"Ésta es la dramática consecuencia de la aplicación del criterio del auto sin tener en cuenta la singularidad del caso", subraya el recurso, que pregunta: "¿Es admisible en un Estado democrático de Derecho que una decisión, exclusivamente política, que altera la división de poderes, que enerva las consecuencias de una sentencia judicial firme, en relación con unas conductas de tal gravedad como las juzgadas, pueda quedar impune porque no hay nadie que esté legitimado para impugnarla?".
"Es muy peligroso que admitamos ámbitos de impunidad del poder en razón de una motivación política. Se puede afirmar, sin duda, que el auto de la Sala revive el acto político", concluye.