La sentencia definitiva del caso de los ERE en Andalucía, el mayor fraude que se ha producido en España en la concesión de ayudas sociolaborales públicas, está más cerca.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado para los días 4 y 5 de mayo, a las 10,00 horas, en plena Feria de Sevilla, la vista pública de los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que condenó hace más de dos años a los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a otros 17 ex altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE.
Todos los condenados por la Sección Primera el 19 de noviembre de 2019, tras doce meses de juicio, recurrieron el fallo ante el alto tribunal al mantener su inocencia. Consideraron que no habían sido partícipes en el reparto en ayudas con "un absoluto descontrol" de 679 millones de euros entre 2000 y 2009.
El tribunal que estudiará estos recursos estará formado por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y Eduardo de Porres, quien será el encargado de la ponencia.
En la providencia, fechada el 3 de marzo y emitida por el presidente de la Sala Manuel Marchena, se explicita que dada la complejidad se señalan dos días y las sesiones podrán ser de mañana y tarde.
Los magistrados asignados tendrán que estudiar 18 recursos, ya que el ex director de Trabajo Javier Guerrero, uno de los principales condenados, falleció en octubre de 2020.
La petición de la Fiscalía
Hace un año la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió a la Sala Penal que confirme todas las condenas del caso de los ERE. A lo largo de un dictamen de 789 folios, los fiscales Rafael Escobar y Fernando Prieto consideraban plenamente correcta la sentencia dictada por la Audiencia sevillana.
De prosperar el criterio del Ministerio Público, Griñán tendría que ingresar en la cárcel, ya que está condenado a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación por delitos de malversación de fondos y prevaricación.
Chaves, hallado culpable del segundo de los delitos, quedaría inhabilitado durante 9 años para empleo o cargo público. A prisión también irían los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, mientras que sobre Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez pesan 9 años de inhabilitación.
La sentencia de los ERE
Los fiscales del Tribunal Supremo consideran acreditada por una "abundante prueba documental y pericial" la "patente ilegalidad" del procedimiento utilizado por los condenados, un sistema que permitió "la distribución fraudulenta" de las ayudas a empresas y trabajadores "con el consiguiente quebranto para las arcas públicas".
"Los condenados, de forma consciente y deliberada, soslayaron el procedimiento adecuado para la concesión de las ayudas mediante una clasificación del crédito inadecuada en la elaboración de los presupuestos y en las modificaciones presupuestarias". La finalidad era "otorgar las ayudas sin control externo alguno y sin la necesaria fiscalización interna", afirmaba el citado dictamen consultado por EL ESPAÑOL.
El informe señala que de las disposiciones aplicables se desprende, "sin género de dudas", la naturaleza subvencional de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo, que debían haberse sometido a un "exigente y riguroso procedimiento", empezando por la fiscalización previa por parte de la Intervención.
"No se produjeron en el período 2000-2009 modificaciones legislativas que justificaran un cambio en el procedimiento de concesión de subvenciones o de la clasificación económica de los gastos que justificara eludir el procedimiento de fiscalización previa, como así sucedió", señalaron los fiscales.