El juez del 'caso Dina' rechaza la pretensión de Vox de imputar a Iglesias: "Se sustenta en sospechas"

El juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha denegado la pretensión de Vox de imputar a Pablo Iglesias en la pieza separada Dina del caso Villarejo. El magistrado considera que la petición se basa en meras sospechas, por lo que descarta ampliar la instrucción y citar al exlíder de Podemos.

Esta investigación toma el nombre de la exasesora del exlíder de Podemos, Dina Bousselham, ya que en ella se indaga en el supuesto robo de su móvil y el acceso a su tarjeta SD. También, acerca de la publicación en prensa de información contenida en el teléfono.

En un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, García-Castellón ha rechazado el recurso presentado por Vox (que ejerce la acusación popular en esta causa), con el que pedían reabrir la investigación sobre el recorrido de la SD, practicar nuevas diligencias e imputar al exsecretario general de Podemos, quien tuvo acceso a los archivos de la tarjeta. El juez descarta esta pretensión, que, a su juicio, "únicamente se sustenta en sospechas".

El pasado 27 de enero, el Juzgado Central de Instrucción número 6 dio por finalizada la investigación de esta pieza separada tras recibir un informe de la Policía Científica que concluía que era imposible determinar cómo la SD acabó inservible y quién la dañó.

Por ello, el juez argumenta que "no se dan los presupuestos necesarios para atribuir tales hechos al señor Iglesias" y que "no existen méritos suficientes" para ampliar la instrucción. La petición se basa en "supuestos hipotéticos, posibilidades y futuribles" en vez de "en hechos, datos o elementos novedosos que no se hubieran tenido en cuenta" a la hora de cerrar la instrucción.

En el recurso presentado por Vox tampoco se especifica "cuáles son los indicios de los que se deriva la necesidad de practicar dicha diligencia [citar a Pablo Iglesias como investigado]", subraya el juez. "La parte recurrente no detalla qué elementos delictivos se atribuyen a Pablo Iglesias, más allá de que estuvo en contacto con la tarjeta", añade.

Manuel García-Castellón interrogará este miércoles a Bousselham, así como a la pareja de ésta —quien la acompañaba cuando se produjo el supuesto robo en un centro comercial y envió a reparar la SD, sin éxito— y al exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino. También declararán los peritos que firmaron el informe de la Policía Científica.

En octubre de 2020, antes de recibir el informe policial sobre la tarjeta, el magistrado había elevado al Tribunal Supremo una exposición sobre la "participación delictiva" que apreciaba contra Iglesias —entonces era vicepresidente segundo del Gobierno—, a quien el juez atribuía haberse guardado la tarjeta sin decírselo a su dueña.

En enero de 2021, el Supremo devolvió a García-Castellón la exposición contra Iglesias para que el instructor practicara diligencias indispensables, como preguntar a Bousselham si quería actuar penalmente contra Iglesias. Para que un delito de revelación de secretos pueda ser perseguido, el Código Penal exige la denuncia de la agraviada, algo que ella, finalmente, no hizo.

La Sala Penal también sugirió al instructor ampliar la prueba pericial informática para precisar cuáles eran las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cuál fue el sistema o la técnica empleada para deteriorarla y si era posible proceder a la recuperación de todos estos datos. La Policía Científica, no obstante, no pudo acceder a la SD dañada ni resolver estas dudas.

Por otro lado, el juez rechaza también la petición formulada tanto por Pablo Iglesias como por Dina Bousselham de expulsar a Vox de la causa. El magistrado recuerda que el partido cumple los "requisitos legales" para ejercer la acusación popular.

Pieza 'Dina'

El juez abrió la llamada pieza Dina dentro del caso Tándem (o caso Villarejo) el 19 de marzo de 2019 ante los indicios de que la filtración de ciertos mensajes del móvil de Dina a la prensa habría sido hecha por el excomisario José Manuel Villarejo, en cuyo domicilio se encontró en 2017 una copia de los archivos almacenados en el dispositivo de Bousselham.

Había mensajes entre Iglesias y su asesora o con su equipo en los que el líder de Podemos comentaba, entre otros asuntos, que le hubiera gustado "azotar a [la presentadora] Mariló Montero hasta que sangrase". 

En el curso de las investigaciones, se descubrió que Iglesias tuvo en su poder una copia de la tarjeta del teléfono de su asesora. La recibió en enero de 2016 del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio. 

Según indicó el juez durante la instrucción, Pablo Iglesias "comprobó que en el dispositivo se almacenaban archivos personales y de carácter muy íntimo de Bousselham" y, "pese a ello, se guardó la tarjeta en su poder" sin comunicárselo a su antigua asesora. Una vez Iglesias devolvió a Dina la tarjeta de memoria, ya no funcionaba ni se podía acceder a su contenido.

Finalizada la instrucción, en su auto de pase a procedimiento abreviado, el juez García-Castellón decidió que el proceso continuase tan sólo contra el excomisario Villarejo —en cuya vivienda se encontraron datos de la SD de Bousselham— y contra dos periodistas de la extinta revista Interviú, perteneciente al Grupo Zeta, que tuvieron acceso a la tarjeta y cedieron una copia a Villarejo. Ambos manifestaron que éste se la pidió y ellos creyeron que lo hacía en el marco de una operación policial.