La exasesora de Podemos Dina Bousselham ha vuelto a exculpar al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por haber accedido a los archivos personales de su teléfono móvil. Así se ha pronunciado este martes en la Audiencia Nacional, según trasladan a EL ESPAÑOL fuentes próximas al proceso, que añaden que, ante el juez, Bousselham se ha presentado a sí misma y a Iglesias como víctimas y como "perjudicados".
Para exculparle —lo que evita su imputación—, la exasesora del partido ha recordado que, cuando el exlíder de Podemos tuvo en su poder su tarjeta SD, a ambos les unía una relación cercana de amistad y "confianza", según relatan las mismas fuentes. Por ello, no se sintió perjudicada por el político, ha sostenido este martes.
Incluso, Dina ha asegurado que, como tal, no tiene "nada que perdonar" a Pablo Iglesias, al que no llegó a denunciar por acceder al dispositivo. El magistrado Manuel García-Castellón le ha preguntado por qué sí pidió imputar a dos periodistas que hicieron lo mismo —inspeccionar el contenido de la tarjeta— y a los que Dina no perdona. Bousselham, por contra, ha calificado el comportamiento de ambos reporteros de "machista" por visualizar, por su cuenta, el contenido de la SD sin avisarla.
La pieza Dina, una de las que compone la macrocausa Tándem (denominada popularmente caso Villarejo), toma el nombre de la exasesora del exlíder de Podemos, ya que en ella se indaga en el supuesto robo de su móvil y el acceso a su tarjeta. Tambié se investiga la publicación en prensa de información contenida en el teléfono.
Su testifical ha sido una de las últimas diligencias de esta pieza, cuya instrucción el juez García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, dio por terminada a finales del pasado enero. El magistrado tomó esta decisión después de que la Policía Científica le informase de que era imposible desentrañar quién fue la última persona que accedió a la SD de la exasesora.
Según ha vuelto a reiterar Dina este martes, en la que ha sido su tercera comparecencia por estos hechos, una vez Iglesias le devolvió la tarjeta, sí pudo acceder a los archivos una única vez. Y fue cuando lo intentó una segunda ocasión cuando la habría encontrado inaccesible.
Fin de la instrucción
El pasado 27 de enero, el Juzgado puso fin a la investigación tras recibir un informe de la Policía Científica que concluía que era imposible determinar cómo la tarjeta SD acabó inservible y quién la dañó.
El pasado 8 de marzo, García-Castellón rechazó el recurso de Pablo Iglesias, quien pedía reabrir la investigación e indagar en la supuesta trama policial del caso, ya que una copia de la tarjeta se encontró en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Sin embargo, —repuso el juez— la solicitud de Iglesias se apoyaba en "hipótesis". Dina también había alegado este motivo para presentarse como perjudicada de una operación policial contra Podemos.
Otro de los testigos que ha declarado este martes en la Audiencia Nacional ha sido, precisamente, el exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. El exDAO, ante el juez, se ha desvinculado de la tarjeta, que, según ha testificado, nunca recibió en mano. Aunque en su departamento, ha reconocido, trabajaba "mucha gente".
Un día antes, el 7 de marzo, el juez también rechazó, con argumentos similares, un recurso de Vox, en el que el partido solicitaba reabrir la investigación e imputar a Pablo Iglesias. Tal y como razonó el magistrado, esta petición "únicamente se sustentaba en sospechas", ya que no es posible atribuir al exlíder de Podemos la destrucción de la tarjeta.
Iglesias y la tarjeta
En octubre de 2020 —antes de recibir el informe que constataba que no se podía acceder a la tarjeta una vez pasó por las manos de Iglesias—, el magistrado había elevado al Tribunal Supremo una exposición sobre la "participación delictiva" que apreciaba contra el entonces vicepresidente del Gobierno, a quien el juez atribuía haberse guardado la tarjeta sin decírselo a su dueña.
En enero de 2021, el Supremo devolvió a García-Castellón la exposición contra Iglesias para que el instructor practicara ciertas diligencias, como preguntar a Bousselham si quería actuar penalmente contra el político. Para que un delito de revelación de secretos pueda ser perseguido, el Código Penal exige la denuncia de la agraviada; algo que ella, finalmente, no hizo.
Asimismo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también había ordenado al instructor ampliar la prueba pericial para precisar cuáles eran las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cuál fue la técnica empleada para deteriorarla y si era posible proceder a la recuperación de todos estos datos. La Policía Científica, no obstante, no pudo acceder a ella ni despejar estas dudas.
Pieza 'Dina'
El juez abrió la llamada pieza Dina dentro del caso Tándem el 19 de marzo de 2019 ante los indicios de que la filtración de ciertos mensajes del móvil de Dina a la prensa habría sido hecha por el excomisario José Manuel Villarejo, en cuyo domicilio se encontró una copia de los archivos de la tarjeta.
Había mensajes intercambiados por Iglesias con su asesora o con su equipo en los que el líder de Podemos comentaba, entre otros asuntos, que le hubiera gustado "azotar a [la presentadora] Mariló Montero hasta que sangrase".
En el curso de las investigaciones, se descubrió que Iglesias tuvo una copia de la tarjeta del teléfono de su asesora. La recibió en enero de 2016 del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio.
Según subrayó juez durante la instrucción, Pablo Iglesias "comprobó que en el dispositivo se almacenaban archivos personales y de carácter muy íntimo de Bousselham" y, "pese a ello, se guardó la tarjeta en su poder" sin comunicárselo a Dina. Una vez Iglesias le devolvió la tarjeta de memoria, ya no funcionaba ni se podía acceder a su contenido. En una primera declaración —luego se desdijo—, la exasesora indicó que nunca pudo acceder a la SD. Ahora, mantiene que pudo hacerlo tan sólo en una primera ocasión.
Finalizada la instrucción, en su auto de pase a procedimiento abreviado, el juez García-Castellón decidió que el proceso continuase únicamente contra Villarejo y dos periodistas de la extinta revista Interviú, perteneciente al Grupo Zeta, que tuvieron acceso a la tarjeta y le facilitaron una copia a Villarejo. Ambos reporteros manifestaron que el excomisario se la pidió y ellos creyeron que lo hacía en el marco de una operación policial.