El Tribunal Supremo presiona a Llop para que autorice más letrados a la Sala Civil y evite el colapso

El órgano de gobierno del alto tribunal no se ha conformado con la negativa recibida de Llop el pasado febrero. El Ministerio de Justicia esgrime "razones de índole presupuestaria" para no acceder a una medida de refuerzo que considera "precipitada" porque el pasado septiembre se incorporaron cuatro nuevos letrados.

La Sala de Gobierno ha decidido "reiterar la petición objeto de denegación, acompañando nuevamente el informe emitido por Francisco Marín, presidente de la Sala Primera", con las precisiones necesarias.

En ese informe se explica que la Sala Primera comenzó 2020 con 12.659 asuntos pendientes y la proyección a 31 de diciembre de 2021 era que la pendencia aumentara un 54,7%, hasta llegar a los 19.591 asuntos.

Ello se ha traducido en un aumento significativo de los tiempos de respuesta. Si hasta 2020 se tardaba 24 meses en decidir sobre la mera admisión del recurso, ahora son ya 28 meses. El pasado octubre había 753 recursos admitidos, tramitados y pendientes de señalamiento para deliberación y fallo, cuando sólo un año antes eran 312 los recursos que estaban en ese estado, es decir, un 141% menos.

En los últimos años se ha producido un notable incremento de la litigiosidad en el ámbito de los contratos celebrados entre bancos y consumidores. Los recursos referidos a esta materia representan ya el 51% de los admitidos por la Sala Primera.

Al mismo tiempo, han comenzado a llegar recursos en materia de defensa de la competencia y de contratación bursátil y bancaria.

El informe advertía de que no será posible asumir todos esos asuntos "si no se habilitan con urgencia medidas de refuerzo y apoyo proporcionadas a la gravedad de la situación".

"Si no se adoptan estas medidas", afirmaba el informe del presidente de la Sala en referencia al refuerzo de letrados solicitado, "el perjuicio para la administración de Justicia será doble: no solo se elevarán los tiempos de respuesta de resolución de los recursos, en términos que serán ya inasumibles, sino que la dedicación de la Sala quedará absorbida por la resolución de recursos repetitivos que, más allá de la resolución del caso concreto, nada aportan a la formación de jurisprudencia".

"Será imposible, en tales circunstancias, que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desempeñe su función esencial de tribunal de casación en el resto de materias, con la negativa repercusión que ello produce en la litigiosidad civil que, a falta de criterios unificadores, seguirá su línea ascendente tanto en primera como en segunda instancia", añadía.

La nueva petición

En la nueva petición, Marín explica que no se pretende la adscripción de cinco letrados coordinadores más -como parece haber entendido el Ministerio de Justicia- sino cinco letrados con sueldo de coordinador, ya que se busca que sean magistrados de Audiencias Provinciales con experiencia en la jurisdicción civil. Este requerimiento es importante, dado que se trata de que desatascar un ingente volumen de asuntos pendientes sólo de sentencia que versan sobre cuestiones ya abordadas por la Sala y respecto a las que existe doctrina reiterada.

A la vista del nivel retributivo de los magistrados de las Audiencias, sólo el sueldo de coordinador resulta suficiente para que quieran dejar sus destinos y trabajar en el gabinete técnico del Supremo. "¿Quién va a venir a ganar menos?", indican fuentes de la Sala Civil.

Además de la petición ahora reiterada por la Sala Civil, el Ministerio de Justicia tiene pendiente de dar una respuesta sobre las medidas de refuerzo solicitadas el 31 de enero por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. La Sala Tercera reclama tres letrados coordinadores más y una nueva secretaría para hacer frente a la litigación en masa proveniente del confinamiento decretado por el Gobierno durante el primer estado de alarma por la pandemia de la Covid-19.

Fuentes del alto tribunal señalan que "esperan" que Llop se dé cuenta de la "crítica" situación en la que se encuentra el Supremo y que le expusieron el presidente, Carlos Lesmes, y todos los presidentes de Sala durante una reunión celebrada el pasado 23 de febrero.

En ese encuentro, el primero que celebraba la ministra con la Sala de Gobierno, se le expuso el estado de "colapso absoluto" y el "riesgo de paralización" del enjuiciamiento que padecen las Salas Primera, Tercera y Cuarta. 

Tras la reunión, Llop hizo público un comunicado en el que aseguró que el Ministerio de Justicia "tiene la voluntad de resolver la situación en la que se encuentra el Tribunal Supremo debido a la alta litigiosidad a la que tiene que hacer frente".