Sin debate en el Consejo Fiscal ni en la Junta de Fiscales de Sala, en una ley ajena al Ministerio Público y sin esperar a la demandada reforma global del estatuto orgánico de la Fiscalía, el PSOE ha introducido una enmienda parlamentaria para que el fiscal general que pertenezca a la carrera ascienda automáticamente a la primera categoría, fiscal de Sala, cuando se produzca su cese.
La enmienda ha sido presentada en solitario por el PSOE -sin Unidas Podemos, con la que sí firma otras enmiendas- al proyecto de ley de la futura Ley Concursal, actualmente en tramitación en el Congreso.
"Si el nombramiento de fiscal general recayese sobre un miembro de la carrera fiscal, quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese", indica la enmienda.
Dos intentos previos
Se trata de un antiguo empeño de Dolores Delgado, que puede ser la primera beneficiaria de la modificación legal.
A principios de 2019, cuando la actual fiscal general era ministra de Justicia, el Ministerio redactó un proyecto de nuevo Reglamento Fiscal en el que se preveía esa medida.
La norma elaborada en aquel momento indicaba que "el fiscal general del Estado que, siendo miembro de la carrera fiscal, cese en sus funciones por alguna de las causas previstas en el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, quedará adscrito, a su elección, a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a cualquiera de las Fiscalías cuyo jefe pertenezca a la categoría primera, adquiriendo de forma automática los derechos, honores y tratamientos de fiscal de Sala del Tribunal Supremo".
El texto no salió adelante después de que el Consejo Fiscal pusiera de manifiesto que el cambio del estatuto del fiscal general no podía realizarse en un simple reglamento, sino que es necesaria una ley.
En mayo de 2020, ya como fiscal general, Delgado intentó meter esa modificación en el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprovechando que esa iniciativa legislativa afectaba al Ministerio Público porque creaba la Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura. El Gobierno no aceptó entonces la propuesta.
En noviembre de ese año Delgado ascendió a fiscal de Sala a su antecesora, María José Segarra, que, al igual que ella, pertenecía a la segunda categoría cuando fue puesta al frente del Ministerio Público.
La fiscal general adujo en aquel momento que el hecho de que una exfiscal general ocupe la más alta categoría de la carrera "significa autonomía mientras se ejerce el cargo de fiscal general del Estado, sin inquietud sobre su futuro profesional, y, por otro lado, eleva la dignidad de quien ha desempeñado tan altas funciones".
La argumentación no convenció a sectores de la carrera, que señalaron que quienes pertenecen a la carrera y son designados fiscal general no tienen motivos para estar inquietos por su futuro profesional. "Basta con volver al destino que tenían antes", indicaron, como hizo Segarra tras ser cesada y antes de su ascenso.
Consideraron, además, que la autonomía en el ejercicio del cargo de fiscal general "no puede depender de que luego te asciendan o no". El Estatuto Orgánico fue modificado en 2007 para dar estabilidad e independencia al responsable del Ministerio Público, asignándole un mandato de cuatro años durante el cual no puede ser removido sino por cinco causas tasadas (a petición propia, por incurrir en incompatibilidades, por incapacidad, por incumplimiento grave de sus funciones y por el cese del Gobierno que le designó). "Esto permite ejercer el cargo con autonomía si uno quiere, al margen de dónde vayas cuando dejas de ser fiscal general", afirmaron.
"Se ha hecho siempre"
En la Fiscalía General comparten la iniciativa del PSOE, que justifica la enmienda afirmando que se persigue adaptar el Estatuto del Ministerio Fiscal a las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, "fortaleciendo la autonomía e independencia del fiscal general".
"Hay que proteger a quien ha ejercido el cargo de fiscal general, que tiene que tomar decisiones difíciles y delicadas respecto a muchas personas y muchos procedimientos", explican fuentes de la Fiscalía General.
Recuerdan, además, que "siempre que se ha designado fiscal general a alguien que no era fiscal de Sala se le ha ascendido al cesar". María José Segarra, Juan Ortiz y Jesús Cardenal eran fiscales de la segunda categoría cuando accedieron a la Fiscalía General. Los dos primeros fueron promovidos al sanedrín de la carrera al terminar sus mandatos. No fue el caso de Cardenal, pero porque estaba próximo a la jubilación y pasó a ejercer la Abogacía.
"Escandaloso"
La enmienda del PSOE no ha sido bien recibida. "La carrera fiscal tiene necesidades reales y graves, y no es una de ellas buscar una salida a la fiscal general. No puede ser que la primera preocupación sea dónde colocarla. Y es escandaloso que se haga de tapadillo y al margen de una reforma rigurosa del Estatuto", afirman desde la Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria en la carrera.
Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales manifestó en un comunicado que "la vía elegida para modificar el Estatuto sugiere cierta urgencia para el Gobierno en proporcionar una salida a la actual fiscal general".
A su parecer, la promoción del fiscal general que cese a la máxima categoría de la carrera "no es algo que le haga ninguna falta ni produzca ningún beneficio al Ministerio Fiscal. Solo favorece a quien cesa, acentuándose así la relación del fiscal general con el Gobierno".
La medida es "un despropósito que ahonda en la politización de la Fiscalía", opina la APIF, que espera que "se imponga el buen juicio y la reforma fracase".
PP, Vox y Cs, en contra
En el ámbito político, el portavoz de Justicia del Grupo Popular del Congreso, Luis Santamaría ha calificado el asunto de "escándalo". "Pedro Sánchez utiliza una enmienda a la Ley Concursal para ascender a la fiscal general del Estado para que cuando cese tenga la categoría de Fiscal de Sala", ha indicad. "Favor con favor se paga y entre tanto el Estado de Derecho por el sumidero".
En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, Santamaría ha añadido que "en una ley de contenido económico el PSOE incluye una enmienda en la que se da un ascenso encubierto a la fiscal general. Es una enmienda hecha a la medida la ministra 23 del Gobierno".
La diputada de Vox Macarena Olona se ha sumado a la crítica al tuitear que la enmienda es un ascenso para Dolores Delgado cuando cese como fiscal general. "No tienen vergüenza", ha apostillado.
El portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha calificado de "gravísimo" el asunto. "Después de colocar a una exministra como fiscal general, el PSOE pretende blindar su ascenso por la puerta de atrás a fiscal de Sala. Los ataques del Gobierno a la separación de poderes no tienen límites. Con la ley de Cs, Delgado nunca habría tenido este cargo", ha apuntado.