Dolores Delgado, de nuevo a los tribunales por parar la Comisión Ética, una recomendación de GRECO

Ahora se trata de un recurso de mayor alcance por afectar a un órgano relevante, la Comisión de Ética Fiscal. La conformación de un órgano que vele por el cumplimiento de un código ético de conducta por parte de los fiscales fue una recomendación del Grupo de Estados para la Corrupción del Consejo de Europea en un informe que se remonta a 2013.

El GRECO recomendó lo mismo a los jueces, que constituyeron su Comisión Ética en abril de 2018. En la Fiscalía, en cambio, el proceso electoral no se celebró hasta el pasado diciembre, cuando la carrera votó a los seis fiscales que deben integrar la Comisión.

Los miembros del Ministerio Público dieron un apoyo abrumador a los candidatos pertenecientes a la Asociación de Fiscales (AF), hasta el punto de que se impusieron en todos los puestos en liza. 

Nuevo proceso 

De acuerdo con las normas del proceso electoral, la Comisión de Ética Fiscal debió constituirse el pasado 17 de enero. Diez días más tarde, la AF se dirigió por escrito a la fiscal general para que convocara a los candidatos elegidos con el fin de que éstos constituyeran el órgano.

Pero el 7 de febrero Delgado dictó un decreto por el que acordó suspender la constitución de la Comisión. Adujo que, además de los seis fiscales, en este órgano debe integrarse una persona de reconocido prestigio perteneciente al mundo académico y de acreditada trayectoria en el campo de la ética, la filosofía del Derecho o la filosofía moral.

Para seleccionar a este académico -cuya designación, en todo caso, corresponde en exclusiva a los seis fiscales de la Comisión- Delgado decidió "iniciar un proceso de oferta pública, respetando el principio de transparencia que debe presidir toda actuación del Ministerio Fiscal".

"Del desarrollo de dicho proceso se dará cumplida cuenta a los integrantes de la Comisión", finalizaba el decreto.

Sin embargo, desde entonces no ha habido noticia alguna y la AF ha decidido esta semana presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el fin de conseguir la inmediata constitución de la Comisión de Ética y la nulidad del decreto que demora sine die la puesta en marcha del órgano sobre la base de un proceso selectivo de su séptimo integrante introducido por sorpresa y que no estaba previsto en las reglas de organización de la Comisión.

Sin competencia

"Se ha suspendido un plazo vencido para convocar un proceso transparente y público del que, sin embargo, nadie tiene noticia", se queja al AF. "No sólo porque no se haya comunicado a la carrera -que no se ha hecho-, sino porque no se ha publicado convocatoria alguna ni se conocen los órganos encargados de sustanciar y resolver tal proceso".

"Esa suspensión es, además, por tiempo indeterminado y sujeta únicamente a la voluntad de la fiscal general de convocar, tramitar y ultimar ese proceso", añade.

El recurso alega que la fiscal general "carece de manera absoluta de competencia no ya para suspender la constitución de la Comisión sino también para la designación del miembro no fiscal de la misma, dado que las Reglas de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ética Fiscal atribuye tal designación a la misma Comisión con ocasión de su acto de constitución". Así se hizo también con la Comisión de Ética Judicial.

"Esa norma [sobre la elección del séptimo integrante por los otros seis] no puede ser más lógica, porque asegura la independencia absoluta del mismo respecto de los centros de poder de la organización a que está destinado", argumenta. "Se trata de evitar las relaciones de subsidiaridad que pudieran establecerse si algún miembro de la Comisión debiera su puesto, como en este caso, a la fiscal general".

La AF recuerda, a este respecto, que el artículo 2 de las Reglas de Organización y Funcionamiento de la Comisión dispone que "el funcionamiento de la Comisión de Ética Fiscal es independiente de la Fiscalía General del Estado”.

Denuncias

El decreto de Delgado que paralizó la puesta en funcionamiento de la Comisión de Ética aludía, de otro lado, a que "pese a la firmeza del acuerdo de proclamación de electos, pende la resolución de dos denuncias presentadas ante la Junta Electoral".

Esas denuncias fueron interpuestas por la Unión Progresista de Fiscales y por el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, y se dirigieron contra la AF y dos candidatos pertenecientes a ésta, Marta Valcarce y Antonio Mateos. Las quejas se basaban en que los denunciados enviaron correos electrónicos pidiendo el voto cuando había transcurrido el plazo para poder hacerlo.

Sin embargo, la Junta Electoral ya resolvió esas denuncias el 4 de marzo. Con el voto en contra del vocal de la UPF, Carlos García Berro, la Junta declaró que ni la AF ni Valcarce habían infringido las bases reguladoras. Argumentó que la AF envió un mail exclusivamente a sus asociados y con un mero carácter informativo sobre el proceso electoral. En el caso de Valcarce, su correo no pidió el voto, sino que llamó a la participación.

La Junta Electoral apreció que Mateos sí pidió el voto fuera de plazo. El propio candidato lo admitió en sus alegaciones y pidió disculpas, explicando que pensó que, al igual que sucede en los procesos electorales políticos, podía el voto hasta el día antes de la jornada de reflexión.

La propia Junta reconoció la existencia de "una contradicción entre el cómputo de días que figura en las bases (5 días) y los días concretos que se consignaron en el cronograma repartido (6 días). Todo esto puede haber generado una situación equivoca dilatando tanto el fin de campaña y la votación".