Los controladores aéreos, tras una década en los tribunales: "Nos usaron de cabeza de turco"

El primer estado de alarma de la democracia española se produjo mucho antes de la Covid-19. En 2010, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero hizo frente al caos aéreo movilizando al Ejército para militarizar el servicio y que quedasen bajo su mando los centros de control y las torres de los principales aeropuertos civiles.

A las puertas de aquel puente de la Constitución, el más largo del año, gran parte de los controladores no acudió a sus puestos. El Ejecutivo optó por cerrar el espacio aéreo. El entonces ministro de Fomento, José Blanco, tachó de "huelga salvaje" la actitud de los controladores, a los que acusaba de hacer "chantaje" con los pasajeros como "rehenes".

A partir de 2011, varios juzgados de España iniciaron investigaciones por lo ocurrido: Santiago de Compostela, Málaga, Barcelona... La mayoría, quedaron archivadas. Sólo las abiertas en Madrid y Palma de Mallorca llegaron a juicio.

Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los 131 controladores que se sentaron en el banquillo, en una sentencia contra la que ya no cabe recurso y que pone fin a una década de batalla en los tribunales.

"Nos usaron de cabeza de turco", resume César Cabo, quien fue portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), tan sorprendido como aliviado de que, al fin, "todo haya salido bien".

"La decisión del Gobierno [de cerrar el espacio aéreo en 2010] estuvo relacionada con la crisis de 2008. Y pintarnos a los controladores como gente muy mala y que ganaba mucho dinero les permitió venderse como un Gobierno socialista que piensa en los trabajadores, cuando la economía estaba en caída libre y el país estaba siendo medio rescatado por la puerta de atrás", dice Cabo.

La reciente sentencia, a lo largo de sus 231 páginas, reconoce que los controladores, que prestaban servicio en la entidad pública AENA —hoy Enaire—, presentaron, cada uno de ellos, un escrito —previsto en el artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea— en el que alegaban una merma de su "capacidad psicofísica" que les impedía trabajar.

Ésa fue su respuesta a los decretos del Gobierno de Zapatero que modificaban su régimen laboral, tras las infructuosas reuniones con AENA para adoptar un nuevo convenio colectivo. Sin embargo, los magistrados señalan que "la mera presentación del formulario, aunque supusiera (...) el relevo del controlador, por mucho que pudiera entenderse como un mero subterfugio, tampoco permitiría subsumir el delito".

"A lo sumo, caso de acreditarse la incerteza de las causas de discapacidad alegadas en el formulario, sólo cabría reconducir la cuestión al ámbito de la responsabilidad disciplinaria", subraya el fallo judicial, que también exonera a Enaire (antes AENA) de las responsabilidades civiles a que, con carácter subsidiario, fue condenada. En total, 13.076.981,62 euros.

Durante el juicio, el actual portavoz de USCA, Daniel Zamit, aseveró que "no se hizo ninguna huelga" y culpó al Ejecutivo central de 2010 de "montar un follón" para justificar la militarización del aeropuerto madrileño.

"Asunto politizado"

"Era un asunto muy politizado; sabemos que hubo presiones políticas a los jueces a lo largo de todo el proceso", asegura César Cabo a EL ESPAÑOL, tras recordar que la sentencia reconoce que el cierre del espacio aéreo constituyó "una decisión dentro del margen de discrecionalidad de AENA, equiparable, en cierto sentido, con el cierre patronal ante una situación de presión o reivindicación laboral".

Al rememorar toda una década de proceso judicial, Cabo recuerda que llegó a contactar en 2010 con un "pupilo del Pepe Blanco", diputado de nombre Pedro Sánchez, para que ejerciese de "intermediario" con el entonces ministro. "Ahora, casualmente, es el presidente del Gobierno cuando se emite la sentencia absolutoria", apunta Cabo.

La resolución de la Audiencia Provincial, que revoca la del Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid, estima los recursos interpuestos por una minoría de controladores —sólo doce—, que se negaron a reconocer los hechos de los que le acusaba la Fiscalía y asumir el pago de una multa. El resto sí pactó. Y César Cabo y otro compañero fueron los únicos absueltos en primera instancia. Sobre aquella sentencia previa, la Audiencia establece ahora que "no es exhaustiva en la valoración de la prueba (...), que no deja de ser exigua para la complejidad técnica de la situación".

"Como propuso USCA, otros 119 sí firmaron un acuerdo con Fiscalía, considerando que iba a ser el mal menor. Todos creíamos que teníamos buenas cartas... pero parecía que las cartas ya estaban marcadas", explica Cabo. "Se les llegó a tildar de insolidarios, pero gracias a ir en contra del criterio del sindicato, los controladores que sí recurrieron han salvado al resto", añade.

La estimación de los recursos no afecta sólo a quienes los presentaron, sino a todos los 131, ya que, según la sentencia, "se encuentran en idéntica situación fáctica y jurídica". Y "difícilmente cabría hablar de abandono de servicio, porque con la indicada regulación, fuera de los vuelos a que se refiere el Convenio de Chicago, no había vuelos que controlar" una vez se cerró el espacio aéreo, reza la sentencia. Dicho convenio es el principal tratado sobre Derecho Público Internacional Aeronáutico.

Para haber cometido el delito del que acusaba Fiscalía —abandono del servicio público—, se tendría que haber producido "bien el abandono colectivo y físico de los acusados de las dependencias de (...) Torrejón y Madrid-Barajas, bien la completa desatención de los vuelos".

Por ello, desde USCA, exigen "responsabilidades políticas a quienes incluso llegaron a decretar el estado de alarma por un abandono que ahora se ha demostrado inexistente". El sindicato también tacha de "calvario" los más de diez años de proceso judicial.

¿Qué supone contar con una sentencia que, tras diez años, les absuelve? "Siempre hemos estado con la cabeza gacha por lo malos que, supuestamente, éramos", señala César Cabo. "Ahora, nos devuelve la posibilidad de volver a defender la profesión tras la campaña más fuerte y virulenta contra un colectivo".

USCA señala que el cierre del espacio aéreo fue "planeado" políticamente. "Como siempre dijimos, fue por parte de la empresa, auspiciado por el ministerio de Pepe Blanco. Y no hay un delito de abandono del servicio público", señala César Cabo. "Se dejó a mucha gente tirada por interés político", añade.

"El estado de alarma decretado por la Covid acabó siendo considerado inconstitucional. Del de 2010, no voy a decir que también lo fue, pero sí que nunca fue necesario", sentencia.