Los directores adjuntos de la Policía abandonan a Villarejo: no le autorizaron a usar sus empresas

Tres exdirectores adjuntos operativos de la Policía han desmentido este lunes, ante el tribunal que juzga a José Manuel Villarejo, que le autorizaran a usar sus empresas privadas para dar cobertura a operaciones policiales, como el excomisario sostiene.

Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino han matizado, hasta prácticamente desvirtuar su contenido, las cartas que firmaron en enero de 2018 a petición de la defensa de Villarejo y en las que afirmaban la "total regularidad y eficacia" del trabajo desempeñado por Villarejo como "agente encubierto".

Esta mañana han explicado ante la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional que firmaron esas cartas -no redactadas por ellos, sino por el letrado de Villarejo- para intentar ayudar a que "un compañero" fuera puesto en libertad y sin conocer las graves acusaciones que luego han trascendido.

También han precisado que Villarejo - con el que todos ellos dijeron haber tenido un contacto mínimo- no era tanto un agente encubierto como un policía que iba por libre y se dedicaba a captar información como "antena".

En todo caso, ninguno de los DAO conocía la estructura empresarial que hizo millonario a Villarejo mientras permanecía en activo en la Policía. Más aún, Pino dejó claro a preguntas del fiscal anticorrupción Miguel Serrano que no eran "de interés policial" las personas espiadas por Villarejo en los llamados proyecto Iron y proyecto Land a cambio de minutas de seis dígitos.

Las comparecencias testificales de esos altos mandos policiales, los tres ya jubilados, han resultado, así, contraproducentes para la estrategia defensiva de Villarejo y ello pese a que han sido citados tras una insistente petición suya.

En estrados con toga por su condición de abogado, el excomisario ha querido asumir el interrogatorio de Linares en un ejercicio de autodefensa que, con preguntas periféricas a los hechos y con un constante enfrentamiento con el testigo y la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha sido mucho menos eficaz que cuando interviene su defensor, Antonio García Cabrera. 

Linares era subdirector operativo de la Policía (cargo equivalente al actual director adjunto operativo) cuando Villarejo reingresó en el servicio activo en octubre de 1993. 

"Yo no sabía en esa fecha que tenía una estructura de  empresas" y "no me consta que tuviera la compatibilidad" para seguir con ellas, dijo el testigo.

"Corresponde al funcionario que reingresa pedir la compatibilidad de las actividades empresariales que pueda tener y eso no pasaba por mí, ni en el trámite ni en la decisión", añadió.

"¿Sabe que realizaba investigaciones para clientes privados?", le preguntó el fiscal. "No. Conmigo Villarejo coincidió nueve meses nada más. No supe que durante ese tiempo se dedicara a otro tipo de actividades", respondió Linares.

Según dijo, la "única información relevante" aportada por Villarejo que recuerda fue el contacto con el traficante de armas Monzer Al Kassar, ahora en prisión en Estados Unidos. "En absoluto le pedí gestiones sobre los Pujol ni sobre ETA ni sobre un constructor de Burgos. Pero como dicen que usted lo grababa todo, a ver dónde están esas cintas", espetó el testigo a su interrogador.  "Le habrán garantizado que las cien grabaciones que hay nunca van a salir a la luz", replicó Villarejo.

"Firmé para ayudar a su libertad"

Díaz-Pintado, director adjunto operativo de la Policía entre 1996 y 2004, desmintió el párrafo nuclear de la carta que firmó el 5 de enero de 2018: "Sin la cobertura que le daban sus empresas y el general desconocimiento de que se trataba de un policía en activo, entiendo que muchas de las investigaciones que el inspector Villarejo realizó no se hubieran podido llevar a cabo con éxito".

"Ese escrito era para ayudar a un compañero en una situación difícil. Me hablan de una posible enfermedad grave y de que anímicamente se encontraba destrozado. Era para conseguir la libertad de Villarejo. No se me pide para terminar en esta sala hablando del asunto", justificó el exDAO.

La versión que este lunes ha dado al tribunal es que "las pocas veces que Villarejo fue a mi despacho me dijo que había tenido actividad empresarial. En ese momento [tras su reincorporación] yo lo ignoraba. En esa época no conocía la actividad de Villarejo ni si estaba autoizada. Luego, a posteriori, me he enterado de los buenos y de los posibles malos servicios".

Según Díaz-Pintado, al llegar al cargo nadie le informó de la situación de Villarejo. Un día, éste "se presentó en mi despacho para decirme que estaba realizando labores
dentro de la Policía y no estaba incardinado en ninguna unidad. Estaba adscrito a la Comisaría General de Información pero sin un puesto de trabajo específico, en situación de semiliberado. Me dijo que, si quería algo, podía contar con él".

Pero la relación se limitó a "una o dos notas no oficiales y algún despacho verbal. Las notas eran sobre la posibilidad de hacer alguna investigación. No me parecieron viables y no se tramitaron. Las notas fueron directamente a la trituradora".

La declaración de Pino era la más esperada porque durante su etapa como DAO Villarejo llevó a cabo dos de los tres proyectos por los que se le juzga: Iron (desarrollado en 2014 y que le reportó 302.500 euros por espiar a un despacho de abogados competidor de Herreros Asociados, el cliente que le contrató) y Land (un encargo de espionaje en el marco de una disputa familiar por la herencia de Luis García Cereceda, por el que Villarejo cobró 340.252 euros).

"Para nada", dijo Pino cuando se le preguntó si alguna de esas dos investigaciones era de interés policial.

El exDAO, imputado junto a Villarejo en varias de las piezas del macroproceso Tándem, también desmintió que supiera de las empresas de Villarejo. "Mi contacto con él fue mínimo", aseguró

"Le dije que no podía tener empresas ni un despacho de abogados si no tenía el
permiso correspondiente. Me dijo que no ejercía de abogado y que sólo administraba el patrimonio familiar", dijo el testigo.

"Se le pagaban fondos reservados"

Según Pino, cuando Villarejo se desplazaba al extranjero en misión policial los gastos se pagaban con fondos reservados. La defensa no logró el respaldo a su tesis de que era Villarejo el que financiaba esos viajes a través de sus empresas a cambio de que los mandos de Interior le dejaran realizar actividades privadas.

Uno de esos desplazamientos estuvo relacionado con el secuestro del barco Alakrana por piratas somalíes en 2009. Eugenio Pino recordó que "por ese asunto sufrí la primera queja de Félix Sanz Roldán [el director del Centro Nacional de Inteligencia], que decía que no podía permitir que se dijera que el CNI se había quedado con parte del dinero y me pidió que cesara a Villarejo".

"Le dije que se lo pidiera al director general de la Policía o al ministro, porque yo no tenía capacidad de cesarle. Sanz Roldán me dijo 'al que ofende a la Casa [el CNI] no se le perdona'".

Corinna y el CNI

Pino confirmó el enfrentamiento personal entre Villarejo y Sanz Roldán. Éste, según dijo, "me preguntó dónde podía tener Villarejo los archivos. Le dije 'si eso sale, Villarejo tiene copias y vas a perjudicar mucho a la Monarquía'".

"¿Sabía que el CNI encargó a Villarejo que intentara solucionar el problema que suponía Corinna Larsen por su relación con el rey emérito?", le preguntó García Cabrera. "Villarejo y el CNI han colaborado desde que el mundo es mundo. Y se lo he dicho a Sanz Roldán: 'Vas contra Villarejo cuando tienes penetrado todo el sistema'".

El exDAO manifestó que prohibió "por escrito" a Villarejo que "investigara al rey emérito". "Eran hechos cometidos en el extranjero, era una persona aforada y le dije la persona que quería denunciar [Larsen] lo que tenía que hacer era presentarse en un Juzgado de España o en una Comisaría. Y Villarejo no podía investigarlo como abogado".