En la vista celebrada este martes ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE), la Comisión Europea ha apoyado las tesis del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en las euroórdenes que emitió contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsellers por su implicación en el 'procés'. Llarena ha planteado una cuestión prejudicial al TJUE para que se pronuncie sobre si Bélgica puede denegar la entrega de Puigdemont por no creer competente al Supremo.
El abogado general, el francés Jean Richard de la Tour, ha anunciado que dará una respuesta preliminar a las preguntas de Llarena el 14 de julio. Eso significa que la sentencia final no llegará previsiblemente hasta otoño, ya que los jueces necesitan normalmente al menos un par de meses más para decidir.
En su calidad de guardián de los Tratados, el Ejecutivo comunitario ha resaltado durante la vista que "no existe un problema sistémico de Estado de derecho en España" y que la propia justicia belga así lo ha reconocido. La Comisión ha dado a entender que los tribunales belgas se extralimitaron al rechazar la entrega del exconseller Lluís Puig, alegando precisamente el riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales en España.
El Tribunal de Apelación de Bruselas tumbó la euroorden contra Puig en enero de 2021 con el argumento de que el Tribunal Supremo no era el competente para examinar su caso y de que se había vulnerado el riesgo a la presunción de inocencia. Confirmó así el veredicto en primera instancia de la Cámara del Consejo, que también había rechazado la entrega. La justicia belga esgrimió en su fallo el dictamen del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU sobre los casos de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras.
Tras conocer la decisión, Llarena decidió llevar el caso al TJUE para tratar de evitar una resolución similar de la justicia belga en los casos de Puigdemont, Ponsatí y Comín, cuyas euroórdenes se habían paralizado por su inmunidad como eurodiputados. El juez del Supremo ha preguntado también a la justicia europea si puede emitir una nueva euroorden contra Puig.
En la vista celebrada en Luxemburgo, que se ha prolongado durante más de 6 horas, han intervenido además el fiscal del Supremo Fidel Cadena; la abogada del Estado Andrea Gavela; la letrada de Vox, Marta Castro; Gonzalo Boye e Isabel Elbal, abogados de Puigdemont, Puig, Comín y Ponsatí; Andreu Van den Eynde, abogado de Marta Rovira; y Benet Salellas, abogado de Anna Gabriel. También ha intervenido una representante del Estado belga, Florence Matthis.
"La Comisión discrepa del enfoque propuesto por Bélgica, pues Bélgica da a entender que los Estados son libres para añadir nuevos motivos de denegación sin límite", ha criticado el representante legal del Ejecutivo comunitario, Julio Baquero. En su jurisprudencia, el TJUE ya ha dejado claro que los motivos para denegar una euroorden ya están tasados en la legislación comunitaria y los Estados miembros no pueden añadir motivos nuevos de forma autónoma.
La confianza debe mantenerse
A juicio de la Comisión, para rechazar una euroorden por riesgo de vulneración de los derechos fundamentales, Bélgica debe hacer una evaluación en dos pasos. En primer lugar, debe verificar que en el país de entrega, en este caso España, existen "deficiencias sistémicas y generalizadas" en materia de Estado de derecho. El segundo paso es confirmar que estos problemas afectan directamente al caso específico de la persona contra la que se dirige la euroorden.
En el caso de España, no estaría justificado rechazar una orden de detención y entrega por motivos de derechos fundamentales. "No existe un problema sistémico de Estado de derecho en España y el propio tribunal belga lo reconoce. Falta la primera de las condiciones para aplicar esta excepción", sostiene el representante legal de la Comisión
"A falta de problemas sistémicos, se debe presumir que los órganos judiciales del Estado de emisión (es decir, España) podrán corregir cualquier problema en materia de derecho a la tutela judicial efectiva. Confianza mutua quiere decir confianza mutua entre sistemas equivalentes. Si no hay problemas sistémicos la confianza debe mantenerse", ha insistido Baquero.
Por su parte, el fiscal Cadena ha defendido la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a Puigdemont y a sus exconconsellers. Una competencia que está respaldada por "derecho explícito" y ha sido debatida y confirmada a lo largo de todo el proceso judicial. "Es ilógico y absurdo que el país de ejecución (Bélgica) controle las normas de competencia del país de emisión", ha señalado.
Cadena ha insistido además en que en España no existe ningún riesgo de vulneración de derechos fundamentales y ha esgrimido las sentencias del Tribunal Constitucional que han tumbado los recursos de Oriol Junqueras y del resto de condenados por el procés. Las conclusiones del grupo de la ONU "no son vinculantes" y no pueden considerarse un dato objetivo, sostiene el fiscal del Supremo.
Puigdemont alega persecución política
"Mis defendidos representan a un cierto grupo de personas, la minoría nacional catalana existente dentro del Estado español. Como líderes de este grupo, son víctimas de una persecución que es la que nos han traído hasta aquí", ha iniciado su intervención el abogado de Puigdemont.
Gonzalo Boye asegura que sí existen problemas sistémicos en materia de Estado de derecho en España, pero que se concentran específicamente en los separatistas. "Hay miles de catalanes perseguidos penalmente por defender el derecho a la autodeterminación "" autodeterminación", ha señalado.
El abogado ha destacado que ya se han emitido tres euroórdenes contra Puigdemont y ha acusado al Supremo de hacer un "uso político" de este instrumento de cooperación judicial. Boye reclama al TJUE que prohíba a España enviar nuevas órdenes de detención y entrega contra el expresidente catalán y sus exconsellers.
"Ya está bien. Esta persecución absolutamente infame por motivos políticos tiene que acabar. Mis representados no tienen ninguna garantía de juicio justo en España. Esto, señorías, tiene que acabar y tiene que acabar aquí", ha dicho el abogado de Puigdemont.
Sin embargo, la Comisión Europea sostiene que España sí podría emitir nuevas euroórdenes contra el expresidente catalán y sus exconsellers fugados en Bélgica. En concreto, un fallo del TJUE que dé la razón al juez Llarena "sí podría justificar la emisión de una nueva orden de detención" por parte de España.