La Audiencia Nacional ha enviado la investigación del naufragio del buque gallego Villa de Pitanxo al Juzgado de Marín (Pontevedra).
Así consta en un auto, en el que el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, se inhibe y acuerda que sea el juzgado pontevedrés el que continúe indagando en el accidente, ocurrido en aguas internacionales próximas a Isla de Terranova (Canadá) el pasado 15 de febrero. Nueve tripulantes fallecieron, otros 12 desaparecieron —se ha declarado, oficialmente, su muerte— y sólo hubo 3 supervivientes.
En línea con el Ministerio Fiscal, el magistrado cita la doctrina del Tribunal Supremo para reconocer que, al ocurrir los hechos en un buque de bandera española, tienen una consideración equiparable a los que suceden en territorio patrio. Por ello, Moreno entiende que la Audiencia Nacional —competente para investigar y enjuiciar los delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero— no debe intervenir en este caso.
Tanto la Fiscalía como el juez instructor consideran que es el Juzgado de Marín el que debe investigar los hechos, ya que es ésa la localidad donde radica el puerto de base del Villa de Pitanxo.
"En las presentes diligencias ha de acudirse, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, al encontrarnos ante supuestos delitos cometidos en un buque español hundido en aguas internacionales (...), correspondiendo la competencia al Juzgado de instrucción de Marín", reza el auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Ante la existencia de indicios de delito —varios homicidios imprudentes y contra los derechos de los trabajadores—, a principios del pasado marzo, el magistrado Ismael Moreno solicitó a la Fiscalía que informase si la Audiencia Nacional era o no competente para iniciar una investigación.
Presiones del capitán
De los tres únicos supervivientes, el testimonio de uno de ellos fue clave para la investigación abierta —en paralelo a la judicial— por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), órgano dependiente del Ministerio de Transportes, que deberá emitir un informe sobre el siniestro en el plazo máximo de un año.
Se trata del marinero ghanés Samuel Kwesi, que pudo salvar su vida junto al patrón del pesquero, Juan Padín, y el sobrino de éste, Eduardo Rial, ambos naturales de la localidad pontevedresa de Cangas.
La segunda vez que Kwesi declaró ante los investigadores de la Guardia Civil, señaló que el accidente se produjo durante la maniobra de virada del aparejo y apuntó a Padín por no haber atendido las recomendaciones de la tripulación y corregir la escora del barco para tratar de evitar el naufragio.
En su auto, el juez Moreno también indica que el análisis de la velocidad del buque "suscita dudas" sobre la versión que dio el capitán sobre el hundimiento. Éste achacó la catástrofe a una parada de los motores por una avería. Y destaca que Kwesi, en su primera declaración, dio una explicación similar a ésta, pero que se desdijo, ya que aseguró que había estado presionado por el capitán del barco.
Asimismo, el Villa de Pitanxo acumulaba varias sanciones por infracciones graves de pesca ilegal; entre ellas, por sus capturas de unos 27.000 kilos de fletán negro sin declarar.