Luis Medina Abascal estrenó en marzo de 2021 el —así lo calificó la revista ¡Hola!— "barco de sus sueños". Lo que ahora quizá se lo esté quitando es la querella contra él interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.
A lo largo de sus 10 páginas, el Ministerio Público detalla que Medina gastó parte del casi millón de euros que cobró por intermediar en un contrato sanitario del Ayuntamiento de Madrid en este capricho. Una comisión por la que el fiscal le acusa ahora de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Junto a su hermano Rafael Medina Abascal, Luis adquirió hace escasamente un año este velero de 13 metros de eslora, al que bautizaron como Feria, en honor al ducado que ostentaba el padre de ambos. Se trata de un elegante Eagle 44, inspirado en un modelo de recreo creado en los años 30. Costó 325.515 euros. El menor de los hijos de Naty Abascal lo dio de alta en el Registro de Embarcaciones de Placer de Gibraltar a nombre de una sociedad que ambos hermanos compartían.
En su escrito, el fiscal también relata que el aristócrata, marqués de Villalba e hijo de la socialité Naty Abascal, gastó otros 400.000 euros de la comisión que cobró en adquirir dos bonos bancarios.
La querella de Anticorrupción también se dirige contra Alberto Javier Luceño Cerón, un empresario conocido de Luis Medina. Ambos, "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico", ofrecieron al consistorio de la capital, en marzo de 2020, en uno de los peores momentos de la pandemia, la posibilidad de adquirir grandes remesas de productos sanitarios contra la Covid-19 fabricados en China. Para ello, "inflaron artificialmente" el precio de tres contratos: para mascarillas, guantes y test contra el coronavirus.
Simulando tener la competencia "exclusiva" de la importación y la exportación de productos sanitarios de una empresa asiática, Alberto Luceño "impuso" los precios de venta al Ayuntamiento de Madrid. Y también gastó en lujo las comisiones que cobró por esta intermediación.
Entre sus caprichos, una estancia en un exclusivo hotel de Marbella (60.000 euros), un Rolex de caballero de oro rojo por valor de 26.000 euros, un Aston Martin DB11 (160.000€), un Ferrari 812 Superfast (355.000€), dos Mercedes que suman 200.000 euros o un Range Rover Sport de 102.000 euros. El 8 de mayo de 2020, una vez realizó estas compras, Luceño abrió una nueva cuenta bancaria, a la que transfirió 3.353.500 euros, bajo el nada sutil concepto de Comisiones pendientes.
Con este sobrante, adquirió un piso con tres plazas de garaje en Pozuelo de Alarcón (Madrid), uno de los municipios con mayor renta per cápita de toda España.
Y siguió ampliando su colección de coches propia de James Bond con otro Aston Martin. Esta vez, el exclusivo modelo DBS Superleggera, de 293.000 euros. También, un Porsche Panamera (153.000 euros) y un Lamborghini Huracan Evo Spider de 299.999.
Guantes de "ínfima calidad"
Ni los test contra la Covid ni los guantes de látex que Medina y Luceño hicieron llegar a al Ayuntamiento de Madrid cumplían los estándares esperados. Estos últimos eran "de ínfima calidad", señala Anticorrupción en su querella, a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL.
En total, por todo el encargo, la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S. A. —la que encargó el material sanitario, participada al 100% por el consistorio de Martínez-Almeida— pagó unos 10 millones de euros de dinero público. Un primo del alcalde, el abogado Carlos Martínez-Almeida Morales, fue quien puso en contacto a ambos empresarios con la Administración.
Además de los lujos en los que acabaron invertidos estos casi seis millones de euros —cerca de 5 millones para el empresario y 800.000 euros para el aristócrata—, el Ministerio Fiscal detalla que Luceño cobró unas comisiones bastante superiores a las de Medina, sin que éste lo supiera. Hasta tres veces mayores.
El hijo de Naty Abascal se habría embolsado una comisión de un dólar por cada mascarilla entregada. O lo que es lo mismo, unos 800.000 euros, pactados con su socio. Pero éste último se habría llevado otros tres millones de la misma forma (3 dólares por mascarilla), ocultándole esta diferencia y haciéndole creer que ambos recibirían cantidades idénticas.
Inflar precios
Cuando la funcionaria con la que Luceño negociaba —una consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid— notó la escasa calidad de los guantes, pidió al empresario que solucionase el problema.
Incluso —indica Anticorrupción—, "le envió una fotografía tomada en un supermercado de Madrid ese mismo día y en la que se podía comprobar que un par de guantes de la misma calidad y características que los recibidos, por los que el Ayuntamiento había pagado dos dólares (1,8 euros), se ofrecían al público por poco más de 8 céntimos de euro".
El empresario, según detalla la querella de Fiscalía, "intentó calmarla", diciéndole que había hablado con los responsables de la empresa vendedora y había conseguido que rebajaran el precio inicial de cada par, fijándolo ahora en 0,39 dólares. Por ello, tal y como se excusó, la compañía fabricante retornaría al Ayuntamiento más de cuatro millones de dólares. En efecto, esa devolución se produjo. Pero la versión exculpatoria de Luceño —explica el Ministerio Público— era falsa.
"En realidad, había sucedido algo muy distinto, pues 0,38 dólares (0,35 €) era el precio por cada par de guantes que [la empresa vendedora] había fijado a Alberto Luceño para la venta desde un principio. El resto, hasta llegar a dos dólares por cada par de guantes que el Ayuntamiento pagó, representaban las comisiones pactadas con los querellados". Y Luceño, de nuevo, habría ocultado a Luis Medina que su mordida en la remesa de guantes, era también tres veces superior.
Y, para preservar su propia comisión intacta, maniobró con la empresa asiática para que el aristócrata no cobrase nada por el tercero de los contratos, el de la compra de guantes.
Documentos falsos
La querella de la Fiscalía también relata que ambos socios habrían empleado documentos falsificados para justificar en sus oficinas bancarias los cobros de estas cantidades, remitidas en varias transferencias desde Malasia.
Aquellos papeles —expone Anticorrupción— atribuían la competencia "exclusiva" para importar y exportar material sanitario de la empresa vendedora a Alberto Luceño, quien los habría confeccionado y facilitado a Luis Medina para que los mostrase también en su banco.
Pero Luceño, aunque se presentó como tal ante la funcionaria encargada de negociar con él, "ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China (...) ni actuaba movido por ninguna intención altruista".
El Ministerio Público también recuerda en su escrito dirigido al Juzgado de Instrucción que aquellos contratos que ambos socios, supuestamente, inflaron se firmaron en un momento de "extrema carencia de materiales sanitarios" en todas las Administraciones españolas.