El PSOE ha pedido al juez Adolfo Carretero, encargado de la investigación del caso Mascarillas, que embargue al aristócrata Luis Medina Abascal, imputado por la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid, "los derechos que puedan corresponderle" de la herencia de su abuela, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, fallecida en 2013.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, enviado al Juzgado de Instrucción número 47 de la capital por el Partido Socialista, personado en la causa como acusación popular. Por su parte, el fiscal Luis Rodríguez Sol ha solicitado el embargo de más de 891.000 euros.
Actualmente, la herencia de la abuela de Luis Medina —duquesa de Medinaceli, grande de España y apadrinada en su bautizo por los entonces reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia— es motivo de un proceso judicial ante el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Sevilla.
Este pleito enfrenta a varios de sus sucesores por las propiedades y los títulos que puedan corresponder a cada parte. Entre ellos, a los Medina Abascal, nietos de la fallecida e hijos, a su vez, del también difunto duque de Feria, título que ostenta hoy Rafael, el hermano mayor de Luis Medina. Ambos son hijos de la exmodelo y socialité Naty Abascal.
En su escrito, el PSOE solicita al juez Carretero que consulte si el juzgado sevillano "se sigue un proceso sobre los bienes que conformaban la herencia de la fallecida Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa".
Naty Abascal, junto a sus hijos Rafael (d) y Luis (i), en una imagen de archivo.
"De ser así, si es parte procesal en el mismo Luis Medina Abascal como demandante y en su condición de heredero de la causante y que, atendiendo a que la respuesta a esta última cuestión resultara afirmativa, se acuerde (...) el embargo preventivo de los derechos hereditarios que el señor Medina tenga en la herencia de la difunta (...) y que, para su efectividad, se lleve a cabo su anotación en el registro de la propiedad o bancos donde se conozca que la causante tuviese sus bienes inmuebles o sus cuentas corrientes", añade.
Fiscalía: 891.227 euros
Luis Medina se encuentra imputado ante el Juzgado 47 de Madrid tras la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía Anticorrupción que acusa a él y a su socio Alberto Luceño de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales.
El Ministerio Público relata que, en la peor etapa de la pandemia, ambos cobraron, supuestamente, comisiones millonarias en varios contratos sanitarios con el Ayuntamiento de Madrid tras "inflar" los precios "de común acuerdo" y buscando lograr un "exagerado e injustificado beneficio económico".
Además, Luceño y Medina habrían entregado material defectuoso al consistorio y, posteriormente, gastado sus abultadas comisiones en artículos como un velero de 325.515 euros, dos bonos bancarios (400.000€) o varios coches deportivos.
Luis Medina, de rojo, junto al veler 'Feria'.
El juez Carretero no ha podido embargar todos los bienes de lujo a Luis Medina para hacer frente a las hipotéticas responsabilidades civiles que se deriven de esta causa. El aristócrata tiene menos de 250 euros en sus cuentas bancarias. Concretamente, 247,26.
Es por ello que el fiscal, en un informe consultado por este diario, fija su petición en 891.227,07 euros. Anticorrupción solicita embargarle, en total, 1.216.989,33 euros, cifra que resulta de la suma de la supuesta comisión cobrada (912.742 euros) más un tercio de la misma. Al haber podido embargarle el velero, la cantidad resultante queda en esos más de 890.000 euros.
No obstante, el Ministerio Público advierte al aristócrata: esta cuantía podría aumentar si no logran embargar lo previsto a Luceño, "dado el carácter solidario de la responsabilidad civil".
En una providencia del pasado 13 de abril, el magistrado instó a la Fiscalía y al resto de partes a plantear "la adopción de nuevas medidas cautelares de carácter económico", después de que la orden de embargo de las cuentas bancarias de Medina fuese en vano.
El Ayuntamiento: 1,1 millones
De la misma forma, el Ayuntamiento de Madrid, personado en el caso Mascarillas como acusación particular —el juez le concedió el estatus de perjudicado— ha solicitado al Juzgado que investigue "la existencia de otras cuentas corrientes abiertas a nombre de Luis Medina" y "de bienes muebles o inmuebles inscritos en los diferentes registros públicos" bajo su titularidad.
Así figura en un escrito enviado al magistrado por la Asesoría Jurídica del consistorio, en el que también se pide que, una vez realizadas estas consultas, "se proceda (...) al embargo de los bienes encontrados, a efecto de asegurar las responsabilidades pecuniarias en que pueda incurrir el señor Medina en la cuantía total de 1.140.927 euros". Es decir, la suma de los 912.742€ supuestamente cobrados por el aristócrata por su intermediación en los contratos y otros 228.185 en concepto de costas judiciales.
En otro escrito enviado el pasado 13 de abril al Juzgado, el partido Más Madrid —otra de las acusaciones populares— solicitó la "averiguación patrimonial de los bienes muebles e inmuebles de los investigados [Luis Medina y Alberto Luceño]" a fin de ordenar "su inmediato embargo preventivo, de cara a cubrir las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivarse de los hechos que se instruyen".
'Caso Mascarillas'
En su querella, presentada hace casi dos semanas contra Luis Medina y Alberto Luceño, Anticorrupción relató que ambos "inflaron" el precio de varios contratos sanitarios (para guantes, test contra la Covid y mascarillas) "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico" y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado.
En total, por todo el encargo, la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S. A. —participada al 100% por el Ayuntamiento de Madrid— pagó, en la peor etapa de la pandemia de la Covid-19, unos 11 millones de euros de dinero público.
Luis Medina habría cobrado 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada al consistorio. Su socio, en total, unos cuatro millones de euros por los tres contratos. E, incluso, este último habría ocultado a Medina que su comisión era varias veces superior, haciéndole creer que ambos recibirían cantidades idénticas.
Además, ambos usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias y, con la compra de los bienes de lujo, habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal. Ambos querellados deberán acudir a declarar ante el juez el próximo día 25 en la madrileña Plaza de Castilla.