Corina Larsen contrató a una agencia de detectives privados suiza para investigar a empresarios amigos del rey emérito Juan Carlos I. Entre ellos, figuran el banquero Juan Carlos Escotet o los ejecutivos Alberto Alcocer y Alberto Cortina.

Otros de los investigados por la agencia son Álvaro de Orleans, primo del Emérito; Allen Sanginés Krause y Joaquín Romero Maura, relacionados con las pesquisas judiciales en Suiza y en España sobre el patrimonio de Juan Carlos I. Éstas últimas fueron archivadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 2 de marzo.

La examante del emérito, Corina Larsen, habría pagado por estos servicios 130.000 francos suizos (125.686 euros). Tal y como recoge este domingo el diario El País, el contrato con la agencia de detectives se firmó en 2018, después de que el fiscal suizo Yves Bertossa imputara a Larsen por un presunto delito de blanqueo de capitales al recibir la donación de los 65 millones de euros que Juan Carlos I ocultaba en una cuenta del banco Mirabaud & Cie, en Ginebra. 

La agencia denomina a los investigados como hombres de paja y bautizó su investigación con el nombre en clave de Mambo. El encargado de hacer la investigación, según el diario español, fue el dueño de la agencia, Mario Brero, un mediático detective de 75 figura indiscutible de la industria y auténtica leyenda en el mundo de la inteligencia económica europea, que ha trabajado para miembros de la élite mundial, tal y como apunta Heidi.news.

Los investigados por la agencia serían, según recoge el diario: Juan Carlos Escotet, Alberto Alcocer, Alberto Cortina, José Mestre, Joaquín Romero Maura, Allen Sanginés Krause, Josep Cusí, Álvaro de Orleans; además de otros nombres no identificados: N. Muñoz, F. de la Rosa, J. Pujol, J. Pigné y M. García y A. R. Al-Khamis.

Demanda por acoso

Corinna Larsen fue beneficiaria de la donación de 65 millones de euros que el entonces Rey recibió en 2008 de Arabia Saudí. El pasado julio, demandó por acoso al exmonarca en los tribunales británicos.

En su demanda acusa a Juan Carlos I de haberla sometido a "acoso" desde 2012 hasta el presente, personalmente o a través de "agentes" a su servicio. Esas acciones, según la demandante, "amenazaron" su seguridad y la de sus hijos. 

El pasado mes de marzo, el juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Londres, impidió a Juan Carlos I recurrir la resolución que estableció que no tiene inmunidad ante la demanda, tal y como pretendía su defensa.

El juez Nicklin rechazó darle el permiso para recurrir al considerar que había quedado claro que los actos que se le atribuyen al emérito se llevaron a cabo a nivel personal y no fueron de carácter de Estado.

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