El vídeo del interrogatorio del juez a Medina: "¿Le parece normal un 81% de comisión por los guantes?"

El aristócrata Luis Medina y el empresario Alberto Luceño declararon por primera vez este lunes por el caso Mascarillas. Ambos están imputados por los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Medina suma, además, el de alzamiento de bienes.

El juez preguntó a este último por las comisiones cobradas tras intermediar en varios contratos con la funeraria municipal de Madrid. Por la que él se embolsó y por las percibidas por Luceño. Y lo hizo con vehemencia: "¿A usted, que es empresario, le parece una cosa normal que, de unos guantes, la comisión total ascienda a un 81% del precio?".

Se trata de la cifra que señaló la Fiscalía Anticorrupción en su querella contra Luceño y Medina, interpuesta a principios de abril.

El aristócrata se mostró conforme. "Aquí hay dos partes. Él [Luceño] traía la oferta, que no existía, y yo la demanda, que había muchísima", explicó acerca del funcionamiento del mercado al inicio de la pandemia. Aunque matizó que la situación, en marzo de 2020, "no era normal": "Un contenedor que antes se enviaba por dos mil euros, en aquel momento [de la pandemia], te lo ofrecían por 30.000".

Durante el interrogatorio, Luis Medina reconoció que obtuvo el contacto de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, gracias a una amiga en común, directora de una universidad madrileña en la que el aristócrata estudió durante un año. Pero señaló que no conocía a este abogado "de nada" y que recurrió a él para poder hacer llegar su oferta de material sanitario al consistorio. "El contacto con el Ayuntamiento lo tengo yo", explicó, preguntado por el juez acerca del reparto de labores.

Por la gestión, cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla finalmente entregada al consistorio. Así lo reconoció también ante el juez.

El aristócrata, que se presentó ante el juez como "bróker de materias primas, como pollo o minería" también indicó que nunca se había dedicado "a temas sanitarios hasta que empezó la Covid".

"Entonces, para terminar, ¿usted no tiene conciencia de haber cometido ningún delito?", le preguntó el juez a Medina. "No, en absoluto", responde él. "Es, simplemente, un contrato de compraventa normal, donde cobró usted una comisión normal y se gastó el dinero normalmente, ¿no?". "Correcto; así es", aseguró el investigado.

Alberto Luceño, interrogado por las comisiones, respondió este lunes en términos similares. Manifestó al juez que, por su intermediación en los tres contratos sanitarios de la funeraria municipal de Madrid, cobró, realmente, "un 47%" de comisión. "Un porcentaje que es normal en nuestro trabajo", apostilló, ante la sorpresa del juez.

Ante el fiscal, en abril de 2021, el empresario ya había declarado que, tras esta operación comercial, recompensó a Medina con "una comisión por pasar un contacto", refiriéndose al del primo del alcalde.

El juez también preguntó a Alberto Luceño por el rol del aristócrata: "Facilitó el contacto, nada más, ¿no? (...) ¿Y a usted le parece normal ganarse un millón por una simple llamada telefónica?". "En nuestro sector, a veces pasa", respondió el interrogado.

Tras la declaración de ambos investigados este lunes, el magistrado optó por retirarles el pasaporte y obligarles a acudir al Juzgado cada 15 días. Según consta en los autos de medidas cautelares, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, las hipotéticas "penas que llevan aparejadas" sus imputaciones suponen que haya "posibilidad de riesgo de fuga", a pesar del arraigo en España de ambos investigados. 

"Es también connatural a la naturaleza humana tratar de evitar tan duras penas, cuyo conocimiento es ahora cierto desde que conoce la imputación judicial, máxime cuando se dispone de un dinero ilícitamente obtenido y aún no controlado en la presente causa, pudiendo además el investigado salir del territorio español para manipular pruebas con el pagador malayo de las comisiones, cuya colaboración con la Justicia española hasta el momento es nula", rezan ambos autos, idénticos en este razonamiento.

'Caso Mascarillas'

A principios de abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó, finalmente, una querella contra Luceño y Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de varios contratos sanitarios para guantes, test contra la Covid y mascarillas.

Lo hicieron "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado, en los peores meses de la pandemia de coronavirus.

Además, ambos usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Y, con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso de Pozuelo, relojes, coches deportivos, dos bonos bancarios o un velero— habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.