Malestar en la Justicia por la falta de respuesta de Llop a la petición de medidas contra el colapso

"Siempre salimos con las manos vacías", lamenta un vocal del órgano de gobierno de los jueces respecto a las reuniones que celebran con los responsables del Ministerio encabezado por Pilar Llop.

En el último encuentro, el CGPJ planteó la necesidad de incrementar el número de jueces, reiteró la demanda de letrados para el Tribunal Supremo, volvió a llevar una lista de órganos judiciales colapsados en los que es preciso articular refuerzos y propuso un complemento de sueldo para los jueces de Cataluña y Baleares como mecanismo para paliar la alta movilidad que se registra en esos territorios. "No logramos que nos dieran una contestación afirmativa a nada", se quejan desde el Consejo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo lleva tres meses esperando a que el Ministerio de Justicia conteste a la petición de disponer de una nueva secretaría y tres plazas de letrados coordinadores para hacer frente a las miles de demandas relacionadas con el estado de alarma decretado por Pedro Sánchez en marzo de 2020, declarado contrario a la Constitución por el Tribunal Constitucional.

En la última reunión de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, celebrada la pasada semana, se adoptó por unanimidad el acuerdo de "reiterar" al Ministerio de Justicia la reclamación de medidas que permitan evitar el colapso de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, "toda vez que no se ha recibido ninguna respuesta a la reclamación inicial, acordada el 31 de enero, ni a una segunda formulada tras el encuentro con la titular del Ministerio el 22 de febrero".

En esa fecha, Llop y su equipo se reunieron por primera vez con la Sala de Gobierno del alto tribunal. El encuentro fue calificado de "decepcionante" por todas las fuentes de la Sala consultadas por EL ESPAÑOL.

La titular de Justicia se limitó a decir que el problema es la falta de magistrados por la no renovación del CGPJ, "como si su Gobierno no hubiera promovido una ley precisamente para impedir nombrar a esos magistrados", señalaron miembros de la Sala de Gobierno.

"Ha sido una pérdida de tiempo, no ha habido ninguna conclusión práctica. Llop se ha limitado a 'tomar nota' y no ha dado ninguna garantía de que las medidas que hemos propuesto vayan a ser atendidas", dijeron.

Más de dos meses después todo sigue igual. La Sala de lo Contencioso-Administrativo no sabe si va a poder contar con refuerzos. Lo mismo ocurre con la Sala Civil, que ha reiterado la petición de disponer de los cinco letrados formulada en noviembre y que el Ministerio denegó. Esgrimió "razones de índole presupuestaria" y adujo que era preciso esperar a ver los resultados del último refuerzo con cuatro letrados.

Déficit de jueces

El CGPJ ha reclamado un "incremento sostenido" del número de plazas a ofertar en las próximas convocatorias de acceso a la Judicatura. Tampoco ha habido una acogida favorable. El Ministerio alega que hay que esperar a la aprobación de la Ley de Eficiencia Organizativa, que prevé la creación de los Tribunales de Instancia, para ver las necesidades de plazas judiciales.

Los Tribunales de Instancia serán órganos judiciales colegiados desde el punto de vista organizativo que se establecerán en cada partido judicial y agruparán a los jueces unipersonales, acabando con el binonio Juzgado-oficina judicial.

Desde el CGPJ se replica que la Ley de Eficiencia Organizativa se encuentra en trámite de enmiendas en el Congreso e, incluso si se aprobase en breve, requerirá un inevitable período de implantación y ajuste.

Además, el Consejo considera que, sea cual sea la estructura organizativa, serán necesarios más jueces. España tiene una de las ratios más bajas de la Unión Europea en cuanto a número de jueces por habitante.

Así lo ha constatado la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho en 2021, según el cual España ocupa el puesto 23 de los 27 países miembros de la UE.

El órgano de gobierno de los jueces subraya, además, que desde que una nueva promoción ingresa en la Escuela Judicial hasta que obtiene los despachos pasan casi dos años, por lo que no considera razonable subordinar a la aprobación de la Ley de Eficiencia Organizativa el diseño de un aumento sostenido de plazas, imprescindible, a su juicio, para hacer frente a las necesidades.

Argumenta que la previsión de nuevos jueces para este año y 2023 (171 integrantes de la 71 promoción y 161 de la 72 promoción) no será suficiente para cubrir las vacantes ya existentes (un total de 342) más las bajas por jubilaciones y fallecimientos.

La estimación es que, entre 2022 y 2023, se producirán 145 bajas por jubilaciones y fallecimientos. Sumadas a las vacantes, habrá 487 plazas sin titular.

Además, está previsto crear en 2022 un total de 70 nuevas unidades judiciales y otras seis, ya creadas, deben entrar en funcionamiento.

De este modo, y sin tener en cuenta las unidades judiciales que se crearían en 2023, existe la necesidad de cubrir 563 plazas (342 vacantes más 145 bajas más 76 nuevas unidades) cuando sólo habrá 382 nuevos jueces durante este año y el próximo.

El CGPJ prevé, por tanto, un desfase de 181 plazas de menos, sin incluir las nuevas unidades de la programación de 2023. Algunos vocales consideran, no obstante, que la determinación exacta de ese desfase sí requiere esperar a la Ley de Eficiencia, como sostiene el Ministerio.

Un informe presentado al Ministerio por el órgano de gobierno del Poder Judicial explica que una de las razones del número actual de vacantes ha sido la evolución de la planta en relación al número de jueces escalafonados.

La diferencia en el escalafón de jueces entre 2014 y 2022 es de 148. Por su parte, la diferencia entre unidades judiciales creadas en ese mismo período es de 496.

Se produce, así, una falta de acompasamiento entre la creación de órganos judiciales y la convocatoria de plazas en la carrera judicial, a lo que hay que añadir otro factor que incrementa la gravedad del déficit de plantilla: la evolución de la litigiosidad.

Más litigios

Según un informe del Servicio de Inspección de CGPJ fechado el pasado 11 de abril, el análisis de la litigiosidad por jurisdicciones evidencia que, entre 2017 y 2021, se ha producido un "importantísimo incremento" de la entrada de asuntos en los órdenes jurisdiccionales civil y social, "hasta el punto de que en 2021 el nivel de entrada es incluso superior al que se produjo en los años 2014/2015, cuando aún tenía incidencia en los datos los efectos de la anterior crisis económica".

Ese incremento se cifra en un 33% en el orden civil y en un 4% en el orden social, porcentajes calculados respecto del número de asuntos ingresados en el año 2014.

A falta de jueces de carrera, ha sido necesario acudir a la llamada justicia interina (licenciados en Derecho llamados a ejercer funciones jurisdiccionalmente de forma coyuntural).

Según los datos del CGPJ, en el año judicial 2015/2016 se contaba con un total de 951 magistrados suplentes y jueces sustitutos, que han pasado a ser 1.166 en la actualidad.

Todo ello indica una "indeseable cronificación de un régimen de excepcionalidad, como es el de la justicia interina, debido a la insuficiente dotación de plazas judiciales y, además, revela un déficit estructural de jueces que va en aumento", concluye el CGPJ.

Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente hicieron público el pasado viernes un comunicado de apoyo a las reclamaciones del CGPJ. 

"No es la primera vez que denunciamos la falta de jueces en España", señalan. "Lo hemos dicho públicamente en numerosas ocasiones y otras tantas se lo hemos hecho llegar a los diferentes responsables políticos. Sin embargo, la única respuesta que recibimos es el silencio, demostrativo de lo poco que interesa que la Justicia funcione y con ello poca altura de miras, pues un sistema de justicia con medios y eficaz, repercute en un Estado de Derecho más avanzado, en una economía más eficiente y en una mejor imagen y confianza externa".

"El bienestar de nuestra sociedad y su salud democrática no sólo dependen del correcto funcionamiento de servicios tales como la sanidad o la educación, sino también de la Justicia. No atenderla, como conscientemente llevan haciendo los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos años, es poner en riesgo uno de los pilares fundamentales del Estado, menoscabando el crecimiento económico del país, los derechos de los ciudadanos y las garantías contra la corrupción de los poderosos", indican las asociaciones.