Los fiscales afirman que los condenados por los ERE eran "conscientes" de la "patente ilegalidad"

Los fiscales del Tribunal Supremo Fernando Prieto y Rafael Escobar han pedido este jueves a la Sala Penal que confirme en su integridad la condena dictada por la Audiencia de Sevilla por el fraude de los ERE, incluida la pena a seis años de prisión impuesta al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán.

Los condenados, entre los que también se encuentra el expresidente andaluz Manuel Chaves, eran "conscientes" de que utilizaron durante 10 años un procedimiento presupuestario "patentemente ilegal" para conceder ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis, un total de 679 millones de euros que constituyen el mayor fraude en subvenciones públicas juzgado en España. 

Condena de caso de los ERE dictada por la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2019./ E.E.

"Soslayaron todo tipo de procedimiento administrativo, la necesaria fiscalización y el necesario control interno o externo al que debe sujetarse cualquier Administración", han manifestado los representantes del Ministerio Público, que han contestado con contundencia a los recursos de casación interpuestos por los veinte condenados.

Prieto puso de manifiesto que el procedimiento de concesión de subvenciones es "reglado y estricto", ya que se trata de una disposición gratuita de fondos públicos.

Por ello, la normativa establecía una serie de requisitos: el competente para concederlas era el consejero de Empleo, no el director general; tenía que haber
una petición expresa, una memoria descriptiva, una relación de beneficiarios. También debía justificarse la finalidad pública de la ayuda, acreditar el cumplimiento de esas finalidades, reintegrar el dinero cuando no se cumplían, publicitar las ayudas.

"Ni uno solo de los expedientes que obran en la causa cumplió ni uno solo de esos requisitos", dijo el fiscal, que describió cómo antes de 2000 la concesión de ayudas sociolaborales en Andalucía seguía el procedimiento correcto. Pero en ese año se cambió "sin justificación, sin legislación que lo amparase y sin norma" que permitiese utilizar el mecanismo de las transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en vez de la partida presupuestaria de subvenciones, que era la legalmente correcta.

"Se modificó el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control" de los interventores, aseveró el fiscal.

Y es que, con anterioridad al año 2000, la Intervención había puesto reparos que motivaron la paralización de subvenciones por valor de 60 millones de euros en cuanto a la concesión y de 83 millones en cuanto a su justificación.

"La Consejería de Empleo tenía crédito suficiente para subvenciones en las partidas adecuadas", recordó el fiscal, pero esas ayudas estaban sometidas a la fiscalización de los interventores. El Ministerio Público tiene claro que "se hizo el cambio de mecanismo porque el sistema de transferencias de financiación impedía conocer el contenido de los expedientes y era imposible fiscalizar las ayudas".

"Eluden su responsabilidad"

El fiscal censuró con dureza que los condenados, que fueron consejeros y viceconsejeros de cuatro Consejerías (Economía y Hacienda, Presidencia, Empleo e Innovación) traten de "eludir su responsabilidad" con "excusas" como que no les llegaron o no conocieron las memorias anuales de control financiero permanente -que se elevaban al Consejo de Gobierno- en las que desde 2001 a 2009 la Intervención advertía de que las transferencias de financiación eran un instrumento inadecuado para otorgar subvenciones excepcionales.

"Ninguno de los responsables hizo caso, nadie hizo nada. ¿Alguien cree que esto es posible en una recta administración? ¿Qué mensaje enviamos a los ciudadanos, cuando desde la Administración se cometen patentes ilegalidades?", preguntó Fernando Prieto.

En la misma idea insistió Rafael Escobar, que sostuvo que "hubo una actuación consciente, conocían lo que estaban haciendo, a menos que se acepte un escenario de figurantes que integraban el Consejo de Gobierno, la Presidencia y las Consejerías, donde durante 10 años se intervino al margen de cualquier tipo de obligación, como si se tratara de meros autómatas".

Escobar retomó las palabras de la propia Sala Penal sobre el delito de prevaricación: "Nada lesiona más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes públicos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos mismos debían ser los primeros custodios".

Escobar defendió que la prevaricación estuvo en una serie de "plurales resoluciones concatenadas que hay que ver en conjunto", porque la falta de alguna de ellas hubiera frustrado el mecanismo ilegal que se utilizó para otorgar las subenciones.

Así, se aprobaba el anteproyecto de presupuestos de Andalucía incluyendo la partida de transferencias de financiación, luego se remitía el proyecto al Parlamento, se hacían las modificaciones presupuestarias, los convenios entre la Consejería de Empleo y el IFA, las autorizaciones y órdenes de pago. Cada uno de esos pasos era "un eslabón de relevancia para la decisión final y todas esas decisiones son susceptibles de ser tenidas como resoluciones administrativas", afirmó.

"Se desviaron fondos a quienes, en principio, no debían recibirlos", añadió Escobar. "Llegaron a empresas y trabajadores elegidos por los acusados, a personas que se habían incorporado al mercado laboral, a otras que no cumplían los requisitos". Paralelamente, se privaba de las ayudas a otros que sí tenían derecho. "Una auténtica alteración del servicio público", resumió el fiscal.

"Trampa" al Parlamento

Los fiscales salieron al paso de un alegato en el que han insistido las defensas: no sería posible considerar delictivo el proyecto de ley de presupuestos aprobado por el Gobierno regional sin considerar también delictiva la ley de presupuestos que -con el mismo contenido exacto que el proyecto- aprobaba cada año el Parlamento andaluz.

"Ésa es la trampa", explicó Fernando Prieto. "En la fase de presupuestación se incluyen créditos donde no se debía [las transferencias de financiación] y se excluyen de las partidas adecuadas de subvenciones".

El fiscal Fernando Prieto, durante su intervención en la vista de los recursos de casación./ E.E.

"En los proyectos de ley no se hacía mención alguna que permitiera obtener al Parlamento una evidencia de que las transferencias de financiación tuvieran
como finalidad la concesión de subvenciones sociolaborales. Tampoco existe esa evidencia en la documentación anexa al presupuesto", manifestó.

Para los diputados andaluces que convalidaban año tras año los proyectos de ley de presupuestos "no había manera de conocer las irregularidades de la partida de transferencias de financiación, y el Parlamento no tenía acceso a los informes de control financiero permanente que advertían de uso de un procedimiento inadecuado".

"No se decía quién concedía las subvenciones ni que IFA las pagaba. Tampoco la naturaleza del convenio entre Empleo e IFA ni nada que permitiera advertir que esas
transferencias de financiación eran el nuevo instrumento jurídico -sin ningún tipo de apoyo en la normativa vigente- que permitiera el abono de las subvenciones sociolaborales", indicó.

El letrado del PP Luis García Navarro, que ejerce la acusación popular y cuyo escrito de impugnación de los recursos se limitó a adherirse al fiscal, ha pedido confirmar las condenas ante el "fraude" que supuso "un sistema ideado que dejó fuera de control 800 millones repartidos sin filtros ordinarios y creo una especie de ángulo muerto que dejó a la inspección fuera de control".

Moreno: "Recuperar el dinero"

Aunque previsiblemente la sentencia se hará pública tras las elecciones andaluzas, el fraude de los ERE se colará en más de un argumentario político. Este mismo jueves, en declaraciones a los periodistas en la Feria de Sevilla, el presidente de la Junta y candidato por el PP, Juanma Moreno, y la de Vox, Macarena Olona, se han pronunciado sobre este asunto. 

Moreno ha asegurado que lo único que le interesa es "recuperar todo el dinero defraudado, que ha sido mucho, cientos de millones que han desaparecido". "Ése es el gran objetivo y motivación" del Gobierno de Andalucía.

"Si alguien ha hecho las cosas mal, deberá pagar por ello", ha abundado el presidente andaluz.

Por su parte, Macarena Olona espera ese "castigo social y político" cuando esté lista la sentencia por parte del Supremo, además del judicial.

La candidata de Vox también ha recriminado al PP que dejara pasar el plazo de impugnación de los recursos de casación interpuestos de los exaltos cargos socialistas contra la condena dictada en noviembre de 2019 por la Audiencia de Sevilla. A su juicio, "fue un escándalo" ante el considerado "mayor saqueo de las arcas públicas".