El comisario jubilado Enrique García Castaño, en su día jefe de la relevante Unidad de Apoyo Operativo de la Policía, podría quedar en situación de inimputable en el caso Tándem tras sufrir un ictus el pasado día 1.

La situación de inimputable, que derivaría de una posible incapacidad mental, significa que no podría ser penalmente responsable de los delitos que se le imputan -y por los que la Fiscalía le pide 82 años y 10 meses de cárcel- al no poder defenderse.

García Castaño es un personaje central en dos de las piezas que está juzgando la Audiencia Nacional, denominadas Iron y Land. La Fiscalía le acusa de haber suministrado al excomisario José Manuel información sensible procedente de las bases de datos policiales a cambio de dinero, información por la que luego Villarejo cobraba a sus clientes particulares cantidades millonarias. Ambos realizaban estas actividades, presuntamente, desde su condición de policías en activo.

Conocido en los ambientes policiales como el Gordo y aludido en las agendas de Villarejo con el apodo de Big, García Castaño está, además, imputado en la pieza Kitchen, en la que ha admitido que accedió a información relativa al Partido Popular en poder del extesorero Luis Bárcenas y se la entregó al exsecretario de Interior, Francisco Martínez. 

Está siendo investigado, además, en la pieza relativa a la contratación de Villarejo por Repsol.

Petición de suspensión

Este lunes, al comienzo de la sesión del juicio del caso Tándem, el abogado de García Castaño ha explicado que su cliente sufrió "un ictus grave" hace ocho días.

Aitor Martínez ha explicado que el excomisario fue operado de urgencia en el hospital de Cáceres y actualmente se encuentra en la unidad de ictus de este hospital, donde están valorando los daños cerebrales sufridos. Está previsto que García Castaño sea trasladado en breve a una unidad de ictus en la Comunidad de Madrid.

El letrado ha pedido al tribunal que envíe un forense para que emita un informe sobre la situación de García Castaño con el fin de que los magistrados valoren su incapacidad procesal.

Martínez ha pedido también que, de momento, se suspende el juicio para García Castaño. La Sala, sin embargo, ha continuado con la sesión, pero la eventual ausencia de un acusado tan clave como él podría afectar a la determinación de otras presuntas responsabilidades y al relato de hechos.

Por lo que a él respecta, la Fiscalía le pide 52 años de cárcel por presuntos delitos de descubrimiento y relevación de secretos de empresa y cohecho, entre otros, en la pieza Iron. Esta parte del caso Tándem se refiere al encargo que recibió Villarejo en 2013 del bufete Herrero y Asociados para que investigara si varios de sus antiguos socios y empleados, que unos meses antes se habían marchado para crear su propio despacho (llamado Balder), estaban llevándose clientes.

En la pieza Land los fiscales piden para García Castaño 30 años y 10 meses de cárcel. Fue otro encargo de espionaje a Villarejo en el marco de una disputa interna de la familia Cereceda por la herencia del fallecido promotor de la urbanización de lujo La Finca, en Madrid.

"Ni idea"

García Castaño declaró en la décima sesión del juicio, el pasado 16 de diciembre.

Aseguró que Villarejo "nunca" le pidió datos sobre Balder y manifestó que no tenía "ni idea de Land ni de Procisa ni de nada".

Negó, además, haber recibido pagos de Villarejo, al que intentó ayudar presentándolo como un agente encubierto al que los mandos permitían hacer negocios con sus empresas porque las utilizaba de tapadera para operaciones policiales.

"Conocí a cuatro policías que hacían lo mismo que Villarejo, y estaba perfectamente autorizado por el ministro del Interior. Es la forma de trabajar, con empresas tapaderas", dijo García Castaño, según el cual dio "muchas veces" datos a Villarejo pero "para operaciones policiales" y "cuando tenía alguna duda [sobre los datos que solicitaba] consultaba con el director adjunto operativo, Eugenio Pino".

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