La Fiscalía Provincial de Madrid ha enviado un escrito al Juzgado en el que se muestra a favor de la concesión de un indulto parcial a María Sevilla, la expresidenta de la asociación Infancia Libre, condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores.
Sevilla permaneció en paradero desconocido con su hijo durante más de un año, después de que un juzgado decretara en diciembre de 2017 el cambio de custodia hacia el padre del menor. Finalmente, el niño fue localizado, sin escolarizar, el 30 de marzo de 2019 en una finca situada en la localidad conquense de Villar de Cañas.
En su escrito, el Ministerio Público solicita ahora al Juzgado de lo Penal número 2 de Ejecutorias rebajar la pena a, "exclusivamente", dos años de cárcel, al tratarse del primer delito cometido por María Sevilla. De ser concedido, abriría la puerta a que pudiera salir próximamente de prisión.
No obstante, el fiscal admite que no existe arrepentimiento, "en el sentido de reconocimiento expreso y claro", por parte de la penada. Además, recuerda que, al impedir a su hijo ver a su padre, privó a ambos "de la posibilidad de relacionarse durante un prolongado periodo de tiempo".
Sin embargo, sí reconoce que Sevilla ha abonado la responsabilidad civil —debía pagar 5.000 euros a su exmarido por daños morales— y ha ingresado voluntariamente en un centro de cumplimiento, "encontrándose así a disposición judicial, y para no perjudicar las relaciones materno-filiales con su [otra] hija".
La Fiscalía se decanta por el indulto parcial, y no por la gracia total, ya que la expresidenta de Infancia Libre desoyó las resoluciones judiciales que le obligaban a entregar al menor al otro progenitor, un comportamiento que, a ojos del fiscal, aún "resulta merecedor de sanción". Asimismo, el Ministerio Público reconoce que las penas fijadas —dos años y medio de cárcel y cuatro de privación de la patria potestad— son las legalmente previstas y no son, en absoluto, desproporcionadas.
"La estricta observancia de la pena privativa de libertad impuesta podría conllevar una grave consecuencia en las relaciones materno-filiales respecto de la otra hija de la penada, que pudiera incidir negativamente en su desarrollo afectivo-emocional", justifica la Fiscalía, que también admite que, en este caso, no hay "razones de equidad o utilidad pública que pudieran justificar la concesión del indulto total".
Y en su escrito, el Ministerio Público lanza una advertencia: "Máxime, cuando a raíz de estos hechos y otros similares, parece que en la sociedad civil se están alentando campañas como la llamada Yo también lo haría, de la que se hace eco la prensa, y que parecen fomentar actuaciones similares".