La Audiencia Nacional ha retirado cuatro Medallas de Plata al Mérito Policial concedidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a cuatro comisarios de la Policía Nacional.
Se trata de una de las mayores condecoraciones policiales y supone un incremento del 15% del sueldo del funcionario en el momento de su concesión. Si la recibe un jubilado, como en estos cuatro casos, el porcentaje se aplica sobre "el sueldo correspondiente a la máxima categoría alcanzada por el interesado en servicio activo", según indica la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales.
En una sentencia del Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 11, el juez Francisco Javier González Gragera ordena retirar estos galardones a Héctor Moreno, Francisco Rodríguez, José María Moreno y Javier Migueláñez atendiendo a un recurso de la Confederación Española de Policía (CEP), al que se adhirieron otros como Jupol. Migueláñez fue quien lideró el inicio de la investigación contra el comisario Villarejo o sobre la Operación Kitchen, el supuesto espionaje del PP a su extesorero, Luis Bárcenas.
En la resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado reconoce el principio de "autoorganización" de las instituciones públicas. Sin embargo, considera que, en estos cuatro casos, no se ha seguido el procedimiento establecido, al obviar la participación de los sindicatos policiales en el proceso de debate, impidiéndoseles formular alegaciones.
Asimismo, los galardonados tampoco cumplían los requisitos para recibir una distinción tan relevante como ésta, que la ley reserva para "muertos en acto de servicio", mutilados o heridos graves, encargados de dirigir un servicio de "trascendental importancia", que redunde en el prestigio de la Policía o quienes hayan demostrado "méritos de carácter extraordinario" o "una actuación ejemplar" que destaque "por su valor, capacidad o eficacia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios". De acuerdo con los expedientes de propuesta, los cuatro comisarios recibieron esta Medalla de Plata por su trayectoria profesional.
Los sindicatos no participaron
En su sentencia, el juez razona que "la regla general en cualquier procedimiento administrativo exige conceder el trámite de audiencia a los interesados antes de dictar la oportuna resolución, a fin de que conozcan los detalles de su instrucción y puedan formular sus alegaciones". Pero los sindicatos no fueron recibidos para valorar las condecoraciones a lo largo de todo el proceso.
El magistrado también cita una sentencia previa, de enero de 2022, que reprocha que la Ley 5/1964 "suponga una carta blanca" para Interior, ya que "la finalidad de la actuación de la Administración es que sea conforme al interés público".
En estos cuatro casos, el juez entiende que esta omisión atenta contra el derecho a la libertad sindical. Y "ha sido relevante (...) porque estamos ante un procedimiento que no es meramente bilateral entre la Administración y los funcionarios directamente concernidos, sino que afecta a todos los funcionarios potencialmente acreedores de tales condecoraciones, cuyos derecho e intereses están representados por las organizaciones sindicales que, ejerciendo su función, deben velar para que se garantice la máxima transparencia y objetividad en la concesión de los honores y condecoraciones a los que el resto de funcionarios pueden aspirar".
Por todo ello, el juez considera que el Ministerio del Interior no reconoció el derecho que, indirectamente, tienen los policías a participar en el proceso de concesión de las medallas. "Esta omisión, por sí sola, hace nulos los nombramientos", concluye. La sentencia, que aún no firme, condena en costas a la Administración.
"Ofende a miles de policías"
El sindicato CEP, en un comunicado, indica que la "práctica de conceder pensiones mediante condecoraciones que requieren protagonizar servicios de máximo riesgo debería estar ya desterrada de la Policía Nacional".
"Una vez más, la Justicia respalda en primera instancia aquello que defendemos: acabar con prácticas de concesión de medallas que no sean objetivas, transparentes y justas", reza el difundido de la Confederación Española de Policía.
Según valora esta asociación, el Ministerio del Interior obvió los trámites previstos "para que no denunciáramos que ese premio de final de carrera ofende a miles de compañeros que se juegan la vida a diario y que no se van a casa, al cumplir los 65 años, con una paga adicional todos los meses".
Por su parte, en declaraciones a EL ESPAÑOL, Aarón Rivero, secretario general de Jupol, indica que la sentencia constata "la discrecionalidad de la Dirección General de la Policía en la concesión de estos reconocimientos". "Para Jupol, desde su creación, uno de los caballos de batalla ha sido acabar con esta discrecionalidad con la que se otorgan las medallas, especialmente las que llevan aparejado un complemento económico o pensión vitalicia".