Un imputado pide al juez que el Estado sea presunto responsable de los delitos atribuidos a Villarejo

La defensa del exjefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, ha pedido al juez instructor, Manuel García-Castellón, que "llame al proceso al Estado como responsable civil subsidiario de los delitos imputados a Villarejo".

La petición se basa en el artículo 121 del Código Penal, según el cual el Estado "responde subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos" cuando sean funcionarios estatales en el ejercicio de sus cargos "siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados".

La Fiscalía y el resto de las acusaciones que intervienen en las distintas piezas del caso Tándem imputan a Villarejo haber abusado de su función policial para lucrarse con encargos privados.

Éstos consistieron, presuntamente, en hacer investigaciones para empresas y bancos en las que Villarejo utilizó recursos policiales (por ejemplo, el acceso a las bases de datos) o se aprovechó de su condición policial y de la de sus colaboradores -también agentes de la Policía- para obtener datos bancarios e incluso el tráfico de llamadas. Es decir, información perteneciente a la esfera protegida de las personas, lo que dibuja presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, además de cohecho.

"La esencia de nuestra acusación es que Villarejo era policía" mientras realizaba esas "funciones paralelas para clientes privados", manifestó el fiscal Miguel Serrano al comienzo del primer juicio que se está celebrando por el caso Tándem.

Villarejo no es el único funcionario policial que está en el banquillo de ese juicio. La acusación también se dirige contra el excomisario Enrique García Castaño (para quien este martes se ha suspendido el juicio debido al ictus que sufrió el pasado 1 de mayo), el exinspector jefe Constancio Riaño o el subinspector Javier Fernández.

Pero nadie solicitó que la Abogacía del Estado intervenga como responsable civil subsidiario para el pago de las indemnizaciones que pueden corresponder a las víctimas de los espionajes de Villarejo, en el caso de que la sentencia sea condenatoria.

Más policías

En otras piezas del caso Tándem están imputados el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino y mandos policiales como José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Andrés Gómez Gordo o Bonifacio Díez Sevillano.

"La tesis acusatoria sostiene que Villarejo se prevalió de su condición de funcionario policial para ejecutar intromisiones en la intimidad de terceros", señala el abogado Manuel Ollé, defensor del exresponsable de seguridad de Iberdrola, en el escrito que ha dirigido al juez instructor.

"En consecuencia", sostiene, "los daños y perjuicios causados por dichos delitos derivan directamente del funcionamiento del servicio público de seguridad al actuar dicho agente policial dentro de las funciones de su cargo, aunque fuera extralimitándose en ellas. Y ello tanto desde los clásicos parámetros de la culpa in vigilando o in eligendo como desde el principio de responsabilidad objetiva o de creación del riesgo".

Lo que se plantea, en otras palabras, es si no debe estar también en el proceso como responsable civil la Administración que permitió que Villarejo y sus colegas utilizaran medios del Estado para cometer, presuntamente, delitos. Y en algunas ocasiones, además, enriqueciéndose.

La actividad privada de Villarejo era, además, conocida por sus mandos.

Tras la aparición en 2015 de noticias periodísticas sobre las numerosas sociedades y el millonario patrimonio acumulado por el entonces comisario en activo, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, encargó al inspector jefe Fuentes Gago un informe titulado Valoración de incompatibilidad de funcionario público en activo (comisario CNP) por titularidad de empresas mercantiles.

El informe, fechado el 20 de abril de 2015, concluyó que "la actividad privada de Villarejo cumple con los parámetros de compatibilidad admitidos" por la ley.

Fuentes Gago se ha desdicho de ese informe en el juicio. El pasado 7 de abril declaró ante la Audiencia Nacional que redactó ese informe con lo que le dijeron el propio Villarejo y el entonces director general operativo, Eugenio Pino, sin hacer comprobación alguna.

Añadió que fue "un exceso" concluir que eran compatibles las funciones policiales de Villarejo y sus actividades empresariales.

Pero, en todo caso, no hay duda de que a partir de 2015 el conglomerado mercantil de Villarejo era conocido por los responsables de Interior, que permitieron que siguiera funcionando.