Francia impide a la Justicia española interrogar a 'Kantauri' por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

Este magistrado la reabrió el pasado marzo, tras una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia dirigida contra los que eran jefes de la banda terrorista ETA cuando el concejal del PP en Ermua fue asesinado en julio de 1997. Entre ellos, figura Arizcuren Ruiz, miembro de la cúpula etarra como líder del aparato militar.

No obstante, las autoridades galas han denegado al juez García-Castellón la prórroga de la ejecución de orden de detención europea, gracias a la cual Francia entregó a Kantauri a España.

El etarra, actualmente, está interno en la cárcel de Pamplona, tras ser trasladado por parte de Interior desde la prisión de Murcia II. Pero, a pesar de encontrarse en territorio nacional, la ley obliga al juez solicitante a volver a pedir una ampliación de la euroorden al país que lo entregó, en base al denominado principio de especialidad (artículo 60 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea).

Una extradición se concede por unos hechos o delitos concretos. Si se pretende la imputación de otro delito distinto a aquel por el cual se concedió la entrega, el juez debe solicitar la ampliación de la ejecución de la euroorden de detención.

Francia, en respuesta a la Audiencia Nacional, lo ha denegado. En una resolución del Tribunal de Apelación de París, fechada a mediados de mayo y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Justicia francesa repone que "los hechos por los que la autoridad judicial española solicita autorización para incoar proceso penal" son "distintos" a los mencionados en las resoluciones que sí autorizaron previamente la extradición por otros hechos diferentes.

Los únicos motivos que el tribunal enumera para justificar su negativa son, no obstante, meramente formales. La defensa de Arizcuren se había opuesto a la prórroga, considerando que los delitos atribuidos a Kantauri "descansarían únicamente en su condición de responsable de ETA".

Reapertura del caso

El pasado abril, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encabezado por García-Castellón, reabrió la investigación sobre el asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco para tratar de desentrañar quiénes fueron sus autores intelectuales.

La querella de la asociación Dignidad y Justicia se dirigió contra la denominada zuba, la cúpula etarra. De ella formaban parte, entre otros: Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; José Javier Arizcuren, Kantauri; María Soledad Iparaguirre, Anboto; Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi; Mikel Albisu, Mikel Antza; y Asier Oyarzabal, Baltza.

La asociación de víctimas les define como "presuntos autores detrás del autor", por haber ordenado, supuestamente, los asesinatos y seleccionado a las víctimas.

Tras ser secuestrado, Miguel Ángel Blanco fue asesinado el 12 de julio de 1997 por dos miembros de ETA. Ambos etarras —Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, e Irantzu Gallastegui Sodupe, Amaia— ya fueron condenados en 2006. El político fue encontrado agonizante en las inmediaciones de la localidad de Lasarte, con dos disparos de pistola en la cabeza.

Sin embargo, la reapertura de la investigación busca conocer quiénes ordenaron su ejecución y si la muerte es atribuible penalmente a los jefes etarras de la zuba, dado su dominio de la jerárquica banda terrorista.

Tal y como recuerda la sentencia del Tribunal de Apelación de París, un informe de inteligencia policial ubica a Kantauri como jefe del aparato militar cuando Blanco fue asesinado. Y, tras desmantelar el comando Vizcaya en septiembre de 1997, los investigadores encontraron dos cartas manuscritas firmadas por Arizcuren y que incluían directrices sobre acciones violentas contra políticos.