El juez Adolfo Carretero, encargado del caso Mascarillas, ha remitido una Orden Europea de Investigación a las autoridades judiciales italianas para que la empresa de ese país Ente Certificazione Macchine (ECM) se pronuncie sobre los certificados falsos que destapó EL ESPAÑOL y que figuran con su logotipo.
Se trata de documentos obrantes en el sumario de la causa y que este periódico comprobó que no son auténticos. Fueron aportados al Ayuntamiento de Madrid por la empresa malasia Leno, la proveedora del material sanitario que los hoy imputados Luis Medina y Alberto Luceño ofrecieron al consistorio y por el que cobraron una abultada comisión.
En el caso Mascarillas, el juez Carretero investiga la supuesta estafa sufrida por el consistorio de la capital en tres contratos: de guantes, mascarillas y test contra el coronavirus. Por ellos, pagó más de 11 millones de euros de dinero público en los peores días de la pandemia del coronavirus.
Según consta en un auto fechado este martes, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid pide a ECM que "informe acerca de su competencia para emitir certificados sobre productos sanitarios de protección, tales como mascarillas".
Lo hace "a la vista de los certificados con el membrete de esta entidad que obran en la causa" y que la propia Ente reconoció, a preguntas de este medio, que no son válidos. Es más, ya figuran en la base de datos de ECM de certificados fakes.
Además, el juez ha ordenado al Ayuntamiento de Madrid que, en el plazo de 20 días, informe al Juzgado sobre el uso que ha dado a las mascarillas que proveyeron los investigados Alberto Luceño y Luis Medina. Y que expliquen al juez "cómo y cuándo se han distribuido las mascarillas" y "si existe stock" de las mismas en dependencias municipales o si todas ellas fueron destruidas, una vez las FFP2 de grafeno se consideraron peligrosas para la salud.
A su vez, consulta sobre el destino dado a las 183.000 mascarillas que fueron donadas por Luceño y Medina, como parte de los contratos.
Citado como testigo
El juez también cita como testigo a Mario Tabasco, jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en Madrid Salud, el organismo autónomo adscrito al Ayuntamiento de la capital y encargado de las materias de salud pública.
Tabasco deberá acudir al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid el próximo 17 de junio a las 12.30 de la mañana.
Carretero estima así todas las peticiones del PSOE, personado en la causa como acusación popular. El fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol tampoco se ha opuesto a practicar ninguna de estas diligencias.
Según explica Carretero en el auto, el motivo principal de la citación de Tabasco es el correo electrónico que intercambió con Antonio Prieto, gerente de Madrid Salud, una vez Medina hizo llegar a la Administración municipal su oferta de material antiCovid, en marzo de 2020.
El magistrado también avanza que citará como testigo al autor del Informe técnico sobre adecuación a la normativa de mascarillas de grafeno KN95 en el contexto de la crisis sanitaria Sars-Cov-2 (Covid-19). Este documento es relevante ya que éste era el modelo de mascarillas proveídas por Luceño y Medina: KN95 y de grafeno. Por ello, solicita a la Policía Municipal de Madrid que le identifique y localice.
Por ello, además, el juez ordena librar oficio a la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) para que informe sobre el grado de idoneidad de dichos productos sanitarios en relación con la normativa vigente en el año 2020.
Los certificados falsos
Tal y como desveló este periódico, al menos uno de los certificados de conformidad aportados por la compañía asiática Leno es falso. Fue entregado por Luceño a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid que en marzo de 2020 adquirieron por 6,6 millones de dólares un millón de mascarillas KN95, compraventa que investiga ahora el Juzgado de Instrucción 47 de la capital.
El documento está firmado por la certificadora italiana Ente Certificazione Macchine. Es un modelo usado por esta compañía para evaluar la documentación técnica de los productos que es facilitada el propio peticionario del certificado.
Esta verificación técnica se solicita de forma voluntaria y no equivale a un certificado CE, necesario para comercializar determinados productos en el mercado europeo.
La certificadora ECM confirmó a EL ESPAÑOL la falsedad de este aval. Para poder ser vendidos en la Unión Europea, muchos productos deben llevar obligatoriamente el marcado CE, que demuestra que el fabricante ha evaluado el producto y éste cumple los requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la UE.
El certificado o marcado CE sólo puede ser emitido por determinados organismos notificados, entidades independientes que verifican que el producto cumple los requisitos técnicos pertinentes. La italiana ECM es un organismo notificado para determinados productos, como maquinaria, pero no para equipos de protección individual (EPI).
El documento proporcionado por Leno para el contrato de las mascarillas no es un certificado CE. En una parte de la documentación entregada a la funeraria municipal que encargó los productos sanitarios, es calificado de certificate of EC compliance y en otra parte de certifications of CE compliance. Pero tampoco es un certificado de conformidad, ya que no es auténtico.
"El certificado con el número OP20031.O.ZT0044 es falso. Su uso está prohibido y penado por la ley", afirmó la certificadora italiana en un correo electrónico enviado a EL ESPAÑOL tras una consulta realizada por este periódico.