"El secuestro es lo que crea la inestabilidad por su dureza". "Es muy importante el darles a los políticos del PP; cualquier político del PP es objetivo". "Si no podéis hacer un secuestro, darle en toda la cabeza".
Las tres frases anteriores son extractos de cartas y demás comunicaciones internas de la banda terrorista ETA durante los meses previos al asesinato de Miguel Ángel Blanco, cometido en 1997. Y figuran en un informe enviado recientemente por la Ertzaintza al magistrado Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional.
El juez reabrió el pasado marzo la investigación sobre el secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua, tras una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia dirigida contra los entonces jefe de la banda.
El magistrado encargó a la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza que elaborasen sendos informes sobre las conexiones entre el comité de dirección etarra, denominado zuba, y los hechos que se investigan.
Y éste —las cartas, boletines, notas y demás comunicaciones internas de ETA incautadas durante varios registros o tras las detenciones de algunos de sus miembros— han sido el principal punto de apoyo que ha empleado la Policía autonómica vasca para conectar a la cúpula terrorista con los hechos. Su informe apunta, principalmente, hacia dos jefes etarras: Kantauri, responsable del aparato militar, y Anboto.
La Ertzaintza también recuerda la férrea jerarquía que seguía la banda armada, "perfectamente estructurada" y en la que cada miembro se encontraba "sometido a la disciplina y a las órdenes" dictadas por el comité ejecutivo.
'Kantauri'
Una de las figuras más destacadas de la zuba de ETA en aquellas fechas era Kantauri, el alias empleado por Javier Arizcuren Ruiz. En dos cartas requisadas en la operación que en 1997 desarticuló el comando Vizcaya, Arizcuren apremia a sus miembros a matar o secuestrar a un político del PP. Especialmente, esto último. Y de forma urgente.
"La importancia de este momento es inmensa. Lo que os pedimos es que las acciones que realicéis sean directas contra las fuerzas de ocupación (Guardia Civil, militares, Policía Nacional...) y un esfuerzo enorme con los políticos. Es muy importante el darles a los políticos del PP. Deciros que cualquier político del PP es objetivo. Repetiros lo importante de estas acciones. (...) Otra cosa: poned toda la fuerza posible en levantar a un concejal del PP, dando un ultimátum de días para que los presos están en Euskadi. (...) En relación a este tema (secuestro), hacerlo lo antes posible".
A ojos de la Ertzainza, cartas como éstas, con "instrucciones precisas al comando", implican a Arizcuren como "posible inductor del secuestro y posterior asesinato". En una nota posterior, fechada en septiembre de 1997, el exjefe de ETA vuelve a insistir en la relevancia de estas acciones para la banda.
Informe de la Ertzaintza sobre la cúpula de ETA.
"Con el tema de los concejales y políticos, me figuro que en el mes de agosto habréis tenido problemas para encontrarlos por las vacaciones, pero vuelvo a insistir sobre la importancia de este tipo de acciones. Poner toda nuestra fuerza, ganas y militancia en levantar un concejal del PP. Espero vuestra contestación sobre ese tema tan importante".
En esa segunda carta, fechada apenas dos meses antes que la primera, Kantauri ofrece una alternativa si el secuestro no es viable. "Si no podéis hacer un secuestro, darle en toda la cabeza, pero tened en cuenta que el secuestro es lo que crea la inestabilidad de contradicciones mayores por su dureza", expone. Tras ello, Arizcuren solicita los miembros del comando Vizcaya que le indiquen, mediante una nota, "cuándo" y "qué" van a intentar.
"Órdenes" de la cúpula
Finalmente, el concejal del PP Miguel Ángel Blanco fue secuestro el 10 de julio de 1997. A las 18.30 de ese día, la emisora de radio Egin-Irratia emitió un comunicado de ETA. Hubo un ultimátum al Gobierno de José María Aznar. El coste de su puesta en libertad —anunciaron las ondas— sería el traslado al País Vasco de los 600 presos de la banda, dispersos en cárceles de toda España, antes del sábado siguiente, día 12. El 13, murió tras haber recibido horas antes dos disparos en la cabeza.
La propia sentencia que condena a los dos autores materiales de su asesinato —Txapote y Amaia, del comando Donosti— reconoce que ambos actuaron siguiendo "órdenes" de la dirección etarra.
Un boletín interno de la banda, fechado en julio de 1993, ya insistía entonces en lo importante que resultaba para ETA el asesinato de un concejal. Por encima, incluso, que el de un agente de la policía vasca.
"Pues el día que un tío del PSOE, PP o PNV va al funeral de un txakurra [significa perro, término despectivo usado por los etarras contra los ertzainas] y se le llena la boca de palabras de condena y lágrimas de cocodrilo no ve en peligro su situación personal y asume ese tipo de ekintzas [acciones], pues están hechos una piña en contra de nuestros derechos como pueblo. Pero el día que vaya al funeral de un compañero de partido, cuando vuelva a casa, quizá piense que es hora de encontrar soluciones o quizá le toque estar en el lugar que estaba el otro (o sea, en caja de pino y con los pies por delante)".
'Kantauri', en una imagen de archivo.
La Ertzaintza también entra a valorar las consecuencias de los comunicados de ETA difundidos en radio o prensa. "La banda terrorista pretende con ello que se tenga conocimiento general de que ha sido ETA, como organización armada, la que asume la autoría de los atentados cometidos por sus comandos y, por tanto, se hace responsable de las consecuencias de ellos derivados".
Varias actas de declaración de miembros de ETA, una vez detenidos, también aluden a Kantauri como uno de los jefes de la banda que marcaban la "prioridad" de determinados objetivos. Algo similar sucede con otro de los entonces líderes de ETA, Anboto, alias utilizado por Soledad Iparraguirre. Varias cartas y actas la sitúan como otra de las voces que señalaba objetivos, tanto personales como materiales, contra los que atentar.
Kantauri acabaría siendo detenido en 1999. Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el Tribunal de Apelación de París ha denegado al juez García-Castellón poder interrogarle por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Arizcuren y Anboto son dos de los nueve jefes de ETA contra los que se dirigía la querella de Dignidad y Justicia.
En una reciente resolución, la Justicia francesa denegó a la Audiencia Nacional, por el momento, poder tomarle declaración, aunque el etarra está interno en una cárcel española.
Pese a ello, el juez García-Castellón debía consultar a las autoridades galas si acordaban la ampliación de la euroorden que permitió su extradición. Ello es debido a que el juez pretende interrogarle por unos hechos diferentes a aquellos por los que Francia acordó hace varios años su entrega a España.
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