El TC entra ya en prórroga y el Gobierno da al PP un ultimátum para renovarlo con el CGPJ: en julio

González-Trevijano y Narváez fueron elegidos por el Gobierno de Rajoy para la magistratura constitucional en junio de 2013. Xiol y Martínez-Vares fueron designados por el Consejo General del Poder Judicial en la misma fecha.

Corresponde, por tanto, al Gobierno -ahora en manos del PSOE- y al CGPJ llevar a cabo la renovación parcial del TC conforme al mandato de la Constitución según el cual el tribunal "se renovará por terceras partes cada tres años".

Nunca esas ocho palabras habían sido tan analizadas como ahora. En todas las renovaciones parciales que ha vivido el máximo intérprete de la Constitución, los cuatro nuevos magistrados se han incorporado a la vez, tras tomar posesión juntos.

Pero en esta ocasión ocurre una circunstancia insólita: el CGPJ no puede elegir a los dos magistrados que le competen porque una ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021 impide al órgano de gobierno del Poder Judicial hacer nombramientos discrecionales.

Esa ley -que se encuentra recurrida ante el TC- fue aprobada con el propósito de presionar al PP de Pablo Casado para que desbloqueara la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que debió ser sustituido en diciembre de 2018.

Pero lo cierto es que esa reforma no logró doblegar a Casado (ni tampoco a su sucesor, Alberto Núñez Feijóo) y ahora es el Ejecutivo de Sánchez el que se encuentra condicionado por una norma cuyas consecuencias están pagando los tribunales en forma de vacantes que no se cubren, situación especialmente alarmante en el Tribunal Supremo.

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Fuentes del Gobierno no barajan una contrarreforma que levante la veda para el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional por el CGPJ, por más que sea una opción en la recámara que no se descarta.

El plan A del Gobierno es llegar de una vez por todas a un acuerdo con el PP sobre la elección de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces. El pacto que estaba "casi" hecho el pasado octubre, cuando el Ejecutivo se empeñó en que el magistrado José Ricardo de Prada debía ser vocal y el PP se empeñó en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para devolver a los jueces la elección de 12 de los 20 consejeros.

Luego el PP se enfrascó en el conflicto entre Casado e Isabel Díaz Ayuso, vinieron las elecciones en Castilla y León, y al aterrizaje de Feijóo en Génova le sucedió enseguida la convocatoria electoral en Andalucía.

"La última oportunidad"

"No vamos a esperar más", advierten desde Moncloa. "Lleva siendo intolerable desde hace mucho tiempo el bloqueo del PP y su negativa a cumplir la Constitución. La renovación del CGPJ tiene que pactarse antes de que acabe julio".

Esa nueva fecha mágica es "la última oportunidad", afirman fuentes gubernamentales. Consideran que a la vuelta del verano ya se entrará en tiempo electoral. En la primavera de 2023 hay comicios municipales y autonómicos y después vendrán las elecciones generales.

"Si alguien en el PP tiene la tentación de no renovar el CGPJ creyendo que llegarán al Gobierno el año que viene, que tenga en cuenta que entonces seríamos nosotros los que nos negaríamos", indican las mismas fuentes, que no ven en los populares una voluntad decidida de llegar a un acuerdo.

Tras su primera reunión con Pedro Sánchez, Feijóo tardó tres semanas en dar el nombre del nuevo negociador, Esteban González Pons. Entre éste y el ministro Félix Bolaños, que sigue al mando de la negociación, hubo un único contacto antes de que se interpusieran las elecciones andaluzas.

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Entonces González Pons emplazó a Bolaños a conversar después del 19 de junio, y rechazó la propuesta del ministro de Presidencia de ir avanzando en una negociación discreta para que el acuerdo estuviera cuajado tras las votaciones en Andalucía.

El TC, prioridad

Para el Gobierno, el TC es una prioridad absoluta, por encima del CGPJ. La sustitución de sólo dos de los cuatro magistrados que este domingo terminan su mandato permitirá un cambio de la mayoría en el órgano que ha propinado a Pedro Sánchez uno de los más rotundos varapalos de la historial constitucional, al tumbar el andamiaje legal construido para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

Y nombrar a esos dos magistrados que darán el vuelco a la actual mayoría conservadora del TC está precisamente en manos del Gobierno, dado que en esta renovación le corresponde intervenir al Poder Ejecutivo y al Judicial.

Si en estos momentos hay siete magistrados propuestos por el PP y cinco por el PSOE-Podemos, la incorporación de los dos juristas que elija el Gobierno dejará en cinco a los magistrados conservadores y elevará a siete el número de progresistas.

Las fuentes consultadas aseguran que el Gobierno no designará a los sustitutos de González-Trevijano y Narváez antes del 19-J pero sí lo hará después, sea con los dos nombrados por el CGPJ -si hay acuerdo con el PP para la renovación de este órgano-, sea en solitario.

Pero en este segundo escenario el choque institucional sería inevitable. La mayoría de los actuales magistrados del TC considera que el mandato constitucional es claro: el tribunal "se renovará por terceras partes cada tres años". Y ello obliga a que los cuatro nuevos miembros se incorporen juntos a la institución y juntos comiencen su mandato.

De otra forma, argumentan, se produciría un grave desajuste en las sucesivas composiciones del Constitucional, ya que la mitad del tercio Gobierno-CGPJ empezaría y terminaría su mandato antes que la otra mitad.

El plácet

Junto a ello, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prescribe que los magistrados "continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles". Es decir, el momento clave no es el del nombramiento sino el de la toma de posesión y para que ésta se produzca el TC debe dar el plácet a los nuevos magistrados.

El plácet consiste en verificar que los propuestos "reúnen los requisitos requeridos por la Constitución", establece la ley.

La mayoría del TC considera que no se trata sólo de comprobar las condiciones personales (ser juristas españoles de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional), sino que la Constitución también requiere que "los miembros del Tribunal Constitucional (...) se renovarán por terceras partes".

De este modo, estiman no se ajustaría a los requisitos establecidos por la Norma Fundamental que la renovación fuese de sólo dos miembros del tercio que corresponda.

Moncloa defiende que forma parte de sus obligaciones constitucionales nombrar a los dos miembros del TC al término del mandato de los anteriores. Si lo hace al margen del CGPJ, el conflicto está servido porque el actual tribunal no daría el plácet a esos dos juristas, que quedarían nombrados pero no podrían tomar posesión.

No habría, por tanto, cambio de la mayoría en el Constitucional, un órgano que tiene sobre la mesa las impugnaciones de la ley Celaá, de la ley que permite la eutanasia, el aborto o la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, entre otras cuestiones de alto voltaje social y político.

El Gobierno es consciente del enfrentamiento institucional que se desencadenaría si acuerda el nombramiento de los dos magistrados que le corresponde designar y envía sus nombres para que el TC les dé el visto bueno sin esperar al CGPJ.

También sabe que la crisis no sólo sería externa sino también interna porque hay magistrados del sector progresista que creen que el plácet no podría denegarse.

Abstenciones

Desde este sector y desde el Gobierno se está, además, alimentando la tesis de que tanto González-Trevijano como Narváez deberían abstenerse de participar en la reunión del TC que debatiera sobre el plácet "al estar directamente interesados en su resultado".

Esto introduce otro elemento para la discordia. Hasta ahora todos los magistrados han intervenido en el otorgamiento del beneplácito a los nuevos miembros del tribunal. Nadie ha cuestionado la intervención de los salientes, ni siquiera en las contadas ocasiones en las que se ha puesto en duda la idoneidad de algún candidato.

Fue el caso de Enrique López en junio de 2013, cuando fue propuesto por el Gobierno de Rajoy para acceder al TC. Nadie planteó entonces que los progresistas Pablo Pérez Tremps o Manuel Aragón, que eran los magistrados salientes y que, además, se negaron a dar el plácet a López, no pudieran intervenir.

La idea de que ni González-Trevijano ni Narváez deberían participar en el plácet a sus sucesores ha encontrado, además, una réplica en el tribunal, donde se sostiene que también tendría que abstenerse Xiol porque él se quedaría de presidente si Trevijano no interviene.

Para completar el rompecabezas, fuentes del TC recuerdan que están en manos de dos magistrados del sector progresista -Xiol y María Luisa Balaguer- los recursos del PP y Vox contra la reforma que impide al CGPJ realizar nombramientos discrecionales. 

Pese a que los recursos de inconstitucionalidad fueron presentados en abril de 2021, los ponentes tardaron cinco meses en llevarlos al pleno para su admisión a trámite y desde entonces -septiembre de 2021- "están en un cajón y no hay intención de debatirlos", aseguran.

De este modo, dos instituciones básicas para el funcionamiento del Estado de Derecho están en prórroga y pendientes de que PSOE y PP empiecen a hablar tras el 19-J.