El fiscal anticorrupción rebaja la pena de cárcel que pide para el comisario Villarejo de 111 años a 83

Los fiscales anticorrupción Miguel Serrano y César de Rivas han pedido este martes a la Audiencia Nacional que condene al excomisario José Manuel Villarejo a un total de 83 años y seis meses de cárcel por los tres primeros procedimientos del caso Tándem que se están enjuiciando.

Los representantes del Ministerio Público han presentado su acusación definitiva, en la que han rebajado la petición de penas plasmada en los escritos provisionales, anteriores al juicio oral.

A la vista de las pruebas practicadas, los fiscales han optado por retirar algunos cargos, en concreto el cohecho activo, el tráfico de influencias y varios de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

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También han tenido en cuenta el perdón que este mismo martes ha otorgado el abogado y exjuez Francisco Javier de Urquía a todos los acusados, que quedan exonerados así del delito de revelación de secretos del que fue víctima y que él mismo relató el pasado 25 de abril. Urquía se refirió al perjuicio profesional y, sobre todo, familiar que le supuso la difusión de videos íntimos presuntamente encargados por Villarejo y aseguró que "el daño sigue produciéndose". Ni él ni su abogado han explicado el motivo de su perdón de última hora a los acusados.

La petición de penas para Villarejo ha pasado de 109 años y 10 meses de prisión en el escrito de acusación provisional a 83 años y 6 meses en el definitivo.

La Fiscalía pide para el excomisario 44 años de cárcel (inicialmente, 57 años) en la pieza Iron. Esta parte del caso Tándem se refiere a un encargo hecho a Villarejo en 2013 por el bufete Herrero y Asociados para que el entonces policía en activo investigara si varios de sus antiguos socios y empleados, que se habían marchado de la firma para crear la suya propia, estaban entrando en sus bases informáticas para sustraer contratos de la cartera de clientes.

También solicita para Villarejo 34 años de prisión (antes, 38 años y 10 meses) en la pieza Land, que tiene por objeto otro encargo de espionaje en el marco de una disputa interna de la familia García-Cereceda por la herencia del fallecido promotor de la urbanización de lujo La Finca, en Madrid.

Finalmente, pide 5 años y seis meses de prisión (en principio eran 14 años) en Pintor. En esta pieza se juzga la contratación de Villarejo por el empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando Muñoz para espiar a un exsocio y al abogado de éste, Francisco Javier de Urquía.

La rebaja de penas es más sensible en otros acusados como la esposa de Villarejo. Gemma Alcalá se enfrentaba a una petición de 83 años de cárcel que se ha quedado ahora en un total de cinco años.

Aún es más acusada la disminución de la petición para José Manuel Villarejo Gil, hijo del excomisario, que ha pasado de 14 años de prisión a uno.

El socio y mano derecha de Villarejo, Rafael Redondo, también afronta menos petición de condena. Para él los fiscales solicitaron de forma provisional 102 años de cárcel, que han pasado a ser 69 años y seis meses.

El escrito de acusación definitiva mantiene los pactos que los fiscales han alcanzado con acusados como Susana García-Cereceda, los hermanos Juan y Fernando Muñoz y una parte de los directivos del bufete Herrero a cambio de un reconocimiento de los hechos delictivos. Para ninguno de estos acusados se piden penas que, de ser impuestas, conlleven su ingreso en prisión. 

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Los fiscales han retirado la acusación sólo respecto a dos implicados, el policía Javier Fernández y el funcionario de Hacienda jubilado Antonio Chaparro. La Fiscalía considera acreditado que de sus ordenadores salió información reservada que utilizó Villarejo "pero no ha quedado del todo acreditada su connivencia" con los demás acusados para utilizar esa información.

De escrito han desaparecido todas las menciones al excomisario Enrique García Castaño, para quien el juicio fue suspendido después de sufrir un ictus.