El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha acordado el archivo de las diligencias abiertas el pasado febrero para investigar la intermediación de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta del Gobierno madrileño, en un contrato 250.000 mascarillas anti-Covid adjudicado por la Comunidad de Madrid durante la pandemia por un importe de 1,5 millones de euros.
"La investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en el proceso de adquisición de mascarillas a la mercantil Priviet Sportive", perteneciente a Daniel Alcázar, amigo de los Díaz Ayuso, afirma el decreto de archivo.
Respecto de Isabel Díaz Ayuso, el fiscal anticorrupción afirma que la hipótesis delictiva planteada por el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos en sus denuncias "se fundamentaba en una secuencia de hechos de la que inicialmente no se deducían indicios razonablemente verosímiles ni de la realización del hecho investigado, ni de su carácter delictivo ni de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada".
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"La investigación desarrollada en estas diligencias no ha confirmado la referida hipótesis delictiva ni permite avanzar más en ella", añade Luzón, que acuerda el archivo "sin realizar pronunciamiento alguno en lo concerniente a los posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y cohecho" que está investigando la Fiscalía Europea respecto a los mismos hechos.
Luzón explica que no hay rastro de que los funcionarios que intervinieron en la contratación de Priviet recibieran "indicación, llamada, recomendación o sugerencia" alguna y concluye: "No consta intervención directa ni indirecta de la presidenta de la Comunidad de Madrid en este expediente como tampoco de la mediación en su nombre de Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna".
No fueron 286.000€
La investigación también ha permitido concretar la comisión que Priviet pagó a Tomás Díaz Ayuso: 234.103,52 euros por trabajos —documentalmente acreditados— de preparación de las ofertas y de selección del material sanitario.
No fueron, por tanto, los 286.000 euros mencionados por el expresidente del PP, Pablo Casado, desencadenando un conflicto con la presidenta madrileña que acabaría con su salida de Génova.
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La investigación tampoco ha aportado ningún elemento que permita concluir que el hermano de Ayuso hiciera gestiones ante el SERMAS o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para Priviet.
"Ni siquiera que aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos que, de acuerdo con el procedimiento seguido por la Subdirección General de Contratación, no era en absoluto necesario para presentar la oferta", añade.
El fiscal anticorrupción ha descubierto que Priviet hizo tres ofertas de mascarillas, pero la Comunidad de Madrid no aceptó nada más que una. "Resulta expresivo que la Subdirección General de Contratación desestimara la adquisición de las otras dos partidas de mascarillas a Priviet y que rechazara igualmente la adquisición del material de protección ofertado por Priviet el 23 de marzo de 2020 (50.000, 100.000 y
150.000 unidades de batas) por considerar el precio excesivo y negarse a
adelantar el pago de parte del precio, como pedía Priviet", explica.
Durante las diligencias han declarado como testigos los funcionarios que intervinieron en la contratación y Daniel Alcázar -todos ellos como testigos-, así como Tomás Díaz Ayuso, como investigado.
Se ha contado, además, con los documentos que tanto Alcázar como Tomás Díaz Ayuso han aportado y la unidad de apoyo de la Agencia Tributara adscrita a la Fiscalía Anticorrupción ha investigado la información con trascendencia tributaria disponible.
El contexto
Luzón destaca que durante la pandemia generada por el coronavirus "la actividad de la práctica totalidad de los organismos e instituciones públicas se vio condicionada por esta situación, que afectó de manera singular al sector sanitario".
"Difícilmente puede hacerse abstracción de las circunstancias que concurrieron en esta y otras adquisiciones de material de protección, con toda la población madrileña —y española— confinada, centenares de muertes diarias y la apremiante y casi dramática necesidad de adquirir mascarillas que protegieran, en primer lugar, al personal sanitario, especialmente expuesto al virus", recuerda.
También subraya que la imposibilidad de contar con los suministros sanitarios imprescindibles en las primeras etapas de la pandemia produjo una notable incertidumbre en relación con la negociación de los contratos y la fijación de los precios, las calidades de los productos, los plazos de entrega "o, incluso, acerca de la propia certeza sobre el buen fin de las operaciones comerciales llevadas a cabo", aunque ello "no implica que, al socaire de la situación que se había creado, puedan quedar amparados comportamientos irregulares ni, mucho menos, delictivos".
Luzón ha comprobado que Tomás Díaz Ayuso venía trabajando en el mercado sanitario "desde finales del siglo pasado" y tiene contactos con fabricantes de equipamiento y material sanitario de diferentes países del mundo, incluida China.
Priviet, dedicada al comercio al por mayor de prendas de vestir, importaba habitualmente estos productos del mercado asiático. La pandemia la había sumido en una "complicada situación económica, con dificultades para dar continuidad a su negocio".
El negocio
En marzo de 2020, Tomás Díaz Ayuso propuso a Daniel Alcázar que Priviet importara material sanitario anti-Covid aprovechando su experiencia en el mercado asiático y "aportando él al proceso comercial su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario, de los proveedores y clientes potenciales así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados".
El 10 de marzo de 2020, Tomás Díaz Ayuso presentó a Alcázar un documento de 37 folios "para la introducción de la empresa Priviet Sportive S.L. en el mercado sanitario", con el epígrafe Descripción de productos y características técnicas. Suministro de material necesario para hacer frente a la Covid-19 enfocado a varias Comunidades Autónomas, organismos de la Administración General del Estado y todo tipo de empresas privadas, tanto nacionales como internacionales.
Alcázar acordó con Tomás Díaz Ayuso que Priviet le remuneraría con una cantidad fija
de 175.000 euros y un bonus a determinar por cada operación de venta exitosa, con un tope máximo del 7%.
"El análisis de la tramitación del contrato, de su objeto, precio y ejecución no permite concretar ilegalidad alguna, al menos en lo concerniente a las conductas incluidas en el perímetro de esta investigación", indica el fiscal jefe anticorrupción.
La actuación administrativa
El decreto de Luzón describe que, una vez declarado el estado de alarma el 14 de marzo de 2020 y a la vista de la extraordinaria necesidad de conseguir material sanitario, la Subdirección General de Contratación de la Comunidad de Madrid se dirigió a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) —que remitió la petición a todos sus miembros— para que pudieran enviar sus ofertas directamente.
En el correo de la Subdirección se comenzaron a recibir ofertas de numerosas empresas, una de las cuales fue Priviet.
El 23 de marzo de marzo de 2020, un representante de esta compañía ofreció tres partidas de mascarillas: de 150.000, 250.000 y 500.000 unidades, al mismo precio de 5 euros pero con diferentes plazos de entrega. En la preparación de estas ofertas intervino Tomás Díaz Ayuso.
La Subdirección solo se interesó por la adquisición de la segunda partida. El 28 de marzo Priviet envió una oferta firme. Ese mismo día, la subdirectora general, "comprobada la adecuación del material y la razonabilidad del precio", contestó a la empresa de Alcázar que iniciaban la elaboración del expediente.
Tomás Díaz Ayuso "no tuvo intervención en el procedimiento seguido en la Subdirección General de Contratación", reitera el fiscal anticorrupción.
De acuerdo con las declaraciones prestadas y la documentación, "no fue él quien contactó con la Subdirección sino Priviet, desconociéndose en dicha Subdirección que Díaz Ayuso tuviera relación alguna con esta empresa".
"Es significativo", considera, "que en los correos que envió Priviet a la Subdirección, Tomás Díaz Ayuso figurara en copia oculta, por lo que su intervención en la operación, de asesoramiento técnico a la empresa para preparar la oferta, fue desconocida por los funcionarios tramitadores de ésta".
La tramitación, por lo demás, fue "plenamente conforme" con el procedimiento previsto para la tramitación de emergencia.
Las empresas asiáticas
Priviet compró las mascarillas a la sociedad coreana K Beauty&Media, con la que Alcázar ya había mantenido relaciones comerciales en el pasado. Tomás Díaz Ayuso intervino "ordenando y validando las ofertas" planteadas por K Beauty.
Inicialmente se aceptaron las mascarillas fabricadas por la empresa china Jiaxing Yinou Busway Co. Ltd., pero finalmente la mercantil coreana decidió adquirir, previa consulta con Priviet y con Tomás Díaz Ayuso, el mismo tipo de mascarillas a Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment Co., Ltd., "cuya documentación ofrecía más garantías de fiabilidad".
Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment Co., Ltd aportó un certificate of compliance emitido por la italiana ECM "que era válido".
"En definitiva", indica el fiscal anticorrupción, "las mascarillas respondían a las especificaciones y calidad contratadas y así fueron aceptadas por el Servicio Madrileño de Salud".
Luzón también da por buena la comisión percibida por el hermano de la presidenta madrileña de 234.103,52 euros.
Tributación
Una parte (175.000 euros) correspondía a los trabajos realizados para Priviet en relación con distintas ofertas. El resto (59.203,52 euros), al bonus pactado.
Priviet declaró la retribución íntegra satisfecha a Tomás Díaz Ayuso en el modelo 190 y de nuevo, aunque innecesariamente porque ya lo había hecho, en el modelo 347 (operaciones con Terceros).
Tomás Díaz Ayuso, por su parte, declaró las operaciones por el mismo importe en el modelo 303, del segundo trimestre de IVA.
Luzón también descarta que Priviet no pudiera contratar con la Comunidad de Madrid: "Para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar, Tomás Díaz Ayuso tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno".
Tampoco considera aplicable la normativa sobre abstención de cargos públicos en procedimientos administrativos. "No resulta aplicable a Isabel Díaz Ayuso porque no ha intervenido en el procedimiento, habida cuenta de que el Consejo de Gobierno no es órgano de contratación en la Comunidad de Madrid", concluye.