Por segunda vez en los últimos meses, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha acordado expresar su "honda preocupación" por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial y por la reforma impulsada por el Gobierno que impide al CGPJ cubrir las vacantes que se vienen produciendo en el alto tribunal desde marzo de 2021.

La Sala de Gobierno del TS ha pedido al CGPJ que transmita esa preocupación al Congreso de los Diputados y al Senado, encargados tanto de la renovación del órgano de gobierno de los jueces como de la función legislativa.

Se está creando una situación "que, de continuar, será insostenible", advierte el alto tribunal. "El paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento".

El pasado octubre el TS ya advirtió de que se iban a producir "graves dificultades" para configurar las Salas debido a las vacantes y calculó que se dictarán unas mil sentencias anuales menos.

El acuerdo del Tribunal Supremo se produce cuatro días después de que el Gobierno haya anunciado una nueva reforma legal para levantar la prohibición al CGPJ de hacer nombramientos discrecionales en lo que se refiere a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar.

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Sin embargo, se seguirá impidiendo al órgano de gobierno de los jueces cubrir las vacantes del Tribunal Supremo, que ascienden ya a 14, el 17% de su plantilla.

Esta discriminación es percibida como un "agravio" en la Judicatura, en la que el malestar es notable.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente se han manifestado contra esa última iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez.

Críticas a "legislar a la carta"

La AJFV ha subrayado que si el CGPJ no puede nombrar a los magistrados del TC "es porque hace un año el Gobierno promovió una reforma legal para privarle de esa competencia mientras estuviera en funciones" y si el Consejo está en funciones es "porque los diputados y los senadores -en particular de los grupos parlamentarios cuya participación es imprescindible para alcanzar la mayoría necesaria- están incumpliendo desde hace más de tres años su deber constitucional de nombrar a los nuevos vocales del CGPJ".

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"Legislar a la carta y obstaculizar el cumplimiento de mandatos constitucionales en función de los intereses de un partido o del Gobierno en cada momento es el mejor modo de destruir las bases de nuestra convivencia democrática", advierte la asociación judicial.

"Proyectar un comportamiento como el indicado sobre la Justicia manifiesta un desprecio absoluto por los derechos de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, porque son los jueces quienes deben asegurar que aquellos derechos sean respetados de manera efectiva", añade.

Tras volver a pedir que haya un acuerdo para renovar el CGPJ "conforme a criterios que excluyan la imagen de politización del órgano", la AJFV considera "urgente" que se promueva una reforma legal "para establecer un sistema de elección de vocales del CGPJ que no permita que, en lo sucesivo, se produzcan situaciones de interinidad como la actual y que garantice la imagen de neutralidad política del CGPJ, siguiendo las exigencias de las instituciones europeas al respecto".

"Sobre todo, es urgente que los grupos políticos dejen de utilizar el sistema judicial como un instrumento de satisfacción de sus propios intereses, en detrimento de la convivencia democrática entre todos los españoles", concluye.

Por su parte, el FJI destaca la paradoja de que "con la nueva reforma ya no importa la legitimidad del órgano, tampoco favorecer la renovación, ni mucho menos que los nombramientos los haga el Consejo saliente. Se trata de que el Gobierno pueda, con sus dos propuestas de magistrados, cambiar la mayoría del TC".

"El Gobierno, con esta actuación, pone al Parlamento en la tesitura penosa de reformar una reforma y desdecirse de lo dicho. Deteriora la imagen del Tribunal Constitucional, órgano de máxima relevancia en la arquitectura del Estado, que debería estar alejado de intereses de partido. Desprecia al CGPJ, a quien le ha desprovisto de una función constitucional como es la de realizar nombramientos, para ahora devolverle únicamente la capacidad de hacer los nombramientos que le interesan al Gobierno. Y finalmente solivianta al TS que está trabajando con un 20 % [en realidad, el 17%] de sus plazas vacantes".