Nueve de los vocales propuestos por el PP en el Consejo General del Poder Judicial han presentado esta tarde un escrito en el que proponen que el pleno de la institución debata el próximo jueves la última reforma de sus competencias promovida por el Gobierno.
La modificación, que tramita el Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley del Grupo Socialista, levanta la prohibición de que el CGPJ haga nombramientos discrecionales mientras esté en prórroga de mandato, aunque sólo podrá elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar.
El Gobierno quiere renovar cuando antes el TC con la designación de esos dos nuevos jueces y los dos que nombrará el propio Ejecutivo. Con ello logrará el vuelco de la mayoría del tribunal, que pasará de manos conservadoras a progresistas.
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Sin embargo, la proposición mantiene el veto al resto de nombramientos discrecionales que competen al CGPJ. Esta situación está causando serias dificultades para el funcionamiento del Tribunal Supremo, que ya acumula 14 vacantes que no pueden ser cubiertas.
El asunto se debatirá con toda seguridad en el pleno del CGPJ porque bastan cinco firmas para ampliar el orden el día y el escrito presentado lleva el doble. No lo firman, sin embargo, ni el vocal propuesto por el PP Vicente Guilarte ni los demás vocales, propuestos por el PSOE, IU y PNV.
El escrito propone que el CGPJ solicite al Congreso de los Diputados que recabe el informe del Consejo en relación con la proposición de ley presentada "en el aspecto relativo a las atribuciones de este órgano en el sentido de devolverle también y con plenitud las atribuciones para los nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional".
Plantea, asimismo, que el órgano de gobierno de los jueces se dirija a la Comisión Europea "para informar sobre la proposición de ley".
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Los vocales recuerdan que el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE "impone que, cuando la proposición de ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecten al estatuto o las funciones de los miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ".
La misma Comisión Europea ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones que las modificaciones que afectan al Poder Judicial deben consultarse con las instituciones afectadas y con la Comisión de Venecia.
Los vocales también exponen que, según la exposición de motivos, la finalidad de la proposición de ley es evitar las dificultades que la norma vigente entraña para la renovación de los órganos constitucionales.
"Tal justificación resulta contradictora e incoherente", afirman. "Tan órgano constitucional es el Tribunal Constitucional como lo son los Juzgados y Tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial cuyo superior, en todos los órdenes, es el Tribunal Supremo, de acuerdo con el artículo 123.1 de la Constitución Española".