La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha encomendado a la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería que investigue las muertes ocurridas el pasado día 24 en la frontera de Melilla, un suceso en el que perdieron la vida, al menos, 23 inmigrantes.
Según un decreto firmado este martes por Delgado, la fiscal especializada Beatriz Sánchez se encargará de "la averiguación de las circunstancias de los hechos", en los que más de una veintena de personas murieron en territorio marroquí tras intentar saltar la valla que separa el país africano de la ciudad autónoma española.
"Otras muchas —recuerda la Fiscalía— resultaron lesionadas". Se calcula que hay más de 60 migrantes heridos, así como unos 140 policías marroquíes y más de 50 agentes españoles.
De acuerdo con un comunicado difundido por el Ministerio Público, la decisión de la máxima responsable de la Fiscalía española "se fundamenta en la trascendencia y gravedad de los hechos acaecidos, que pudieran afectar a los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas". El comunicado también subraya la "singularidad" y la "complejidad" de esta investigación.
La propia Beatriz Sánchez había elevado este martes por la mañana una petición a la Fiscalía General del Estado solicitando la apertura de diligencias.
Así fue la avalancha en la que murieron una treintena de inmigrantes en Melilla
El pasado viernes, la Delegación del Gobierno en Melilla cifró en cerca de 2.000 los inmigrantes que intentaron saltar la valla fronteriza, de los cuales al menos 130 consiguieron acceder al territorio español. El del pasado viernes fue el primer salto que se produce después de la nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. Otras fuentes elevan a más de 35 el número de inmigrantes muertos.
Violación de derechos
La organización Amnistía Internacional (AI) reprochó, tras los incidentes, que "las autoridades españolas llevaron a cabo devoluciones en caliente". Estas prácticas, "están prohibidas bajo el Derecho Internacional, impiden a posibles refugiados formular peticiones de protección internacional, y también impiden la detección de personas en situación de vulnerabilidad", recordó AI.
"Aunque los migrantes hayan podido actuar con violencia en su intento de entrada a Melilla, en el control de fronteras no todo vale", aseguró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Este suceso también constituyó el intento de entrada en España más violento en años. Cientos de subsaharianos llevaban días congregándose en zonas de Marruecos próximas a Melilla y preparando el asalto masivo.
Concretamente, se congregaron en áreas montañosas, difícilmente accesibles, situadas en la comarca de Bini Buiafrur, a unos 20 kilómetros al oeste de la ciudad autónoma.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, elogió la colaboración marroquí para intentar frenar el asalto "violento y organizado" y se solidarizó con los agentes heridos. Asimismo, destacó la "extraordinaria cooperación" con Marruecos ante este asalto, que constata —indicó— la necesidad de mantener la mejor de las relaciones con el país vecino.
Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, Sánchez aprovechará la visita del presidente de EEUU, Joe Biden, a Madrid para solicitarle que la OTAN proteja Ceuta y Melilla.
Además, como informó este periódico, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, telefoneó el pasado domingo a los titulares de Exteriores, José Manuel Albares, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska para reclamar que el Gobierno abra una investigación sobre lo ocurrido.