Juicio por la venta de cientos de toneladas de chatarra que Andalucía declaró bien cultural

Cientos de toneladas de chatarra se convirtieron, de un plumazo, en Bien de Interés Cultural (BIC). El problema es que unos meses antes habían sido vendidas, por 138.000 euros, a una empresa de recuperación y gestión de residuos al por mayor. Y ésta, después de haber pagado 120.000 del total, ya no podrá comercializarlas.

Ahora, será una juez madrileña, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 15 de la capital, la que decida cómo resolver el conflicto, después de las demandas cruzadas interpuestas entre las partes.

En septiembre de 2017, la compañía cacereña Soluciones Extremeñas de Recuperación S. L. adquirió a una particular todos los elementos metálicos de dos antiguas minas —Pozo María y Pozo Cabeza de Vaca— situadas, respectivamente, en las localidades de Peñarroya y Bélmez, en la provincia de Córdoba. La mujer, una empresaria madrileña, los había comprado, por 110.000 euros, meses atrás.

Imágenes del informe elaborado por un arquitecto sobre el desmantelamiento de la mina. EL ESPAÑOL

Según consta en el contrato que ésta firmó con Soluciones Extremeñas, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la mercantil se comprometió a pagar 120.000 euros en un primer momento. Y abonaría otros 18.000 una vez que el Ayuntamiento de Fuenteobejuna, del que dependen las dos minas, le concediese la licencia de obra para desmontar las grúas, torres, depósitos, tolvas, puentes, el denominado scalextric y demás estructuras industriales.

Sin embargo, el consistorio denegó cualquier permiso. ¿Por qué? Porque la Junta de Andalucía declaró a finales de 2018 el Antiguo Cerco Industrial de Peñarroya-Pueblonuevo, al que pertenecen ambas minas, como Bienes de Interés Cultural. Y esa consideración también afecta a los materiales industriales que formaban parte de Pozo María y Pozo Cabeza de Vaca. El proceso de inscripción de las minas como Lugar de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz se había iniciado a finales de 2017.

Otra de las estructuras industriales de la mina Pozo María. EL ESPAÑOL

Otra de las estructuras de Pozo María. EL ESPAÑOL

Un decreto del Gobierno autonómico subraya la importancia histórica del emplazamiento, "uno de los mejores referentes de la actividad minero-industrial andaluza durante los siglos XIX y XX". Y esta decisión administrativa también suspendía las licencias en tramitación que afectaran al emplazamiento; entre ellas, la destinada a retirar la chatarra.

La Junta ensalzó que la zona "es el resultado de una concatenación de hechos, vivencias, culturas del trabajo y oportunidades (...) que se desarrollaron en la comarca".

También destacó lo novedoso para la época de "los procesos de extracción y
tratamiento del plomo y del carbón" y la aplicación, "muy tempranamente", de las innovaciones tecnológicas del sector, como "una acertada política de reciclaje económico o aprovechamiento integral de todas las materias y subproductos resultantes de los procesos primarios de transformación o adecuación de los minerales del territorio".

El informe elaborado por un arquitecto para el desmantelamiento de las estructuras metálicas cifró en 600 toneladas el "volumen/carga total de escombro" previsto sólo en el Pozo María, ubicado en una parcela de 79.200 metros cuadrados de suelo no urbanizable.

El pleito

El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid ha citado a la empresaria vendedora del material y a Soluciones Extremeñas de Recuperación S. L. para este miércoles a las 11.00 horas.

La particular demandó a la empresa cacereña por los 18.000 euros que ésta nunca llegó a abonar. "La compradora nunca inició la retirada del material comprado para chatarra en ninguno de los dos pozos mineros ni tampoco ha satisfecho la parte del precio pendiente", reza su demanda. Los intentos de conseguir un acuerdo extrajudicial han sido en vano.

Por contra, Soluciones Extremeñas ha interpuesto una demanda reconvencional —la acción del demandado contra el demandante de un proceso— por la venta de un material que no podrá comercializar. Y en ella solicita la rescisión del contrato, la devolución de los 120.000 euros ya pagados y que se condene a la empresaria a pagar las costas.

En su escrito, la defensa de la mercantil reprocha a la empresaria madrileña la "ocultación maliciosa" de "gravámenes no aparentes" que han provocado que la compañía "se haya visto ante la imposibilidad de retirar los elementos metálicos por los que se abonó la mayor parte del precio del contrato".

"En el momento de la formalización del contrato de compraventa, sobre el Cerco Industrial donde estaban sitos los pozos mineros pesaba una medida cautelar del Ayuntamiento de Fuenteobejuna que suspendía toda obra y licencia que se estuviera ejecutando allí (...) por lo que resultaba imposible extraer los elementos adquiridos", subraya la demanda reconvencional. "La ahora demandada solicitó la oportuna licencia urbanística tres meses antes de que vendiera a mis representados la chatarra", añade.

"La imposibilidad de disponer de tales elementos existía antes, durante y con posterioridad al citado contrato de compraventa; todo ello, como consecuencia de la mala fe de la demandante (...) que era plenamente conocedora de que sobre el referido Cerco pesaba una medida cautelar de suspensión de licencia de obras", concluye el abogado, tras acusar a la empresaria de "endosar" un "lastre" a Soluciones Extremeñas de Recuperación S. L.

Ahora será la juez María Vilma del Castillo la que decida cómo se resolverá la compraventa de toneladas de chatarra que, además de ser ya parte del patrimonio cultural andaluz, se han convertido en un motivo de conflicto que ha llegado hasta los tribunales.