La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado apartar del tribunal que juzgará a Francisco Camps al juez Joaquín Delgado, quien fuese, entre otros cargos, asesor del ministro del PP José María Michavila y director general de Relaciones con la Administración de Justicia mientras ocupaba la misma cartera el también popular Rafael Catalá.
La decisión se ha tomado por unanimidad por parte del Pleno de la Sala de lo Penal. Así lo confirman fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL.
La Fiscalía Anticorrupción, a principios de junio, se mostró favorable a la recusación de este magistrado, quien, además, iba a ser el ponente de la sentencia sobre las contrataciones de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana. Es decir, Delgado iba a ser el encargado de redactar la resolución que decidirá el futuro del expresidente valenciano.
Fue una de las acusaciones populares, la ejercida por las exdiputadas socialistas Carmen Ninet y Cristina Moreno, la que presentó el incidente de recusación contra Delgado, quien tuvo que abandonar sus cargos en la Administración tras la moción de censura del año 2018 que llevó al socialista Pedro Sánchez a la Moncloa.
Ninet y Moreno destacaron el "enorme interés para el PP" de esta pieza separada del caso Gürtel, denominada Orange Market, así como las condenas como responsable civil que arrastra el partido por esta macrocausa y la cercanía de Camps con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Según avanzan las mismas fuentes, la Sala de lo Penal ha tomado esta decisión en base al artículo 351 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Esta norma establece que los jueces que sean nombrados para cargos políticos o de confianza mediante un real decreto "serán declarados en situación de servicios especiales". Y, posteriormente, los que "reingresen en la carrera [judicial] correspondiente deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público".
Una vez fue recusado, Delgado se opuso a apartarse del tribunal, alegando que los cargos que desempeñó en el Ministerio de Justicia eran "de naturaleza técnica y de gestión", ajenos a los asuntos políticos. Por todo ello, descartó que hubiese motivos para dudar de su imparcialidad.
El pasado marzo, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó la recusación planteada Camps. Se dirigía contra José Antonio Mora Alarcón, el presidente del tribunal que juzgará Orange Market, la única causa activa que arrastra de su etapa pública.