El juez Alejandro Abascal, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, ha acordado investigar el modus operandi de ETA en el año 2003, cuando se produjo un atentado en la localidad navarra de Sangüesa.
En el ataque fueron asesinados los policías Julián Embid Luna y Bonifacio Martín Hernández. Un tercer agente resultó herido, así como un trabajador de telefonía. El magistrado reabrió el pasado abril la investigación de este caso, uno de los ataques de ETA aún sin resolver.
Y ahora, en un auto fechado el pasado 20 de junio y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Abascal ordena el "pormenorizado estudio y cotejo" de "todo indicio" que vincule este atentado con sus posibles autores materiales e intelectuales.
La querella de la que se deriva esta investigación fue interpuesta el pasado 24 de marzo por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero.
Y se dirigió contra los miembros del comité directivo de ETA, denominado zuba: Juan Fernández Iradi (alias Susper), Gorka Palacios Alday (Andoni), Garikoitz Aspiazu Rubina (Txeroki), Aitzol Iriondo Yarza (Gurbitz), Félix Ignacio Esparza Luri (apodado Navarro), Mikel Albisu Iriarte (Mikel Antza), Ramón Sagarzazu Gaztelumendi (Ramontxo) y María Soledad Ipaguirre (Anboto).
Fachada de la Audiencia Nacional.
También apuntó contra dos etarras a quienes Dignidad y Justicia señalaba como posibles autores materiales de los hechos: Garikoitz Arruate Santa Cruz y a Gorka Lorán Lafourcade.
Este último es el preso de ETA a quien el juez José Ricardo de Prada concedió un permiso de salida de prisión hace escasos días. Y resultó polémico al otorgárselo sin haber manifestado un perdón expreso a las víctimas, como venía exigiendo hasta entonces la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Aquella decisión dividió al tribunal encargado de las excarcelaciones de reos de la banda y generó el rechazo de las asociaciones de víctimas.
Ahora, Alejandro Abascal ordena un "pormenorizado estudio y cotejo" de "todo indicio, documentación y elemento de prueba de cualquier tipo resultante de la desarticulación del piso franco en Pamplona en el que operaban [Garikoitz Arruate y Gorka Loran]; específicamente, en relación al atentado de Sangüesa".
El magistrado también ordena que la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el Grupo de Información UCE-1 de la Guardia Civil elaboren un informe sobre la composición de la cúpula de ETA en aquel año, su estructura de mando, aparatos y subaparatos y "el modus operandi de los mecanismos interno de dirección de ETA y su toma de decisiones".
También deberán aportar una copia de los comunicados de la banda reivindicando el atentado de Sangüesa y todos los ataques-bomba del segundo semestre de 2003.
'Meses del Titadine'
En la historia de la banda terrorista ETA, el segundo semestre del año 2003 fue conocido como los meses del Titadine, un tipo de explosivo utilizado por los etarras. El atentado de Sangüesa fue cometido mediante una fiambrera-bomba rellena de dos kilos de este material.
Dignidad y Justicia apuntó en su querella que, entre 2003 y 2004, ETA "se encontraba cada vez más acorralada y debilitada por la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Por ello, la cúpula etarra comenzó a distribuir "una gran cantidad" del explosivo Titadine entre sus comandos.
"La zuba buscaba crear un estado de terror total, de no saber por dónde iba a venir el siguiente ataque. Y era algo totalmente premeditado, querido y calculado (...). Y ése es el contexto en el que se produce el atentado de Sangüesa", reza el auto del juez.
La asociación de víctimas contabilizó 18 ataques con bomba en la segunda mitad de 2003, hasta llegar al ataque frustrado el día de Nochebuena de ese año en la estación de Chamartín (Madrid). Por ese intento de masacre fueron detenidos —y luego condenados— Garikoitz Arruate y Gorka Loran, los dos querellados ahora como presuntos autores materiales del atentado en Sangüesa.
Permiso a Gorka Loran
El pasado 3 de junio, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional otorgó un permiso de salida de prisión al etarra Gorka Loran. El juez José Ricardo de Prada fue ponente del auto que otorgó esa medida.
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, otro de los miembros del tribunal, Francisco Javier Vieira, redactó un voto particular que, aunque no se oponía a la salida de la cárcel del preso, sí reprochaba la "ausencia" de una "condena explícita" a ETA y de la "reprobación total" del terrorismo.
El pasado 13 de junio, el tercer miembro de la Sección Primera, María Fernanda García Pérez, se opuso al permiso concedido a Loran, considerando, en contra de De Prada, que el perdón a las víctimas sí es un requisito que hay que tener en cuenta a la hora de conceder estas medidas a los presos de ETA.