El policía municipal que elaboró el informe que avalaba la documentación de las mascarillas vendidas por los imputados Alberto Luceño y Luis Medina al Ayuntamiento de Madrid ha declarado ante el juez que dio el visto bueno al material tras analizar, entre otros documentos, una fotocopia en chino. Y mostró su conformidad, ya que en ella aparecían las letras KN95, el estándar equivalente a las europeas FFP2.

El agente ha declarado este viernes ante el juez Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, encargado de investigar la supuesta estafa sufrida por el consistorio de la capital en tres contratos sanitarios y por la que están investigados Luceño y Medina.

Fuentes presentes en el interrogatorio confirman a EL ESPAÑOL que el policía local ha asegurado que, para redactar este "informe interno", tampoco comprobó la veracidad de otro de los certificados que acompañaban a los cubrebocas. Se trata del atribuido a la empresa italiana Ente Certificazione Macchine (ECM); el mismo que este periódico desveló que no era válido para equipamiento sanitario.

[El juez del 'caso Mascarillas' investigará los certificados falsos que desveló EL ESPAÑOL]

"Entré en la web de ECM. Nadie, en ningún momento, me dijo ni yo leí que fuesen falsos", ha insistido el testigo. Una de las últimas diligencias, precisamente, gira en torno a este asunto. Carretero ha ordenado a la certificadora italiana que aclare si tenía potestad para avalar productos de protección sanitaria.

A lo largo de su declaración, de más de tres horas, el policía municipal ha reiterado que él nunca analizó la calidad de las mascarillas, sino que su función se ceñía tan sólo los papeles que los acompañaban. "La normativa china se cumplía en este caso y las mascarillas estaban autorreguladas; por eso, se podían vender", ha declarado. "Yo las sigo usando a día de hoy y nadie me dijo que las había traido el señor Medina", ha añadido.

Luceño y Medina llegan a los juzgados

"Entiendo que deberían haber tenido instrucciones de uso en castellano, pero el uso de una mascarilla tampoco tiene mucha dificultad", ha señalado. 

Asimismo, ha asegurado que le entregaron una caja de mascarillas y diversa documentación, pero que las fotos que estos documentos incluían no se correspondía con el modelo de cubrebocas que le habían facilitado. Entre esos papeles, había algunos en inglés. "No comprobé que lo que se decía en inglés se correspondiera con [lo que se decía en] el chino", ha admitido el policía.

No obstante, el pasado 17 de junio, el funcionario que evaluó varias mascarillas sí puso en duda su calidad. Según declaró, Mario Tabasco, jefe de Prevención de Riesgos Laborales de Madrid Salud —organismo autónomo del consistorio, encargado de la salud pública—, al manipular una de ellas, su goma se rasgó.

Sin embargo, admitió que ninguno de los trabajadores municipales que en aquellos días usaron esos cubrebocas se quejó de su calidad. Y en ningún caso Tabasco se opuso a que se empleasen.

'Caso Mascarillas'

A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.

Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado. La empresa municipal encargada de esta compra pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público.

Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Su labor se habría limitado a facilitar el contacto con el Ayuntamiento que había recibido, a su vez, de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y a ofrecer al consistorio un listado de los productos sanitarios disponibles.

El empresario Alberto Luceño, quien negoció los contratos, se embolsó, en total, más de cinco millones de euros.

Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias.

Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.

Ambos están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo del fallecido duque de Feria y de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.