Rafael Marcos, expareja de María Sevilla —la expresidenta de Infancia Libre, recientemente indultada tras ser condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustraer a su hijo para evitar dárselo al padre— demandará, finalmente, a la ministra de Igualdad, tras haberse celebrado este miércoles un acto de conciliación al que no ha acudido la defensa de esta última, ejercida por la Abogacía del Estado.
El pasado 25 de mayo, Irene Montero celebró, durante un evento público, la medida de gracia concedida por el Gobierno a Sevilla. Alabó lo que, a su juicio, constituyó "otra nueva victoria de las feministas" y manifestó que el indulto saldaba una deuda con "las madres protectoras", entre las que incluyó a María Sevilla.
"Lo que están haciendo [las madres protectoras] no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores", indicó la ministra.
A ojos de la defensa de Marcos, estas palabras de la ministra le catalogaban como tal, "siendo inciertas" y constituyendo una "intromisión ilegítima" en su derecho al honor. Por ende, solicitará a la ministra una indemnización de 85.000 euros.
Dos denuncias contra Rafael Marcos por supuestos abusos sexuales hacia el menor fueron archivadas. Tampoco fue condenado nunca por maltrato. Por ello, en este periódico, avanzó que emprendería acciones legales contra la ministra de Igualdad. Y, también, que recurriría el indulto concedido a la expresidenta de Infancia Libre.
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El acto de conciliación celebrado este miércoles es un requisito, al que obliga la ley, previo a la interposición de una demanda. La propia ministra no tiene que acudir personalmente. Puede representarle su defensa, que, como finalmente ha ocurrido, tampoco está obligada a presentarse en el Juzgado para este trámite.
Si la titular de Igualdad se hubiera retractado de sus palabras —algo que no ha hecho—, se habría podido evitar un hipotético futuro pleito. Ahora, la demanda contra ella seguirá adelante.
Además, la defensa de Rafael Marcos, ejercida por Arroyo Abogados, solicitará este jueves una medida provisional al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, "en interés del menor", con el objetivo de paralizar la recuperación de la patria potestad sobre el niño por parte de María Sevilla; algo trajo consigo la concesión del indulto gubernamental.
María Sevilla
María Sevilla, expresidenta de la asociación Infancia Libre, fue condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores tras haberse llevado a su hijo para evitar devolvérselo al padre. La Justicia también le retiró la patria potestad durante cuatro años, pero, con el indulto, la ha recuperado y podrá ver al pequeño.
La expresidenta de Infancia Libre, María Sevilla (i).
Finalmente, en 2019, fue localizado y rescatado. La madre se había integrado —y al niño con ella— en una organización de corte evangelista y ultrarreligiosa y mantenía al niño sin escolarizar ni vacunar. Cuando fue encontrado por la Policía, a sus 11 años, no sabía ni siquiera restar y vivía casi asalvajado, sin apenas socializar con otros menores.
Pese a estos precedentes, el Gobierno otorgó a Sevilla el indulto parcial. Rebajó su pena de cárcel a dos años y conmutó su inhabilitación para ejercer la patria potestad a cambio de 180 días de trabajo en favor de la comunidad.
La Fiscalía se había mostrado favorable al indulto parcial, pero limitándolo, únicamente, a limitar su pena de prisión hasta los 24 meses, al tratarse del primer delito cometido por la condenada. Sin embargo, el Gobierno fue más allá y, con la medida de gracia, también le devolvió la patria potestad.