La Fiscalía de la Audiencia Nacional, el Partido Popular y la asociación de víctimas Dignidad y Justicia se oponen al archivo del caso Miguel Ángel Blanco para el exjefe de ETA Iñaki de Rentería.
Así consta en sus respectivos recursos, consultados por EL ESPAÑOL, contra la decisión del juez Manuel García-Castellón de considerar prescritos los hechos para este etarra.
El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha reabierto la causa por el asesinato del concejal del PP en Ermua y ha citado a declarar como investigados a varios jefes de ETA contra los que se querelló Dignidad y Justicia.
Pero en uno de sus últimos autos, declaró "la prescripción de los delitos de que se imputan a Ignacio Miguel Gracia Arregui (conocido como Iñaki de Rentería). Castellón consideró que, al haber sido detenido este etarra el 15 de septiembre del año 2000, los hechos estarían prescritos al haber transcurrido más de 20 años desde dicha fecha.
Por contra, la Fiscalía, pide la corrección del auto del juez, ya que "nos encontramos en un procedimiento de sumario ordinario en el que la decisión de prescripción corresponde a la Sala [de lo Penal de la Audiencia Nacional]".
[El juez cita a declarar como investigados a tres etarras por el asesinato de Miguel Ángel Blanco]
"Por ello, entendemos que acordar la resolución de sobreseimiento con las consecuencias que lleva aparejadas equiparables a la de sentencia absolutoria no es procedente en este momento", reza el escrito del Ministerio Público.
Como recuerda el fiscal coordinador de Terrorismo Vicente González, el juez sí ha citado al resto de miembros de la cúpula de ETA por su presunta responsabilidad en la orden de secuestrar y asesinar a Miguel Ángel Blanco en 1997. Los autores materiales de su ejecución ya fueron condenados, pero la reapertura de la causa se centra ahora en la dirección de la banda.
Un manifestante levanta una foto de Miguel Ángel Blanco.
El representante del Ministerio Público considera que el archivo de los hechos para Iñaki de Rentería le "cercenaría la posibilidad de defenderse" y recuerda que las "graves acusaciones" que Dignidad y Justicia dirige contra él le señalan como uno de los responsables de ordenar el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua.
"Es evidente que ante el cúmulo de indicios de la responsabilidad de los miembros de la comisión ejecutiva en estos hechos deberá tomarse declaración a todos sus miembros, y esa declaración debe hacerse con las garantías de investigado, no de testigo, puesto que habrá que indagar sobre las atribuciones y participación de todos ellos, entre los que figura Ignacio Gracia Arregui", replica la Fiscalía.
Asimismo, el Partido Popular recuerda en su escrito dirigido al Juzgado que el Parlamento Europeo instó, en marzo de 2022, a reconocer los crímenes de ETA como de lesa humanidad y, por tanto, a considerarlos como imprescriptibles. Y a "agotar las posibilidades interpretativas del Derecho Penal (...) para que los miembros de la dirección de ETA en el momento en que se cometieron los distintos atentados no resueltos puedan ser procesados como los instigadores y conocedores de la orden".
Por ello, según el PP, "únicamente puede conseguirse con la continuación de la instrucción del presente procedimiento con respecto a todos aquellos que han tenido una participación directa y/o indirecta en el salvaje asesinato de Miguel Ángel Blanco, incluyendo al señor Gracia Arregui [Iñaki de Rentería]".
Por su parte, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia subraya que "el querellado Iñaki de Rentería es, presuntamente, el principal y verdadero autor detrás del autor del asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues, muy en particular, era él quien ostentaba el máximo mando y dominio de ETA, no sólo de su zuba [comité de dirección], sino, adicional y personalmente, también del principal aparato responsable de perpetrar su desaparición forzada y ejecución extrajudicial, su aparato militar".
"Él es el gran autor tras su asesinato", incide el escrito de Dignidad y Justicia, firmado por su letrado, Miguel Ángel Rodríguez Arias. Y recuerda que "el hecho fundamental y objetivo es que el Código Penal español ha declarado, con toda claridad, la imprescriptibilidad de los asesinatos terroristas, como lo fue, cuando menos, la desaparición forzada y asesinato Miguel Ángel Blanco".