Después de tres años imputada por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, la expresidenta autonómica Esperanza Aguirre no va a ser acusada por la Fiscalía Anticorrupción al no contar con pruebas suficientes y sólidas que permitan llevarla a juicio.
En la misma situación se encuentra el sucesor de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a quien Anticorrupción excluye igualmente del escrito de imputaciones dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en la pieza 9 del caso Púnica, el macroproceso sobre una presunta trama de corrupción que pivota en torno al exconsejero de Presidencia y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados.
El escrito en el que se solicita la continuación de la causa para 10 de los investigados, del que ya fue informada hace varios días la fiscal general, Dolores Delgado, y que se extiende a lo largo de más de 800 folios, individualiza los indicios y elementos probatorios existentes en contra de cada investigado y ha excluido tanto a aquellos cuyo comportamiento está prescrito como aquellos respecto a los que no se cuenta con pruebas que aseguren mínimamente la viabilidad de la acusación.
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El segundo es el caso de Aguirre y González, en cuya acusación estaba empeñada una de las fiscales de Púnica, Carmen García Cerdá, en contra del criterio tanto del fiscal jefe, Alejando Luzón, como de los fiscales Teresa Gálvez y Alejandro Cabaleiro.
Este último, autor y firmante del escrito, tuvo que ser adscrito al caso Púnica en enero del 2020 ante el descontrol y la falta de efectividad de la actuación fiscal en una causa que para entonces ya llevaba seis años abierta y sobre cuya excesiva duración ha advertido reiteradamente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Aguirre prestó declaración el 18 de octubre de 2019, tres años después de la apertura de la pieza 9, que el juez instructor, Manuel García-Castellón ya dio por finalizada hace cinco meses, el pasado enero.
Fue la Fiscalía Anticorrupción la que pidió investigar a Aguirre al sospechar que la expresidenta madrileña y sus más directos colaboradores, como Ignacio González, idearon un plan para obtener fuentes de financiación para el PP de Madrid fuera de las vías legales sometidas al control del Tribunal de Cuentas.
En la pieza 9 se han investigado las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011 para determinar si empresas afines al Partido Popular financiaron actos del partido fuera de la contabilidad oficial, lo que habría elevado el coste de la campaña por encima de lo permitido.
Se ha investigado igualmente si esas empresas se beneficiaron de adjudicaciones públicas de la Comunidad madrileña.
El origen de la pieza 9 fue el hallazgo durante un registro de una agenda manuscrita de Granados.
La agenda de Granados
En una de las hojas aparecen anotaciones sobre actos electorales y apuntes ordenados en dos columnas, una de ellas con el título in la otra out , presumiblemente en referencia a ingresos y salidas.
Un informe elaborado en febrero de 2016 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuantificó los apuntes in en un total de 2,1 millones de euros y sostuvo que una parte de esos fondos, 500.000 euros, se los repartieron el propio Granados y el empresario Javier López Madrid, mientras que el resto "tendría como destinatario final del PP de Madrid en un importe final de 1,6 millones de euros que habría recepcionado el entonces gerente Beltrán Gutierrez".
Aguirre siempre ha negado conocer cualquier tipo de financiación ilegal del PP de Madrid. Durante su comparecencia ante el juez García-Castellón insistió en que sus funciones como presidenta del partido regional fueron estrictamente políticas, no de gestión ni de administración ni financieras.
Esperanza Aguirre declara en la Audiencia Nacional
Aseguró que nunca dio instrucciones al entonces gerente regional, Beltrán Gutiérrez, que fue nombrado por Génova, y se desvinculó de Fundescam, calificando de "virtual" su presidencia en esa entidad, que los investigadores vinculan a la financiación irregular del partido.
Falsedad electoral
Anticorrupción ha concluido que, "pese a los claros indicios de falsedad electoral existentes" respecto de las elecciones autonómicas del año 2007, el delito estaría prescrito.
Lo mismo sucede respecto de las elecciones autonómicas de 2008, aunque admite que aquí se cuenta con menos elementos indiciarios.
La Fiscalía mantiene que hubo falsedad electoral respecto de las elecciones
autonómicas del 2011 y no está prescrita. Por ello, pide al juez instructor, Manuel García-Castellón, que impute formalmente, de cara a sentarlos en el banquillo, a Francisco Granados y a Beltrán Gutiérrez. Al exconsejero le imputa también tráfico de influencias y cohecho.
También mantiene el carácter delictivo de los trabajos de reputación on line para diferentes políticos, motivo por el que se interesa que continúen las actuaciones frente a Isabel Gallego, Salvador Victoria, Borja Sarasola, José Martínez Nicolás, así como contra los empresarios Alejandro de Pedro, Diego Mora, María Luisa Madariaga y Francisco Lobo. La imputación es de prevaricación y malversación de fondos públicos.
En cuanto al resto de personas que fueron citadas como investigadas o cuya
identificación se produjo durante la instrucción, pero no se las citó en calidad de
investigadas (152 personas físicas y 73 personas jurídicas entre las dos
categorías), la Fiscalía aclara su situación procesal y pide el sobreseimiento de las actuaciones, bien como consecuencia de la prescripción de los hechos que motivaron su llamamiento, bien como consecuencia de la falta de indicios que permitan sostener una acusación.
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