Una juez ordena a Almeida reponer la placa del socialista Largo Caballero en una plaza de Madrid

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid ha ordenado al consistorio de la capital reponer la placa del socialista Francisco Largo Caballero en la Plaza de Chamberí.

Así consta en una sentencia, fechada el pasado 18 de julio y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en el que la juez Carmen Casado anula una resolución del Pleno del Ayuntamiento, de septiembre de 2020, que ordenó la retirada de esta placa y de una segunda, ubicada en un bulevar dedicado a Indalecio Prieto.

En ambos casos, se aludía a varias citas y arengas políticas pronunciadas por ambos dirigentes a principios de los años 30 del siglo XX. Y a Prieto se le responsabilizaba de haber suministrado 14.000 fusiles a los revolucionarios que atentaron contra el gobierno republicano en 1934. También se les acusaba del "expolio" a las reservas del Banco de España y del saqueo de las monedas del Museo Arqueológico Nacional, una vez comenzó la Guerra Civil en 1936. 

El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) recurrió esta decisión del Pleno del Ayuntamiento, al considerarla "carente de motivación" y "arbitraria". Y reprochó que se apoyase también en la Ley de Memoria Histórica de 2007, cuando, a su juicio, lo dispuesto por esa norma no debería afectar a ninguno de los dos personajes históricos. También cuestionó el método elegido para retirar la lápida.

La sentencia da la razón a UGT en todos estos extremos. En primer lugar, la juez considera que las expresiones que se atribuyen a ambos dirigentes resultan "desafortunadas" y "altisonantes en el contexto histórico actual".

Retirada de la placa.

Pero reconoce que "deben tomarse con cautela" y deben situarse en el momento "social y político en el que fueron preferidas, en una época en que tanto España como Europa conformaba un espacio geopolítico de confrontación ideológica muy polarizada por movimientos sociales emergentes, en donde los políticos se valieron de proclamas incendiarias para promover sus ideologías y arengar a los militantes en abierto enfrentamiento con los partidarios de signo político distinto".

Por otro lado, considera que no puede atribuirse a Largo Caballero responsabilidad alguna en el golpe de Estado contra la Segunda República en 1934, ya que fue absuelto por el Tribunal Supremo, un año después, de las acusaciones de rebelión. Y tampoco existe "soporte en hechos contrastados" las imputaciones contra ambos dirigentes de torturas o asesinatos.

Asimismo, la magistrada considera que no resulta válido apoyar la decisión del Pleno del Ayuntamiento en la Ley de Memoria Histórica de 2007, ya que ni Prieto ni Largo Caballero ni "exaltaron", "apoyaron" o "fomentaron" el golpe de Estado contra la Segunda República de 1936, con el que se inició la Guerra Civil, ni la represión de la dictadura de Francisco Franco. "Ambos murieron en el exilio", recuerda la magistrada.

Y, finalmente, en línea con lo solicitado por UGT, Carmen Casado concluye que, "si bien la retirada [de la placa] no estuvo carente de procedimiento administrativo", sí debió haberse solicitado un dictamen a la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural, ya que la placa consta en el registro de bienes protegidos del Plan General de Ordenación Urbana. Pese a ello, en 2020, fue retirada a martillazos y está destruida.

En un comunicado, la Asociación Memoria Histórica Raíces —codemandada, junto al Ayuntamiento y Grupo Municipal de Vox— avanza que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Y manifiesta su "sorpresa" por la fecha de la sentencia (18 de julio), misma que en la que se inició la sublevación militar contra la Segunda República en 1936.