Un informe de la Guardia Civil señala a cinco jefes de ETA por el atentado de la niña muerta en Santa Pola

En este ataque fueron asesinadas dos personas; entre ellas, una niña de seis años. Se trataba de Cecilio Gallego Alaminos, de 57 años, y la menor Silvia Martínez Santiago, hija de un agente del instituto armado. También provocó más de 50 heridos.

A finales del pasado marzo, el juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ordenó reabrir este sumario, al admitir a trámite una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) que se dirigía contra seis líderes etarras por su "dominio" de la "jerárquica" banda terrorista y su capacidad de decisión en los ataques.

La Guardia Civil sí señala en su informe a cinco de ellos: Juan Antonio Olarra Guridi (apodado Jokin), Ainhoa Múgica Goñi (Olatz), Félix Ignacio Esparza Luri, Mikel Albisu Iriarte (alias Mikel Antza) y María Soledad Iparraguirre (Anboto).

Por contra, la Jefatura de Información del instituto armado no apunta hacia Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, el considerado exjefe del aparato internacional de ETA y el sexto de los querellados por DyJ. Precisamente, quien preside esta asociación de víctimas es Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero, por cuyo asesinato fue condenado Olarra Guridi a 30 años de cárcel.

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Este jueves, precisamente, el Ministerio del Interior acordó el traslado a la prisión de San Sebastián de este último y de Ainhoa Múgica. Ambos estaban internos, hasta ahora, en la cárcel de Logroño y tienen un amplio historial de condenas.

Y es, justamente, a estos dos exjefes de ETA a quienes más señala el informe de la Benemérita, dada su pertenencia al Otsagi o aparato militar de la banda, el de mayor contacto con los comandos ejecutores de los atentados.

Por otro lado, tras recibir otro informe similar de la Guardia Civil, el mismo juez, García-Castellón, imputó a dos de los etarras de esta misma lista en otro caso recientemente reabierto: el del secuestro y el asesinato en 1997 del concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Se trata de Anboto y Mikel Antza.

Además de esta coincidencia, ambas causas tienen en común que los autores materiales de las muertes ya fueron condenados. Por el ataque con coche-bomba de Santa Pola, Óscar Celarain y Andoni Otegi Eraso fueron sentenciados a 843 años de prisión.

La Audiencia Nacional consideró a ambos miembros del comando Argala culpables de dos delitos de asesinato, 51 delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de estragos terroristas.

No obstante, las querellas de Dignidad y Justicia que han permitido reabrir ambos sumarios se dirigen contra las zubas, los comités de dirección de la banda, señalando a sus miembros como "presuntos autores detrás del autor". O lo que es lo mismo: quienes tenían, supuestamente, la capacidad de diseñar estrategias, elegir a los objetivos de los ataques o sugerirlos y los que podrían haber ordenado a los ejecutantes frenar estas acciones.

Una vez admitida a trámite la querella de DyJ por el atentado en Santa Pola, el juez Manuel García-Castellón ordenó a la Guardia Civil y a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que elaborasen un informe "acerca de cuantos datos obren en su poder que permitan relacionar" a la cúpula de la banda terrorista con este atentado. Por ello, el Juzgado aún debe recibir un segundo documento policial.

García-Castellón basó la reapertura de las actuaciones en la aportación de "nuevos elementos o circunstancias a valorar y que guarden directa vinculación con los hechos iniciales que motivaron la incoación del procedimiento penal". "En el presente caso, esa vinculación o relación es palmaria", subrayó en su auto.

La cúpula de ETA

En este y en otros procesos, la asociación Dignidad y Justicia ha abierto una nueva vía jurídica con la que apuntar hacia los líderes de la banda por los asesinatos y atentados cometidos bajo su dirección, como posibles instigadores y corresponsables de los crímenes —por su "autoría mediata", como "presuntos autores detrás del autor", por su "comisión por omisión", señala la asociación—, al haberlos ordenado y/o seleccionado los objetivos.

Capitaneada por su abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, esta vía se basa en el artículo 28 del Código Penal español. ¿Qué dice este artículo? Que "son autores [criminalmente responsables de los delitos] quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento".

Y también otorga esta calificación a "los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo" y "los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado".

Varios autos de García-Castellón y de otros jueces de la Audiencia Nacional constatan la férrea jerarquía de ETA y el dominio de las cúpulas sobre el resto de la organización, dado que los jefes habrían sido los responsables de diseñar las estrategias y de varias funciones, como facilitar el material explosivo con el que atentar.