Objetivo, la cúpula de ETA: los casos reabiertos que abren la puerta al "inicio del fin de la impunidad"

Se trata del ataque con coche-bomba contra la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa (Vizcaya). Por estos hechos, ya fueron condenados los autores materiales del ataque, pero la Audiencia Nacional analiza ahora la participación de los jefes de la banda en el proceso de planificación y toma de decisión previo al atentado.

Pese a que ETA dejó de matar en 2011, en los últimos meses, varios magistrados han imputado a los miembros de sus diferentes cúpulas por varios crímenes, ocurridos todos ellos hace más de 15 años. Al de Ondarroa, se suman el asesinato de Miguel Ángel Blanco (1997), el de Gregorio Ordóñez (1995), el del juez Querol Lombardero (2000) o los ataques a la T4 del Aeropuerto de Barajas (2006) o a una comisaría de Santa Pola (2002).

También, un caso que forma parte del listado de los 379 crímenes de ETA sin resolver, por los que no fueron condenados ni sus autores materiales ni los intelectuales. Se trata del asesinato de dos policías el 30 de mayo de 2003 en Sangüesa (Navarra) mediante un coche-bomba.

La asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) —la que ha interpuesto las querellas que han permitido reabrir las investigaciones— considera a los jefes de ETA los "presuntos autores detrás del autor".

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"Un pistolero es sustituible por otro; es un asesino fungible, intercambiable. Pero los líderes de ETA saben quiénes apretaron cada gatillo o detonaron cada explosivo. Por ello, pueden ser considerados hasta más asesinos que estos últimos, ya que de sus directrices dependían las muertes. De haber ordenado que no se cometieran los crímenes, no se habrían producido", expone a EL ESPAÑOL Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de DyJ e impulsor de esta nueva vía jurídica.

Esta estrategia ya ha comenzado a dar sus primeros frutos. El juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ya ha citado como investigados a tres líderes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

"Intentamos un giro histórico"

En total, hay siete causas reabiertas. "Estamos intentando un giro histórico", resume Rodríguez. "Al igual que el inhumano asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso el inicio del fin de ETA, ahora, su caso, en el presente momento, nos sitúa también ante la posibilidad real del inicio del fin de la impunidad de ETA", reza uno de los escritos que este letrado, experto en Derechos Humanos y Penal Internacional, ha dirigido esta semana a la Audiencia Nacional.

Esta nueva vía jurídica combina dos principios: la autoría mediata por dominio —el control de los jefes de ETA sobre el resto de la banda— y la comisión por omisión —debido a este poder, podrían haber paralizado los actos violentos y no lo hicieron—.

Fachada de la Audiencia Nacional. Europa Press

"Al líder del grupo terrorista peruano Sendero Luminoso le condenan por autoría mediata por dominio. El Supremo español sólo había aplicado este principio para temas económicos, vinculados al control sobre una empresa. Nosotros lo estamos, además, presentando junto a la comisión por omisión", añade el letrado de Dignidad y Justicia.

Un reciente auto del juez Alejandro Abascal constata que ETA se regía por "una jerarquía basada en una rígida disciplina", por la cual su comité ejecutivo asumía "todas las funciones directivas, de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija".

"Venganza"

Por contra, la abogada de Mikel Albisu Iriarte (alias Mikel Antza) y María Soledad Iparaguirre (Anboto), los primeros imputados que han sido citados a declarar por el caso Miguel Ángel Blanco, critica la "cascada" de reaperturas que considera "fuera de cualquier tiempo".

"Si antes se hacía con la excusa de luchar contra ETA, ahora sólo puede hacerse por venganza, para ganar en la Audiencia Nacional la batalla del relato que no consiguen ganar en el terreno político y lo social", manifestó este jueves tras los interrogatorios.

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Para las reaperturas de casos está resultando clave los —por el momento, escasos— informes elaborados por la Guardia Civil, encargados por el Juzgado para buscar indicios que vinculen a los miembros de la cúpula etarra con los distintos atentados. Y acreditar, así, que ejercían un absoluto dominio sobre la estrategia de la banda terrorista.

El del caso Miguel Ángel Blanco ha sido esencial para imputar a Mikel Antza, Anboto y José Javier Arizcuren Ruiz (Kantauri). En esta causa, aún falta que la Policía Nacional finalice el suyo.

Como ha adelantado EL ESPAÑOL, el dosier de la Bemenérita sobre el atentado de Santa Pola de 2002 también señala a varios miembros de la cúpula de ETA, repitiéndose incluso varios nombres en ambos informes. Fuentes próximas a la investigación destacan la relevancia de estas labores de inteligencia policial para sustentar las imputaciones.

'Caso Miguel Ángel Blanco'

En total, hay unos 40 líderes de ETA en el punto de mira de Dignidad y Justicia, repartidos a lo largo de varias zubas, nombre que reciben los comités de dirección de la banda terrorista.

Anuncio del "cese definitivo de la actividad armada" de ETA en 2011.

No obstante, esta semana, en el que probablemente sea el caso más avanzado de todos los reabiertos por la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha señalado que es probable que los hechos estén prescritos para los dos primeros imputados en declarar. Se trata de la investigación por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Este sábado, el Ministerio Público ha negado que haya habido "directrices de ningún tipo, y menos de carácter político" detrás de este movimiento, pese a que coincida con el anuncio del nombramiento de Álvaro García como nuevo fiscal general del Estado, en sustitución de la exministra Dolores Delgado. 

Por lo pronto, este golpe de timón ya ha supuesto la renuncia del hasta entonces fiscal del caso, Vicente González Mota, quien fue sustituido por Pedro Rubira en los interrogatorios del jueves, en los que Antza y Anboto se acogieron a su derecho a no declarar.

Fuentes presentes en las declaraciones confirman a EL ESPAÑOL que Rubira se pronunció a favor de "mantener vivo" el procedimiento para que las víctimas "sepan la verdad", aunque culminó con un alegato a favor de la prescripción de los hechos para los dos interrogados, en línea con el criterio marcado por Jesús Alonso, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

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Sin embargo, en el comunicado difundido este sábado, la Fiscalía defiende que la prescripción "se ha de declarar en el momento procesal oportuno" y recuerda que las reaperturas de investigaciones a la cúpula de ETA han contado, "y seguirán contando", con su aval. Esta semana, la hermana de Miguel Ángel Blanco ha pedido al juez personarse como acusación particular.

No sólo en la Justicia

Aunque hayan pasado más de diez años desde el último atentado mortal de ETA en España —el de Palma Nova (Mallorca), en 2009—, las consecuencias de más de medio siglo de terror no sólo marcan aún el día a día de los Juzgados de la Audiencia Nacional o la labor de los investigadores de Policía, Ertzaintza y Guardia Civil.

Fue uno de los temas más repetidos en el último Debate del estado de la Nación, esencialmente por la coincidencia en la semana de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y del 25º aniversario del secuestro y asesinato de Blanco.

Desde la tribuna de oradores, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tachó a los diputados de Bildu de "auténticos hijos de ETA". En su turno de palabra, la portavoz de los abertzales, Mertxe Aizpurua, insistió en pedir "reparación" para "todas las víctimas".

A las de ETA, sin verbalizar una disculpa expresa, la diputada bildutarra trasladó su "dolor por el sufrimiento padecido", que "nunca debió haberse producido". Finalmente, se comprometió a "tratar de mitigar su sufrimiento en la medida de nuestras posibilidades".