Fiscalía pidió prorrogar el 'caso Miguel Ángel Blanco' en plena discusión sobre la prescripción de los hechos

En el documento, la Fiscalía recuerda que aún "penden esenciales diligencias para el esclarecimiento de los hechos". Por el momento, sólo han sido citados como investigados dos exdirigentes de ETA, Mikel Antza y Anboto, que se negaron a declarar el pasado jueves.

Lo relevante de este escrito es que la fecha que figura en él —el pasado martes, 19 de julio— es la misma en la que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, envió un e-mail a González Mota en el que le comunicaba las nuevas directrices que seguiría el Ministerio Público en esta investigación. Concretamente, Alonso impuso el criterio de considerar prescritos los hechos para Antza y Anboto.

[La Fiscalía niega que haya "directrices políticas" tras su nuevo criterio en el 'caso Miguel Ángel Blanco']

Al discrepar de esta postura, el hasta entonces fiscal del caso optó por apartarse del mismo y fue sustituido en los interrogatorios del pasado jueves por Pedro Rubira, quien defendió mantener viva la instrucción para que las víctimas "sepan la verdad", pero se manifestó a favor de la prescripción.

Otra de las cuestiones que aún faltan por resolverse en esta causa es la imputación de Ignacio Miguel Gracia Arregui (alias Iñaki de Rentería). El juez del caso, Manuel García-Castellón, consideró que los hechos tan sólo estarían prescritos para él, al haber pasado más de 20 años desde que fue detenido, en el año 2000.

Y tanto el Partido Popular como la asociación de víctimas Dignidad y Justicia y la Fiscalía —con firma de González Mota— se opusieron a esta decisión del instructor. Las tres partes solicitan que Iñaki de Rentería también sea imputado. Ahora, García-Castellón deberá responder a sus recursos. La defensa de los etarras, por contra, respalda el criterio del magistrado (y la nueva postura de Fiscalía).

Debido a estos asuntos aún por resolver, el hasta ahora fiscal del caso, Vicente González Mota, consideró que no es previsible que la instrucción termine antes del plazo de seis meses que se inició con la reapertura del caso, el pasado 18 de marzo. Es decir, antes del 18 de septiembre de 2022. Y, especialmente, "teniendo en cuenta que durante el mes de agosto la práctica de diligencias queda disminuida por razón de las vacaciones estivales".

La Fiscalía niega "presiones"

Este sábado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional difundió un comunicado en el que negaba tajantemente "presiones" de cualquier índole —"mucho menos, políticas"— detrás de su decisión de considerar prescritos los hechos para, al menos, dos de los etarras imputados, pese a que esta directriz haya coincidido con el anuncio del nombramiento de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado.

Fue a este último a quien, precisamente, se dirigió Jesús Alonso para preguntarle por este criterio. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional elevó una consulta a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, dirigida aún por García Ortiz, quien avaló esta postura.

Imágenes de Miguel Ángel Blanco.

Es más, el Ministerio Público niega que se trate de un viraje. Por ello, en su comunicado, subrayó que la prescripción "se ha de declarar en el momento procesal oportuno" y "no impide ni obstaculiza estas primeras investigaciones abiertas en los distintos juzgados de la Audiencia Nacional, cuyas reaperturas, no se puede ni debe olvidar, siempre han contado y seguirán contando con el apoyo del Ministerio Público".

Por el momento, la Fiscalía tan sólo contempla la prescripción de los hechos para dos de los tres imputados: Mikel Antza (alias de Mikel Arbisu Iriarte) y para Anboto (Soledad Iparaguirre).

Como adelantó EL ESPAÑOL, el Juzgado Central de Instrucción número 6 aún está a la espera de que las autoridades francesas le autoricen a interrogar al tercero de los investigados: Kantauri (cuyo nombre real es José Javier Arizkuren Ruiz).

Por ello, García-Castellón ya ha solicitado al país galo que le autorice a citar como investigado a este exjefe de ETA, antiguo responsable de su aparato militar, tras habérselo denegado ya en una primera ocasión por defectos de forma de la petición de la Audiencia Nacional.

Tal y como ha avanzado este periódico, el juez instructor también ha aceptado la personación de la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar, en esta causa, como acusación particular.