El juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha imputado a seis exjefes de ETA por el atentado con coche-bomba de Santa Pola (Alicante), cometido el 4 de agosto de 2002.
En este ataque fueron asesinadas dos personas; entre ellas, una niña de seis años. Se trataba de Cecilio Gallego Alaminos, de 57 años, y la menor Silvia Martínez Santiago, hija de un guardia civil. También provocó más de 50 heridos. El vehículo que explosionó estaba aparcado cerca de un cuartel de Benemérita.
A finales del pasado marzo, el juez ordenó reabrir este sumario, al admitir a trámite una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia que se dirigía contra seis líderes etarras por su "dominio" de la "jerárquica" banda terrorista y su capacidad de decisión en los ataques.
Tal y como ha adelantado EL ESPAÑOL, un informe de la Guardia Civil, recientemente enviado a la Audiencia Nacional, apuntó contra cinco de los querellados: Juan Antonio Olarra Guridi (apodado Jokin), Ainhoa Múgica Goñi (Olatz), Félix Ignacio Esparza Luri, Mikel Albisu Iriarte (alias Mikel Antza) y María Soledad Iparraguirre (Anboto).
Por contra, no señalaba a Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, el considerado exjefe del aparato internacional de ETA y el sexto de los querellados por Dignidad y Justicia. Sin embargo, un dosier de la Policía Nacional sí considera este departamento como "parte fundamental" de la cúpula etarra.
La cúpula de ETA
Por el ataque con coche-bomba de Santa Pola, sus autores materiales, Óscar Celarain y Andoni Otegi Eraso, fueron sentenciados en mayo de 2012 a 843 años de prisión.
La Audiencia Nacional consideró a ambos integrantes del comando Argala culpables de dos delitos de asesinato, 51 delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de estragos terroristas.
No obstante, las querellas de Dignidad y Justicia que han permitido reabrir este y otros sumarios se dirigen contra las zubas, los comités de dirección de la banda, señalando a sus miembros como "presuntos autores detrás del autor".
O lo que es lo mismo: quienes tenían, supuestamente, la capacidad de diseñar estrategias, elegir a los objetivos de los ataques o sugerirlos y los que podrían haber ordenado a los ejecutantes frenar estas acciones.
Fachada de la Audiencia Nacional.
Una vez admitida a trámite la querella por el atentado en Santa Pola, el juez Manuel García-Castellón ordenó a la Guardia Civil y a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que elaborasen sendos informes "acerca de cuantos datos obren en su poder que permitan relacionar" a la cúpula de la banda terrorista con este atentado.
Los imputados
Ambos cuerpos policiales constatan que Juan Antonio Olarra Guridi, recientemente acercado al País Vasco por el Ministerio del Interior, fue responsable del denominado aparato militar de ETA desde 2001. Su compañera sentimental entonces, Ainhoa Múgica Goñi, también formó parte de esa estructura cuando se produjo el ataque de Santa Pola. Ambos desempeñaron estas labores hasta el 16 de septiembre de 2002, cuando fueron detenidos en Francia.
Félix Ignacio Esparza Luri se encargó del aparato logístico de la organización terrorista hasta que fue arrestado en abril de 2004. Antes, "formó parte igualmente del comité ejecutivo de la banda; esto es, del máximo órgano directivo de ETA, donde se tomaban las decisiones que afectaban a la organización terrorista y desde donde se dirigía la actividad de los comandos armados, y, en general, de todas las estructuras
organizativas de ETA".
Miguel Albisu Iriarte fue responsable del aparato político de ETA desde mediados de 1994 hasta el 3 de octubre de 2004, cuando fue detenido en Francia. Además, como señala el auto del juez, fue uno de los principales responsables de la reorganización de ETA posterior al año 1992. E impulsó la llamada estrategia de desestabilización. "Como integrante del comité ejecutivo de ETA, habría participado en la toma de decisión colegiada de cometer atentados enmarcados en esa nueva estrategia", expone el juez García-Castellón.
Ramón Sagarzazu Gaztelumendi era el encargado de dirigir el aparato internacional de ETA cuando se produjo el atentado de Santa Pola. Como avanzó este periódico, es el único de los seis querellados a quien no señala el informe de la Guardia Civil sobre el ataque.
No obstante, el magistrado recuerda que la zuba funcionaba "de forma colegiada" para adoptar las decisiones estratégicas y tácticas de la banda, que incluían "el diseño, la planificación, la coordinación, dirección y, en ocasiones, también la autorización de ciertos atentados terroristas que eran materializados por los comandos operativos".
María Soledad Iparraguirre también formaba parte del aparato militar de ETA y, a finales de 1998, comenzó a responsabilizarse también de las finanzas de la banda y la gestión de los zulos.