La asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) ha presentado una querella contra los miembros de la cúpula de ETA del año 2000 por el "intento de expulsión" del País Vasco y el posterior asesinato del concejal del PP José María Pedrosa Urquiza.
En el escrito, de 244 páginas y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, DyJ pide personarse en la investigación de este caso, uno de los 379 crímenes de la banda terrorista sin resolver. Es decir, sin que haya condenas ni para sus autores materiales ni para los intelectuales.
La querella se dirige contra diez jefes de ETA, quienes, "presuntamente, integraban el vértice y la cadena de mando jerárquico de la organización terrorista al momento de los hechos" y a los que acusa de un delito de asesinato y de coacciones y amenazas.
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Se trata de Ignacio Miguel Gracia Arregui (alias Iñaki de Rentería), Javier García Gaztelu (Txapote), Juan Antonio Olarra Guridi (Jokin), Ainhoa Múgica Goñi (Olga), Asier Oyarzábal Chapartegui (Baltza), Juan Carlos Iglesias Chouzas (Gadafi), Mikel Albisu Iriarte (Mikel Antza), Vicente Goicoechea Barandiaran (Willy), Ramón Sagarzazu Gaztelumendi (Ramontxo) y María Soledad Iparraguire Guenechea (Anboto).
Todos ellos eran los responsables de los distintos aparatos —militar, logístico, internacional...— de la banda terrorista y componían la llamada zuba, el comité de dirección de la banda armada.
José María Pedrosa Urquiza fue asesinado el 4 de junio de 2000 por un pistolero que le disparó un tiro en la nuca. Antes de ello, había sufrido amenazas y coacciones para tratar de que abandonase el municipio del que era concejal, Durango.
Según subraya la querella de Dignidad y Justicia, desde el año 1977, la zuba acometió una "política de expulsiones forzadas de distintos sectores de población no nacionalista". La organización de víctimas ha podido localizar casi 40 comunicados de ETA destinados a forzar el abandono del País Vasco de diversas personalidades críticas con la banda terrorista o el independentismo.
José María Pedrosa Urquiza.
Por ello, insiste en que "la verdadera naturaleza, hasta hoy omitida", del asesinato es la "indisoluble y directa consecuencia de su resistencia cívica y heroica a abandonar el País Vasco" y su intención fue "ejemplificante", para amedrentar a quienes se opusieran a desobedecer las directrices de ETA.
"[Pedrosa] fue una de las numerosas víctimas de la política de expulsiones forzadas del País Vasco, dirigida por la zuba bajo amenaza de muerte", señala.
Las víctimas consideran que los hechos denunciados no habrían prescrito. Según reza la querella, no es hasta el 20 de octubre de 2011, cuando ETA anuncia su disolución, cuando el contador de la prescripción se pone en marcha.
A juicio del abogado de Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias, el "delito de consumación permanente de coaciones y amenazas terroristas contra miles de seres humanos" no cesó hasta este día.
La cúpula de ETA
Esta querella de Dignidad y Justicia —al igual que otras tantas— se dirige contra los jefes de la banda terrorista, dado su "dominio" y "control" de las acciones violentas y el carácter "jerárquico" de su estructura. Se trataría, según DyJ, de los "presuntos autores detrás del autor" de este y de otros atentados.
Por ello, en esta ocasión, adjuntan la reivindicación, por parte de la cúpula etarra, del asesinato del concejal del PP, "lo que excluye que tal atentado contraviniese a la zuba en nada" y que existiese una contraorden de los jefes de ETA para evitarlo.
"Cuando la zuba ordenaba matar, [los autores materiales] mataban; cuando la zuba contraordenaba no matar (a determinados sujetos, en determinado territorio o por determinado tiempo, en las denominadas treguas), dejaban de matar. A su sólo arbitrio y capricho; el de la zuba y el de nadie más que la zuba", reza la querella.
A pesar de la ristra de amenazas, José María Pedrosa siempre se negó a llevar escolta. Y hasta el día de su muerte defendió la decisión de permanecer en su municipio, Durango.
Fachada de la Audiencia Nacional.
Así se pronunció en una entrevista en la radio COPE el 15 de diciembre de 1997: "La verdad, no sé si voy a ir al cielo o al infierno. Procuraré ir al cielo. Lo que sí que sé es que voy a ir desde Durango. Y con guardaespaldas o sin guardaespaldas, iremos todos los días al Ayuntamiento a hacerlo lo mejor que podamos en pro de todos los ciudadanos de Durango".
DyJ ha interpuesto su querella ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, el que, en el año 2000 inició la investigación por el asesinato de Pedrosa. Hoy, su titular es el magistrado Alejandro Abascal, quien, recientemente, ha admitido a trámite otra querella de Dignidad y Justicia contra varios jefes de ETA por el atentado con coche-bomba contra un cuartel de la Ertzaintza en Ondarroa (Vizcaya), ocurrido el 21 de septiembre de 2008.