"Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo" sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha dicho este miércoles el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en la solemne ceremonia de apertura del año judicial, que ha presidido Felipe VI.
Uno de los emplazados, Alberto Núñez Feijóo, ha estado por primera vez presente en este acto, en el que Lesmes ha cargado contra las dos fuerzas políticas mayoritarias, PSOE y PP, que "hacen prevalecer con demasiada frecuencia sus intereses partidistas sobre los generales de nuestra Nación".
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"De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan", ha añadido Lesmes, sin precisar a qué se refiere.
Poco antes había descartado una renuncia colectiva de los miembros del CGPJ ("ese comportamiento sería irresponsable e inaceptable"), pero ha sostenido que la "renuncia individual puede resultar admisible".
Fuentes próximas al presidente del Poder Judicial han indicado a EL ESPAÑOL que con la expresión "decisiones que ni queremos ni nos gustan" Lesmes ha sugerido que renunciará al cargo si no hay una renovación inmediata del órgano de gobierno de los jueces.
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"Resultaría inadmisible mantenerse impávido en esta responsabilidad, ante esta situación insostenible e inaceptable", ha añadido en su discurso.
A su juicio, el CGPJ ha de ser renovado urgentemente "y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones".
No obstante, ha abogado por la reforma del actual sistema de elección del órgano de gobierno del Poder Judicial dada la "permanente falta de entendimiento" de las fuerzas políticas y, sobre todo, la "percepción negativa, muy generalizada, de politización, de manejo interesado por los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad y la confianza de la Justicia".
Ha sido una apertura del año judicial más tensa de lo habitual debido a la prolongada prórroga de funciones del órgano de gobierno de los jueces y a la presión a la que están siendo sometidos sus miembros para que elijan a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde designar.
A ello se suma la situación del Tribunal Supremo, que ya tiene casi el 25% de su plantilla vacante, lo que está afectando al funcionamiento de algunas Salas como la Tercera, la que controla la actuación de la Administración. El CGPJ no puede cubrir esos puestos porque una ley exprés promovida en marzo de 2021 por el Gobierno le impide realizar nombramientos discrecionales.
Lesmes ha criticado duramente esta reforma, cuyos efectos están siendo "devastadores", ha denunciado.
Tras referirse a la imposibilidad de cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo, el presidente ha reprochado que el CGPJ no haya sido oído sobre las reformas que le afectan.
También ha criticado que, en una nueva reforma exprés impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, se haya devuelto al Consejo la competencia para elegir a dos miembros del Tribunal Constitucional pero no la facultad de designar a magistrados del Tribunal Supremo.
"El Tribunal Supremo también es un órgano esencial para el buen funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, goza de relevancia constitucional y debe poder ejercer sus competencias con normalidad", ha defendido.
Autonomía para los fiscales
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sanchez Conde, leyó el discurso preparado por Álvaro García. El nuevo fiscal general, que tomó posesión el pasado lunes, no ha podido participar en su primer acto de apertura del curso judicial al estar afectado por la Covid-19.
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El discurso reivindica la atribución al Ministerio Público de la dirección de la investigación de los delitos. "Somos plenamente capaces de asumir la investigación criminal en las mejores condiciones", afirma.
También incide en que "es necesario imprimir un importante esfuerzo para adoptar nuevas prácticas tendentes a modernizar la institución, dotarla de mayor transparencia y aspirar a la excelencia en la prestación del servicio público de justicia".
Como sus antecesores, García Ortiz reclama una reforma estatutaria que confiera al Ministerio Fiscal "un estatus de autonomía reforzada en todos los niveles: presupuestario, organizativo, normativo y formativo", algo que ningún Gobierno ha querido impulsar.
Sin embargo, desde la Fiscalía se sostiene que ése es el camino "por el que tanto el Grupo de Estados contra la Corrupción como la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en Europa nos recomienda seguir avanzando".