Claves de la elección del TC: por qué la vacante de Montoya es decisiva y frena la prisa de Sánchez

Tampoco es una demora relevante si se mira al pasado. Los nombramientos de jueces del tribunal de garantías realizados por el Consejo en 1995 y 2004 se hicieron dos meses después de lo debido.

La cuestión ahora es que nadie puede pronosticar cuándo habrá fumata blanca. A diferencia de la situación en la que estaba el CGPJ cuando tuvo que realizar los anteriores nombramientos de miembros del Constitucional (en cinco ocasiones: 1980, 1986, 1995, 2004 y 2013), el actual se encuentra en unas circunstancias particularmente difíciles.

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Además de estar fuera de mandato y sin perspectiva de una sustitución a corto plazo, los consejeros viven bajo la tensión derivada del enfrentamiento de dos vectores irreconciliables: tanta prisa tiene el Gobierno en que se lleve a cabo la renovación del TC y lograr una mayoría progresista en ese tribunal como ganas tiene el PP de que no lo consiga. Y nadie tiene dudas en el órgano de gobierno del Poder Judicial de que tanto el PSOE como el PP mandan sus mensajes a los vocales.

La partida de ajedrez apenas si ha empezado. La colocación de las piezas ha comenzado con la aprobación por consenso de las normas de procedimiento para la elección de los magistrados del Constitucional. Nunca ha habido un sistema fijo. Cada Consejo, llegada la ocasión, ha establecido reglas ad hoc. 

Las normas

Esta vez hay una cláusula decisiva: la solicitud de que se convoque el pleno del CGPJ para votar a los nuevos miembros del TC debe incluir los nombres de los dos candidatos. No basta uno ni puede haber tres, sino sólo dos. Que tendrían que ser, si se cumple lo que siempre se ha respetado, uno del sector mayoritario y otro de la minoría. 

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La convocatoria puede hacerla el presidente, Carlos Lesmes, o pedirla, al menos, cinco vocales.

El sector minoritario, que supera ese número, tiene, por tanto, la opción de forzar la convocatoria del pleno. Pero, de momento, lo descarta. Los vocales propuestos por el PSOE son reacios incluso a solicitar una reunión antes de próximo martes, cuando termina el plazo que dio el Gobierno a través de una reforma legal exprés, para que el Consejo designe a los sustitutos de Xiol y Martínez-Vares. 

Podrían sacar los colores al grupo mayoritario, que ni siquiera les ha comunicado quiénes serán sus negociadores (los conocerán este lunes y serán José Antonio Ballestero y Carmen Llombart), y salvar de alguna manera la cara al Gobierno haciendo ver que la minoría, a diferencia de la contraparte, sí intenta cumplir el ultimátum legal.

Pero no sólo sería una iniciativa abocada al fracaso sino que el grupo minoritario empezaría a 'quemar' a sus candidatos, sacándolos a la palestra a sabiendas de que ninguno va a obtener los 11 codiciados votos.

Además, forzar un Pleno sin haber intentado el acuerdo encresparía al grupo mayoritario, cuyo lema favorito estos días es "que nadie meta prisas".

Uno y otro sector han pasado ya la pantalla que les sometía a un plazo: no lo van a cumplir. [Y las fuerzas políticas, que llevan 1.378 días faltando a su deber de renovar el CGPJ, no son las más indicadas para afeárselo] 

Desde el CGPJ se afirma que esa obligación legal "es de actividad, no de resultado". En otras palabras, van a actuar para llegar a un acuerdo, pero no se les puede obligar a alcanzarlo.

Consejeros de la minoría, que han decidido "poner nuestra mejor cara para favorecer un clima de acuerdo", sostienen que "no pasa nada" si se supera el martes 13 sin nombramientos "con tal de que los hagamos en un plazo razonable".

¿Cuánto tiempo es "razonable" esperar? "No habría por qué tardar más de 15 días, es lo que hemos tardado en pactar nombramientos para el Tribunal Supremo", contestan en el sector minoritario, que quiere situar la votación de magistrados del TC en los días finales de septiembre

La vacante 'del PP'

Pero estos nombramientos "son diferentes a los del TS, porque dependen de factores exógenos", replican desde el sector conservador.

Explican que la elección de los miembros del TC es una de las más trascendentes decisiones de naturaleza política encomendadas al CGPJ y, por ello, el "contexto político importa".

"¿Qué va a hacer el PSOE con la vacante de Alfredo Montoya?", preguntan en referencia al hueco creado en el Tribunal Constitucional por la renuncia, debida a motivos de salud, del catedrático emérito de Derecho del Trabajo, el pasado 27 de julio. 

Montoya fue elegido miembro del TC en marzo de 2017 por el Senado a propuesta del PP. En el caso de las vacantes anticipadas (por fallecimiento o dimisiones), siempre se ha respetado que el sustituto sea elegido por la misma fuerza política que propuso al anterior.

La designación del sucesor de Alfredo Montoya correspondería, por tanto, al PP. Y así lo aceptó el PSOE en el pacto que firmaron en octubre de 2021 el hoy ministro Félix Bolaños y el exsecretario general de los populares, Teodoro García Egea.

Pero los socialistas aducen ahora que el PP de Feijóo no ha reconocido ese acuerdo y ha rechazado su principal contenido, consistente en que los populares aceptaban cambiar la ley para que el CGPJ llevara a cabo el nombramiento de magistrados del TC si en mayo de este año el Consejo seguía sin renovarse.

Desde la perspectiva de los vocales del sector conservador del Consejo, ese pacto entre el negociador del Gobierno y la anterior dirección del PP es ajeno al CGPJ.

Para ellos, la lógica institucional que debe rodear la renovación de una institución como el TC es que dé lugar a un tribunal "completo", porque carecería de sentido que el CGPJ y el Gobierno sustituyan a los magistrados que han terminado sus mandatos y que, sin embargo, quede una vacante sin cubrir por parte del Senado.

La cobertura de la plaza de Montoya es importante para el PP. Si no se produce, la futura minoría del TC, integrada por los magistrados propuestos por los populares, quedará reducida a cuatro. Con el sustituto de Montoya serían cinco los magistrados designados por el PP, a falta de un solo voto para forzar empates en el tribunal de garantías.

Por ello, la renovación de los miembros del TC por el CGPJ puede avanzar (o no) en la medida en que se despeje la incógnita del sucesor de Montoya.

El cuórum

Durante el pleno del pasado jueves se determinó que el vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas, no participe en la votación dado que su hermano, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, es candidato al TC.

Ello baja a 11, en lugar de 12, el cuórum necesario para los nombramientos.

La disminución del cuórum no tendrá consecuencias en la práctica. La minoría sigue necesitando al presidente, Carlos Lesmes, y a tres consejeros de la mayoría para lograr la renovación del TC.

Pero en el lado del grupo conservador, integrado por 10 vocales, la sola adhesión del presidente permitiría la renovación del Tribunal Constitucional con dos magistrados propuestos por la mayoría.

Es un escenario que se descarta: ni Lesmes aceptaría ser un voto decisivo para excluir a la minoría en unos nombramientos tan trascendentales ni el grupo mayoritario es ahora una piña. De sus 10 integrantes, hay al menos dos, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte, en una sintonía distinta.

La renovación del CGPJ

La reacción del PSOE y del PP tras el aldabonazo de Lesmes durante la apertura del año judicial es otro factor determinante de las negociaciones sobre el TC.

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El discurso del presidente del Tribunal Supremo, muy medido, instaba a las fuerzas políticas a "reunirse con urgencia y llegar a un acuerdo que ponga solución definitiva a una situación insostenible, de manera que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas".

Pero a continuación Lesmes añadió "o, de no serlo, [que el CGPJ] sea restituido en la plenitud de sus competencias".

Esta reclamación se hará valer desde el CGPJ si el pacto sobre la renovación de Consejo no avanza en los próximos días.

Al fin y al cabo, recuerdan los vocales de la mayoría, en cuestión de semanas se aprobaron tanto la ley que prohibió al Consejo en funciones realizar nombramientos discrecionales como la ley que levantó esa prohibición, pero sólo para realizar los nombramientos de magistrados el TC.