El juez del Supremo ve indicios contra Alberto Casero y pide enviar el suplicatorio al Congreso

El magistrado del Tribunal Supremo que instruye una causa con el diputado del PP Alberto Casero aprecia indicios de prevaricación y malversación de fondos públicos por contrataciones menores que realizó cuando fue alcalde de Trujillo (Cáceres), por lo que ha propuesto a la Sala Penal que dirija un suplicatorio al Congreso para que pueda proseguirse el procedimiento e inculparle.

Casero no ha convencido al magistrado Andrés Palomo para que archivase la causa.

El parlamentario declaró voluntariamente como investigado el pasado 20 de junio y después envió documentación al instructor para poner de manifiesto la falta de personal en el Ayuntamiento de Trujillo en 2017 y 2018, que el único licenciado en Derecho era el secretario y que la Intervención sólo puso reparos a posteriori, para el pago de las facturas, pero nadie le informó de que el procedimiento de contratación fuera incorrecto.

Admitió, así, que pudo haber irregularidades administrativas, pero no delitos. 

La causa contra Casero es consecuencia de la admisión, por parte del Tribunal Supremo, de una exposición razonada de la jueza de Trujillo Patricia Gutiérrez, que investigó contratos y acuerdos firmados por Casero omitiendo los requisitos esenciales de la contratación pública: no siguió procedimiento administrativo alguno, no intervinieron los órganos competentes, no hubo publicidad y la adjudicación fue a dedo.

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A juicio del instructor del Supremo, los indicios contra Casero se basan esencialmente en las diligencias practicadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Trujillo.

En ellas aparece ("a título meramente indiciario y provisorio") que Casero concertó con diferentes personas y entidades contratos de servicio, patrocinio o convenios “incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso”.

Según el instructor, “los diversos episodios de la conducta relatada, resultante de los referidos indicios fundados, no solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder del aforado que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico; con vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio sólo era una parte; plenamente subsumibles en el ilícito de prevaricación”.

Aunque la jueza de Trujillo sólo apreciaba un posible delito de prevaricación, el instructor del Supremo, en sintonía con la Fiscalía, considera que pudo haber también malversación.

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Los indicios muestran que Casero se "excedió en sus facultades de administración del patrimonio del Ayuntamiento causando un verdadero perjuicio al mismo, cuya cuantía, en este momento indiciario, superaría los 50.000 euros, en relación a aquellos pagos que no competían al Ayuntamiento o se realizaron por servicios no prestados”.